Editorial

Del fascismo no me preocupa el pasado sino su futuro.
Wiston Churchill

Guatemala está en peligro. Si solamente nos atenemos a los indicadores de violencia, inseguridad, mala salud de la población, carencias educativas y culturales, inmigración masiva a causa de la pobreza extrema, carreteras colapsadas, violencia y otras parcas sociales, resultaría casi innecesario decir que el país está en peligro. Desde luego que el país se encuentra desde años deslizándose por carriles peligrosos hacia rutas de calamidad social, cultural y económica. Pero hablamos ahora de un peligro directo y que tiene nombre: la peligrosa gestión gubernamental de Jimmy Morales, acompañada ahora por el Poder Legislativo en manos de la mafia y encabezado por el hijo de un alcalde capitalino sindicado de delitos electorales y malos manejos, proceso que está en sus inicios y que tratan de frenar a como dé lugar.

El peligro inminente radica en el proyecto abierto de restauración total de un poder corrupto y ladrón en las estructuras del Estado. Hay fuerzas poderosas enquistadas en tres esferas básicas del sector público: presidencial, legislativo y municipal. Se trata del gran pacto de corruptos que priorizan el fortalecimiento de la impunidad, de manera tal que no progresen los antejuicios engavetados contra el presidente Jimmy Morales ni contra el alcalde Álvaro Arzú, a la vez que esperan el nombramiento en mayo de un fiscal general proclive a sus intereses y que se aleje, e inclusive anule, lo conseguido durante la valiente gestión de Thelma Aldana.

La alianza en el Congreso de los diputados de los expartidos Líder y Patriota, con el partido oficial FCN, demuestra con creces que la vieja política basada en las manipulaciones, el transfuguismo, las compras de votos y la corrupción ha retomado el terreno perdido, para alegría de los presos importantes del Mariscal Zavala, desde donde también se coordina la estrategia para derrotar a la justicia y a la democracia. Los presos acusados de corrupción retrasan por medio de litigios maliciosos los procesos, con la esperanza de que llegue un nuevo fiscal «amigo» y pronto salir cargados en hombros de la cárcel a disfrutar de sus fortunas obtenidas con el saqueo del erario público. A todo esto se ha prestado el Gobierno de Jimmy Morales, cuyas metas principales, a falta de ideas y programas reales, se reducen a dos: sacar a la Cicig y restablecer la impunidad, inclusive la taxativa, es decir la evasión de impuestos.

La reciente destitución del superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, confirma la visible estrategia del Gobierno de oponerse a la lucha contra la corrupción. El motivo de la remoción del superintendente, anunciado pomposamente por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, es el no cumplimiento de las metas de recaudación, cumplidas de todas maneras en un 97.7 por ciento y que constituyen de las más altas en la historia reciente del país. Resulta inaceptable que un Gobierno que no ha cumplido en lo mínimo con las metas de ejecución del presupuesto, alcanzando cifras mayores al cincuenta por ciento en algunas instituciones, se valga de esta excusa carente de credibilidad. Tampoco se considera que el crecimiento económico de Guatemala no alcanzó el esperado 3 por ciento y esto se refleja en la recaudación que gracias a la eficiencia de Solórzano Foppa alcanzó, sin embargo, un nivel casi del ciento por ciento. Este crecimiento bajo tiene relación directa con el mal clima para los negocios en Guatemala. Un país con un Estado corrupto no es atractivo para la inversión, al contrario, la espanta. En Guatemala progresan más bien los negocios turbios.

Las razones de la destitución del superintendente son políticas: Solórzano Foppa estaba siendo eficaz persiguiendo legalmente a los evasores de impuestos, entre los cuales están los ganaderos de Izabal, ligados al narco y aliados y financistas de Jimmy Morales. Meses atrás pretendieron recetarse una amnistía fiscal con el apoyo del corrupto FCN en el Congreso.

