El martes pasado circuló en redes sociales un video en el cual se observan 3 agresiones en contra de Jorge, Luis y sus dos perros, dentro de un residencial privado en San Cristóbal, Mixco.

En un primer momento se aprecia a un perro sin correa que corre directamente a atacar a los dos perros que, según narra el video, caminaban junto a sus dueños luego de un paseo dentro del condominio. Mientras los dueños de los perros intentaban protegerlos, un vehículo los atropella deliberadamente. Después se ven 2 ataques violentos más en contra de un vehículo y las personas que iban dentro (Jorge y Luis), ante la mirada pasiva del guardia privado, quedando todo como evidencia en las grabaciones de las cámaras de seguridad, de donde se extraen los videos que se hicieron virales.

Según la narración, la pareja llamó a la PNC, pero esta no actuó. En un país en el que los Archivos Históricos de la Policía demuestran cómo las políticas y los aparatos del orden público reprimían de forma específica a la población LGBTIQ+, se deberían emprender esfuerzos extraordinarios para atender de forma sensible y oportuna estos hechos de violencia por discriminación y estigmatización.

Según publicaciones en redes sociales de organizaciones y colectivos LGBTIQ+, Jorge y Luis son una pareja gay que vive en dicho condominio y los ataques que sufrieron ese día se debieron a su orientación sexual, lo que pone una vez más en la agenda mediática la urgencia de atender, prevenir y sancionar los crímenes motivados por el odio y la discriminación.

En mayo de 2017, luego de meses de discusión entre organizaciones que representan grupos de personas de la diversidad e institucionalidad del Estado, y tomando en cuenta los escasos avances en la política de prevención de violencias contra esta población, así como el marco legal nacional e internacional, la exdiputada Sandra Morán presentó a la Dirección Legislativa del Congreso de la República una iniciativa de ley para prevenir y sancionar los crímenes por prejuicio, la propuesta también fue suscrita por otros 4 diputados. Dicha iniciativa pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el también exdiputado Fernando Linares Beltranena, conocido por formar parte de grupos antiderechos, anti Cicig, pro corrupción e impunidad, que incluso ha ocupado portadas y publicaciones en medios noticiosos durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, por protagonizar marchas en contra de las medidas de restricción para la prevención de dicha enfermedad. Linares, a través de la Comisión, entregó a la Dirección Legislativa, en noviembre de ese mismo año, un dictamen desfavorable a la iniciativa, argumentando que sobrelegislaba.

Así como el intento de esta iniciativa, existen otros que buscan el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, tan elementales como una vida libre de violencias, y son saboteados por grupos ultraconservadores y antiderechos en el país. Curiosamente, esos mismos grupos son los que promueven otros retrocesos en el sistema democrático y que permiten una mayor impunidad para delitos de corrupción y otros males que han profundizado la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la marginación de gran parte de la población, sirviéndose de los bienes del Estado para enriquecerse ilícitamente en detrimento de la garantía de los servicios básicos.

Son los mismos grupos que han pedido el desaforo del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, por visibilizar los derechos de las personas de la diversidad el Día del Orgullo al utilizar la bandera arcoíris en sus redes sociales institucionales, y que hoy, ante hechos de extrema violencia y saña, como las agresiones en contra de Jorge y de Luis, guardan silencio, así como lo han hecho ante los más de 20 asesinatos de personas LGBTIQ+ durante 2020. Por supuesto, son los mismos que gritan con voz enérgica un discurso por demás dañino en un país con tan altos índices de impunidad, afirmando que la sociedad no debe acatar «resoluciones ilegales» emitidas por el más alto órgano en cuestiones constitucionales, la Corte de Constitucionalidad, y han buscado retirar la inmunidad a magistrados que, en apego a la Constitución, han resuelto ante posibles o consumadas vulneraciones a derechos consagrados en la misma.

Estos hechos develan esa parte oscura de un grupo de la sociedad que más que conservadora es doble moral, ya que por un lado discrimina, humilla y violenta al «diferente», mientras por el otro elige a gobernantes, alcaldes y diputados homosexuales, toda vez estos no lo reconozcan públicamente, aunque sea de dominio público hasta el nombre de sus parejas y los puestos que ocupan en el Gobierno, gracias a su relación personal.

Así como con la violencia sexual contra niñas o en todas sus formas contra mujeres, el caso de Jorge y Luis debe llamar a la indignación, el rechazo y la condena por parte de la sociedad, hay flagrancias que tiran al suelo cualquier beneficio de la duda. La sociedad guatemalteca no puede permitirse tal normalización de la violencia y la impunidad, ni hacer eco de aquellos grupos que buscan cortes cooptadas para continuar actuando a sus anchas, socavando el Estado de derecho y las riquezas del país, convirtiendo a Guatemala en un lugar inhabitable, en el que la ley de la selva sea la regla y la población más vulnerable, la presa.