Olga Villalta | Política y sociedad / LA CONVERSA

Dos iniciativas de ley generan alto escozor en quienes se erigen como guardianes de la familia. Una de ellas es la 5376, Ley de protección a las niñas, elaborada por la organización Mujeres Transformando el Mundo y presentada ante el Congreso por la diputada Sandra Morán, la cual tiene el objetivo de garantizar que el Estado restituya los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual, a través de unas reparación digna y transformadora que permita que estas niñas puedan recuperar su proyecto de vida.

Si bien la iniciativa contempla una serie de medidas de protección integral para las niñas, los diputados, en lugar de leerla en profundidad y analizarla desde una visión laica que responda a las necesidades de la ciudadanía, se dejaron llevar por sus creencias religiosas. Su alharaca responde a que en el artículo 7, la iniciativa propone, como adición al artículo 173 (segundo párrafo) del Código Penal, el párrafo siguiente: «No será punible para prestadores de servicios de salud, la interrupción medicamentosa voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes, igual o menor de 14 años que a consecuencia de una violación sexual, explotación sexual o trata de personas resulte con un embarazo forzado. Para lo cual se aplicaría el Segundo kit medicamentoso, dentro de las 12 semanas de gestación».

Ante esa propuesta, la cacería de brujas se desató. A través de las redes sociales las/os feligreses católicos y protestantes destilan odio y rabia contra quienes nos pronunciamos a favor de la iniciativa de ley. Se olvidan de los principios cristianos del amor, la compasión y la empatía, y se lanzan con espada en mano hacia los supuestos herejes.

La otra iniciativa que altera la paz de los diputados es la 5395, Ley de identidad de género, elaborada por la Organización OTRANS y presentada al Congreso también por la diputada Sandra Morán. La propuesta permitiría que las personas trans puedan solicitar la rectificación de su partida de nacimiento, mediante un trámite administrativo ante el Registro Nacional de las Personas (Renap) y reconoce el derecho de todas las personas a ser conocidas de acuerdo con su identidad de género, lo que facilitaría su atención en el sistema de salud, bancario, etcétera.

Estas dos iniciativas fueron trasladadas a la Comisión de la Mujer para su dictamen. Esta Comisión está dirigida por un hombre que profesa la religión evangélica, y quien se ha distinguido por estar en contra de los derechos de las mujeres. Como una salida salomónica, el presidente de dicha Comisión, diputado Anibal Rojas, organizó «mesas de diálogo» para que las organizaciones que la apoyan y las que no se pronunciaran. Las organizaciones ponentes de ambas iniciativas y otras que las apoyan de manera responsable se inscribieron en estas mesas y prepararon exposiciones fundamentadas en datos estadísticos, investigaciones de campo y marco jurídico nacional e internacional, para solicitar la aprobación de ambas iniciativas.

Sin embargo, no hubo tal diálogo, este esfuerzo se convirtió en un circo, ya que los sectores que adversan estas leyes, con el argumento de que atentan contra la institución familia, no presentaron argumentos científicos sino religiosos. Llegaron al extremo de llevar un aparato de ultrasonido para colocárselo a una señora embarazada (que no es el caso de las niñas violadas) para que la audiencia escuchara el latido del bebé.

Los medios de comunicación han funcionado como siempre, de caja de resonancia de la ignorancia y estupidez. Comenzaron a divulgar notas informativas con titulares que tergiversaban los contenidos de estas dos iniciativas basadas en el marco jurídico internacional de derechos humanos.

En las redes sociales, se levantó la ola de «Ahí viene el lobo», instalando el miedo a la «ideología de género» y a las «abortistas». A quienes nos pronunciamos en apoyo a la Ley de protección de las niñas se nos ha tildado de asesinas y si pudieran, nos queman vivas. El extremo de este oscurantismo fue la destitución, por el presidente de la República, de la Dra. Ana Leticia Aguilar T. de su cargo de secretaria de la Seprem, cargo al que llegó apoyada por el Movimiento de Mujeres de Guatemala. Su pecado: haberse pronunciado a favor de las dos iniciativas. Su argumentación se basó en los compromisos del Estado de Guatemala ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

La jerarquía eclesiástica no se quedó atrás. Los sacerdotes, desde sus púlpitos, han llamado a su feligresía a manifestarse contra el aborto y la protección de la familia nuclear y heteronormativa. En su ceguera, se olvidan de las niñas violadas, que son las sujetas que pretende beneficiar la iniciativa. Tratan a sus feligreses como borregos y no como comunidad de fieles que merecen respeto. además, con total irreverencia e indecencia, han puesto mantas con fotos de fetos sangrantes colgando de las fachadas de sus iglesias. Esa misma beligerancia esperaríamos para la defensa y protección de las niñas víctimas de violencia sexual.

No contentos con todo esto, los señores diputados se preparan a aprobar la iniciativa 5272, la cual afectaría todos los avances que Guatemala ha tenido en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Las niñas violentadas y las personas trans son sujetas de derechos y seguirán exigiendo la vigencia de estos. Ojalá que católicos y evangélicos dignos y cristianos de corazón alcen sus voces y eviten que los fanáticos de sus iglesias los hagan responsables de nuevas inquisiciones.

Fotografía principal tomada de Congreso de la República.

Olga Villalta

Periodista por vocación. Activista en el movimiento de mujeres. Enamorada de la vida y de la conversación frente a frente, acompañada de un buen café.

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