Honduras vive de nuevo una crisis política tan profunda como la sufrida en junio del 2009 con el golpe de Estado que sufriera el Gobierno de Manuel Zelaya. Los sucesos posteriores a las elecciones generales llevadas a cabo el domingo 26 de noviembre profundizan la crisis política hondureña. Lo que parecía una oportunidad para reorientar los rumbos del país por la vía democrática, en realidad se constituyó en una trama de eventos que indican lamentablemente la ocurrencia de un fraude electoral.

El día 27, un día después de las elecciones y con el 70 % de los votos contabilizados, el Tribunal Supremo Electoral indicaba que el candidato a la cabeza con un margen superior aproximado al 5 % era Salvador Narsalla de la Alianza Opositora contra la Dictadura. Ese mismo día el candidato del Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales y de tendencia de derecha en el espectro político, Luis Zelaya, reconocía públicamente la victoria del candidato de la Alianza. De hecho, aparecieron juntos en conferencia de prensa con el candidato que iba adelante en los conteos. Luego, el panorama comenzó a oscurecerse.

En primer lugar, el candidato oficial y quien buscaba reelegirse, José Orlando Hernández, se declaraba ganador de las elecciones. Esto sin mencionar las felicitaciones que el mandatario guatemalteco le brindara de manera adelantada.

En segundo lugar, el sistema de cómputo se cayó (dejo de funcionar), según David Matamoros, quien preside el Tribunal Supremo Electoral: “Hemos tenido un problema técnico el día de hoy, afortunadamente, es un problema que se puede solucionar”. Una vez se restableció el sistema, de manera sospechosa, se revirtieron los resultados y el candidato oficial pasaba a liderar el conteo.

En tercer lugar, el Gobierno suspendió las garantías constitucionales ante las expresiones de molestia del partido de oposición, cuyos partidarios salieron a las calles a manifestar por la inconformidad de lo que parecía ya un fraude. Con la justificación de que habían habido saqueos, desordenes y robos en algunos puntos de Comayagüela y Tegucigalpa, se impuso un toque de queda que impera desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En otras palabras, la contabilización de los votos fue cada vez más lenta y se hacía en el marco de un país sin garantías constitucionales.

En cuarto lugar, las manifestaciones continuaron con cacerolazos y marchas de la población y del partido opositor. La reacción no se hizo esperar y el Ejército, en cumplimiento de las órdenes superiores hasta el 5 de diciembre, según diversas fuentes, había sido responsable de 13 muertes y más de 115 heridos. La represión a los hondureños tuvo como respuesta que una sección de élite llamada “Cobras” de la Policía Nacional se rebelara contra los sucesos y las órdenes del Gobierno declarándose en huelga. En su comunicado expresan: “Somos pueblo y no podemos estar matándonos con el propio pueblo”. La respuesta del señor presidente parece ser una negociación de aumento salarial y prestaciones con tal de disminuir este duro golpe político que podría expandirse a otras fuerzas de seguridad del Estado y dejar de tener condiciones para reprimir a quienes se manifiesten denunciando un fraude.

En quinto lugar, existe un silencio de la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos -OEA- y la Unión Europea, que participaron como observadores en el proceso, tardaron en manifestar su opinión y solicitaron en todo caso la agilización del recuento final y no declarar ganador hasta que se hubieran revisado las actas que la oposición había solicitado. Sin embargo, hoy día la oposición pide el recuento total de los votos. La comunidad internacional atribuye a los países de la región norte de Centroamérica poca o nula relevancia para sus intereses humanitarios, políticos o económicos, o bien se alinea a una estrategia oculta que en este caso pelea con los intereses del propio pueblo Hondureño.

En sexto lugar, se puede mencionar la agenda mediática que prácticamente ha invisibilizado los últimos acontecimientos en Honduras, particularmente en Guatemala. Mientras que las elecciones en otros países de América Latina tienen una cobertura especial y la oposición tiene espacios privilegiados para sus denuncias, en Honduras la situación parece que tiene un giro contrario.

La crisis política es más que manifiesta y lo que abre son dudas sobre los próximos procesos eleccionarios en países como Guatemala y El Salvador. En todo caso, es en estos países de América Latina donde la democracia es una necesidad y una exigencia para poblaciones cuya mayoría vive en la pobreza y sujeta a una vida de injusticias y de violencia.