Cuando los funcionarios pierden el cometido social y la razón de servir al pueblo, se vuelven egoístas y le dan la espalda a la mayoría de la población que ha confiado en ellos para que los representen.

Esta semana ha sido convulsionada para Guatemala. Primero se supo sobre la acusación al exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por parte de la justicia de Estados Unidos, de haber lavado más de 77 millones de quetzales procedentes del narcotráfico y otros negocios ilícitos. El funcionario se aprovechó de los cargos públicos que desde el gobierno del Partido Patriota ha desempeñado, e incluso, en los primeros meses del gobierno de Jimmy Morales, hizo uso de pasaporte diplomático, sin tener derecho a ello. Con esa protección diplomática pudo viajar para hacer transacciones de lavado de dinero en Estados Unidos.

Se sabe, además, que en estos crímenes estuvo asociado con un expolítico, un narcotraficante y un alto funcionario de un banco, claramente identificados por medios como Plaza Pública.

Es evidente que hemos vuelto a los tiempos en que los funcionarios públicos de alto escalón, así como los políticos vinculados al partido de gobierno, hacen de sus cargos el medio para cobrar y pagar comisiones a cambio de aprobación de leyes o negocios. También, resulta curioso que, si antes de tomar posesión el presidente Giammattei, enterado de parte de la persecución penal contra Valladares Urruela, dijo a gritos que su padre debería dejar el puesto de embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pasados seis meses, el más antiguo de los embajadores continua inamovible.

Días después, se confirmó un secreto a voces: al presidente Alejandro Giammattei no le preocupan los efectos que la pandemia de coronavirus pueda tener en la población Guatemalteca. En una reunión con varios alcaldes para discutir temas de construcción de obras municipales, afirmó claramente que ahora la pandemia «es problema de la gente». Con un descaro tremendo y evadiendo sus responsabilidades dijo «Hemos perdido el tiempo… nos hemos mantenido ocupados con el coronavirus… yo ya voy saliendo de ese tema para poder tomar el de gobernar el país».

Abonando al desprestigio nacional e internacional de un gobierno que apenas hace unos meses empezó, el presidente, interesado principalmente en que los negocios de sus socios y financistas florezcan, ha dispuesto bajar los brazos en el combate al COVID-19. El que se decía el más astuto y responsable de los gobernantes, el que estaba dispuesto a todo para evitar la muerte de más guatemaltecos, ha hecho público que ahora es responsabilidad de cada ciudadano evitar el contagio; permitiendo no solo que se relajen todas las medidas sino, lo más importante, sembrando el caos y el desánimo entre los responsables directos de la salud pública, es decir, en el personal médico, paramédico y de enfermería. Todo esto refuerza la idea de que el combate eficiente y eficaz de la pandemia nunca estuvo verdaderamente en el centro de la agenda presidencial, y que simplemente ha sido usado para enriquecer aún más a sus aliados y testaferros.

Giammattei insiste en que necesita concentrar su tiempo para gobernar el país, pero enfrentar la crisis sanitaria de manera responsable es, en estos momentos, la principal tarea de un buen gobierno. Sin embargo, con sus últimas decisiones, lo que ha hecho es dejar al virus circular libremente.

La Comisión Presidencial de Atención para la Emergencia COVID-19 (Coprecovid) ha demostrado ser un ente ineficaz e inoperante. Todas las tareas de monitoreo y gestión han sido descargadas en la Jefatura de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la cual se encuentra reducida en personal y sin capacidad de decisión. Queda claro, entonces, que la Coprecovid solo fue un intento por mejorar la imagen del Gobierno, queriendo hacer creer a la sociedad que, con apoyo «científico», el combate a la pandemia sería efectivo.

Si la incapacidad del MSPAS estriba fundamentalmente en que no cuenta con un plan estratégico serio y coherente para el combate al coronavirus, aunado a que no se hacen las adquisiciones de medicamentos y equipo con la celeridad y transparencia necesaria; el problema del Gobierno, como un todo, es que ha dejado que prevalezcan los intereses de los grandes industriales y comerciantes, en detrimento de la pequeña y mediana empresa, y en abandono total a los sectores trabajadores y populares.

Con inusitado cinismo se culpa a los médicos y enfermeras de su contagio, sin que existan estímulos sociales y pecuniarios a su labor. No ha habido ni una palabra de aliento, mucho menos de condolencia, de parte del presidente o de las autoridades del MSPAS para el personal médico, paramédico y de enfermería que está tratando de salvar vidas en medio de las más extremas limitaciones.

Y mientras todo esto sucede, el narcotráfico sigue activo y productivo, constituyendo para gruesos sectores de la población la única actividad remunerada, enriqueciendo de manera fácil a empresarios y funcionarios de la laya de Valladares Urruela.

Guatemala merece un mejor destino, pero no será posible si funcionarios como Alejandro Giammattei continúan al frente del país.