Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Con la reciente aprehensión ilegal del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó un proceso golpista que inició con el desalojo del poder, igualmente ilegal, de la exmandataria Dilma Rousseff; proceso que también alcanza a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y que, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales, este ha utilizado el método de la guerra jurídica. Lawfare que le dicen.

Tal y como lo mencioné en un artículo reciente, se entiende por lawfare al uso de las leyes como instrumentos de persecución política, con el fin último de destruir la imagen pública y lograr la inhabilitación de personajes políticos inconvenientes para los representantes del poder constituido. Aunque en su concepción inicial tuvo una connotación universal, en Latinoamérica ha sido una práctica ligada al pensamiento neoliberal.

Quizá también convenga recordar que la aplicación del lawfare depende de varios elementos para lograr sus objetivos. 1. Manipulación del sistema legal (llegando al extremo de violar derechos fundamentales), especialmente el uso de delatores estratégicos (colaboradores eficaces). 2. Timming político, que consiste en atacar a la víctima en un momento clave (Cristina fue denunciada en el año electoral y Lula, cuando encabeza todas las encuestas de intención de voto). 3. Acciones que parecen legales (doble rasero de las leyes) respaldadas por una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el imputado, buscando que la opinión pública lo condene desde el mismo instante en que el caso sale a la luz pública.

El lawfare en Brasil fue materializado por la Operación Lava Jato desde 2009, como una herramienta para desprestigiar al Gobierno de Rousseff y a la plana principal del Partido de los Trabajadores, pero, sobre todo, a Lula. La base de la acusación era la confesión de dos personas a quienes se otorgó el carácter de colaborador eficaz y, apenas tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Dilma y Aécio Neves, se publicó la noticia prefabricada acerca de que ella y el exmandatario conocían los hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal Petrobras.

Según Camilla Vollenveider y Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) «una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala». «Esta novedad -agregan- forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el Gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes 30, en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, juez a cargo del Lava Jato».

Ahora veamos estos curiosos casos de doble rasero legal. En marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva como ministro de la Casa Civil (jefe del Gabinete). Sin embargo, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, anuló el nombramiento aduciendo que se buscaba apartar al exmandatario de la influencia del juez Moro y dejarlo supeditado solo a la autoridad del STF. Mendes tomó esa decisión con base en un audio que Moro filtró a la prensa, unas horas después de trascender la designación de Lula, quien finalmente no asumió el cargo.

Lo curioso es que Michel Temer, sucesor de Russeff, nombró a uno de sus principales aliados, Moreira Franco, como secretario general de la Presidencia, cargo que había suprimido la presidenta y que se reabrió solo para favorecer a Franco. ¿la razón? El nuevo secretario fue señalado por uno de los delatores de Lava Jato, pero en este caso no fue suficiente para que Moreira quedar sujeto solamente al STF. Y la prensa, sin el menor rubor, respaldó la medida manifestando que el caso de Lula y el del secretario general de la Presidencia eran diferentes (¿?).

En el caso argentino, en 2015, año de elecciones, se produjo la muerte del juez Alberto Nisman, quien investigaba una denuncia en contra de la presidenta, lo cual significó una fuerte desestabilización del Gobierno de Cristina Fernández -un hecho bastante similar al plan Rosemberg montado en Guatemala en contra del expresidente Álvaro Colom- y al igual que en ese caso, sin más pruebas que presunciones difundidas y magnificadas por la prensa.

En mayo de ese año, finalmente, la Cámara de Casación rechazó las acusaciones contra Kirchner y declaró «inexistencia de delito». No obstante, desde un principio la prensa había jugado su rol de criminalizar a la presidenta, de modo que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir el desgaste causado a Cristina.

No conformes con la derrota de Fernández, en 2016 fue ligada a proceso y sus cuentas embargadas por 10 mil millones de pesos, bajo el cargo de «asociación ilícita» durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner, para adjudicar obra pública en la provincia de Santa Cruz. Luego, aparentemente surgieron otros casos, según el fiscal Guillermo Marijuán, quien anunció a los cuatro vientos el descubrimiento de cuentas offshore en Suiza, supuestamente asociadas con los Kirchner; presunción que fue divulgada en los medios como hechos consumados y, en casos como el del diario Clarín, vergonzosamente solapados.

Pero el karma no tardó en pasar su factura. Apenas meses después, en diciembre, estalló el escándalo de los papeles de Panamá, el cual reveló al mundo que el grupo empresarial del presidente Mauricio Macri tendría al menos 50 sociedades offshore en guaridas fiscales de Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubai, Grand Caymán y Florida. Sin embargo, tanto los órganos de justicia como la prensa argentina invisibilizaron este caso, mientras en países como Islandia, el primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson, se vio obligado a dimitir de su cargo.

El resto de la historia es ampliamente conocido. Lo interesante es que la metodología neoliberal de lawfare ha sido interpretada por algunos liberaloides guatemaltecos, como Armando de la Torre, Alfred Kalttschmitt y la Fundación Terrorista, para justificar sus ataques al trabajo de la Cicig. Esto vale la pena analizarlo en una próxima entrega.

Foto principal tomada de los sitios Que Pasa Salta y El Nuevo Día (Puerto Rico).

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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