Los efectos de la pandemia se hicieron sentir desde el momento en que se tomaron las primeras medidas de confinamiento por parte del presidente Giammattei en el mes de marzo. Por un lado, observamos la preocupante y hasta condenable improvisación en las acciones para contener la propagación del COVID-19, las cuales a todas luces han sido ineficientes y con resultados devastadores para la vida nacional. Por otro lado, el Estado continúa cooptado por el afianzamiento de acciones y estructuras de corrupción e impunidad, que vinculan al sector privado organizado, el Ejército y los políticos que se favorecen del estado de calamidad y el confinamiento de la población.

La improvisación ha traspasado la frontera de las buenas intenciones para pasar a convertirse en actos dolosos como esconder y falsear información, mentir sistemáticamente sobre las medidas que supuestamente se han puesto en marcha y, aún más, a pesar de los recursos disponibles, dejar a los médicos y personal paramédico sin insumos ni protección mínima, así como a la población enferma sin medicinas ni condiciones suficientes para su atención. Los cambios de autoridades en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), que en determinado momento pudieron haber sido esperanzadores en cuanto al manejo de la crisis, no solo han sido infructuosos, sino que se han orientado a esconder la realidad de la pandemia y el estado crítico de un sector salud disminuido en razón de la supuesta reactivación económica.

La improvisación también se observa en la escasa ayuda social que no ha llegado más que a una escasa porción de la población más necesitada, destinando la mayoría de recursos al supuesto rescate de empresas sin proveer ningún tipo de beneficio directo a los trabajadores; en su lugar, se emitieron disposiciones para legalizar los despidos. El Ministerio de Economía ha sido predominante frente a los demás ministerios. En el caso del Ministerio de Educación, se creó sin sentido alguno el seguro escolar, el cual ha operado en tiempos cuando las escuelas están cerradas y con objetivos y mecanismos grises. La educación en el sector público y en la mayoría de colegios privados se ha visto reducida en términos de atención, debido a la crisis económica de las familias, a la ausencia de estrategias viables por parte de las autoridades educativas y la falta de propuestas por parte de la dirigencia magisterial. La acción de este Ministerio se ha limitado a entregar alimentación escolar, dejando sin atención a más de dos millones de niños y jóvenes con desastrosas consecuencias a futuro.

Por otra parte, lo que se han fortalecido son las dinámicas oscuras de gastos y compras en el Ministerio de la Defensa Nacional, que resultan ser innecesarias en términos de la actual situación o para el desarrollo del país. Sin dejar de mencionar los arreglos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República para negociar la obra gris en los departamentos a cambio de afianzar el pacto de impunidad, para que conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia continúen con el antejuicio a cuatro miembros de la Corte de Constitucionalidad y la remoción del procurador de los derechos humanos, eliminando así la escasa institucionalidad comprometida con la transparencia y el ejercicio efectivo de la justicia.

Lo que se observa es una acometida de los grupos que originan, promueven y se enriquecen de la corrupción y que han operado en una alianza renovada desde el gobierno de Jimmy Morales. Resulta preocupante que el Gobierno solo implemente medidas para continuar con el saqueo del país, atendiendo los oscuros intereses del sector privado más poderoso y no se definan estrategias claras sobre la salud, el empleo, la educación o la erradicación de la pobreza. Se desconocen las medidas propuestas para revertir una crisis que tiende a profundizarse. Lo único que el Ejecutivo programa es una mayor cantidad de recursos para la supuesta reactivación económica, por un monto de 4500 millones de quetzales, a pesar de la baja ejecución presupuestaria en rubros esenciales en relación al COVID-19, y privilegiando a empresas que, hasta antes de la pandemia, siempre lucharon en contra del pago de impuestos y un rol fundamental del Estado. Sin mencionar que no existe una rendición de cuentas sobre los recursos otorgados y que tampoco se ofrece una respuesta clara a las acusaciones de malos manejos en los gastos realizados. De hecho, estos mismos grupos han interpuesto medidas judiciales en contra del propio vicepresidente de la República y una embestida para controlar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como parte del control de los negocios grises del Estado.

En el horizonte, lamentablemente, solo observamos a un presidente que hace falsos llamados a la unidad, permitiéndose en cada intervención mostrar su lado irracional y racista, así como una actitud beligerante para esconder la corrupción detrás de su gestión. El problema ahora ya no será solo el riesgo del desplome del gobierno, sino la condición de indefensión en que se encuentra la población.