En agosto, después de su regreso infructuoso de Nueva York, a donde Jimmy Morales viajó para tratar personalmente de sacar a la Cicig, los ganaderos organizaron un mitin en Izabal con el presidente en el que se permitieron abuchear a Solórzano Foppa, que estaba ausente, y hacer diatribas contra el superintendente en sus discursos, todo enfrente de Jimmy y con su manifiesta complacencia.

En su informe a la nación sobre la gestión del ejecutivo durante 2017, Jimmy Morales no mencionó la falta de ejecución presupuestaria de su Gobierno ni la situación de pobreza del país y los planes para combatirla. Tampoco la situación de la niñez y mucho menos recordó la masacre de 41 niñas el 8 de marzo del año pasado en una institución estatal. En cambio había enviado a Suiza una costosísima comitiva de 25 personas, entre funcionarios y allegados, para defender infructuosamente la gestión del Gobierno relativa a los derechos de la infancia con propaganda e informes sin sustento que fueron duramente criticados. Es decir, Jimmy no se mide cuando se trata de gastar y usar los dineros públicos, incluso para comprarse anteojos de lujo con gastos de representación ilegalmente usados, por 21 000 quetzales, y otros productos y prendas de uso personal, en total por muchos miles de quetzales. Esto en un país donde la pobreza alcanza cifras espeluznantes, siendo ahora Guatemala el país con más pobres de América.

En los pasados días el Ejecutivo destituyó a otros funcionarios del gabinete, entre los que se cuentan los pocos eficientes y no ligados al FCN ni con apoyo político, sino simplemente técnicos y experimentados, para nombrar en su lugar a amigos cercanos y parientes de diputados del FCN, en lo que se ha considerado una descarada maniobra nepotista.

Jimmy Morales no representa de ninguna manera la unidad nacional, al contrario, participa de la campaña que pretende polarizar ideológicamente a la opinión pública. Las intenciones de los sectores oscuros es descalificar a las organizaciones que luchan contra la corrupción, en particular al comisionado Iván Velásquez y al procurador de los derechos humanos, el magistrado de conciencia Jordán Rodas, calificándolos de agentes del comunismo y operadores de la izquierda. Nada más falso, esta lucha contra la corrupción no es de carácter ideológico, pero sí tiene un signo de antagonismo irreconciliable: o se está contra la corrupción o se apoya, incluida aquí la indiferencia a la maquinaria de los mafiosos. Jordán Rodas, quien ha pedido seriedad al Gobierno, sería el siguiente objetivo de la estrategia gubernamental de eliminar a los actores que luchan contra la corrupción, lo cual es interpretado personalmente por el presidente y sus aliados como una lucha contra el Gobierno. Esta intolerancia se refleja también en las actitudes de censura y desprecio hacia la prensa independiente.

Guatemala está en peligro con Jimmy Morales y sus aliados. La combinación de aislamiento, temor y un triunfalismo defensivo resulta una bomba de tiempo para el país. Todo en nombre de dios (con minúscula) y haciendo poses histriónicas religiosas, con citas bíblicas y barata liturgia fundamentalista, mientras en la práctica se hace todo lo contrario. Recientemente Estados Unidos hizo pública la advertencia a sus ciudadanos del peligro de viajar a Guatemala por motivos de seguridad, lo que afectará al turismo a pesar de las declaraciones del Gobierno de que llegan más turistas, lo cual confirma que la estrategia de solidarizarse con el Gobierno de Trump en el caso de la embajada en Jerusalén no rinde frutos. Además de que el objetivo del Gobierno de Jimmy no fue buscar réditos para los migrantes sino apoyo para sacar a la Cicig, o quitarle respaldo.

La vieja política de los corruptos y ladrones y el autoritarismo, ahora maquillada bajo el tinte religioso, está de vuelta. Guatemala se encuentra efectivamente en peligro. Pobres por doquier, corrupción institucional, autoritarismo, acoso a la prensa, campañas de difamación, mentiras, en fin, pobrecita Guatemala «tan lejos de Dios y tan cerca de Jimmy Morales».

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