Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

En el 2015 se hizo popular aquel clamor, más emotivo que racional, referente a que las condiciones políticas generadas tras el destape del caso La Línea, hacían indispensable la interrupción del proceso electoral, pese a lo prescrito en la Constitución de la República. «En estas condiciones, no queremos elecciones», era la consigna.

Precisamente por ser un mandato constitucional, aquel estribillo carecía de sustento. Simplemente, no había forma de que no se llegase a elecciones, nos gustaran o no las condiciones en las que aquellas se iban a celebrar. Sin embargo, el planteamiento tenía una lógica apabullante, con vistas al futuro: para elegir mejor a la próxima, había que cambiar tales condiciones.

Al final, esto no se logró y el Congreso, dirigido por Mario Taracena, hizo como si dirigía un proceso importante de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), lo cual resultó cierto en algunos aspectos, pero omitió entrarle a los cambios cruciales que exigía la ciudadanía. Diferente el dedo, pero el mismo atol.

En la práctica, la aplicación de las nuevas normas resultó un verdadero galimatías para el principal encargado de ejecutarlas: el Tribunal Supremo Electoral. Si la LEPP ahora es un enredo soberbio, la reglamentación y, sobre todo, su aplicación práctica, resultaron una jerigonza infernal.

El resultado ha sido nefasto para el electorado al conformarse un escenario complejo, unas veces por culpa de los honorables magistrados, otras, por la carta de naturaleza que se le ha otorgado a las cortes de justicia y otras, por causa de los propios partidos políticos. Y es que el proceso electoral fue convocado desde el 18 de enero, pero dos meses después pareciera que lo único seguro es que aquí no hay nada seguro.

Echemos un vistazo al paisaje. A nivel de candidaturas, y como un hecho sin precedentes, ninguna de las tres punteras puede decir que su presencia en la papeleta está garantizada. Tal y como se advirtió en este espacio en múltiples ocasiones, las cortes tarde o temprano habrían de asumir el papel de gran elector, hipótesis que se confirma con cada denuncia que enfrentan las candidatas.

Luego, Taracena y el TSE se encargaron de borrar el debate político, al satanizarlo mediante la torpe figura de «campaña anticipada»; figura que además de estimular la consolidación de las maquinarias electoreras y violar el derecho de libertad de expresión, impidió que la población conociera con suficiente tiempo a los aspirantes y las propuestas que ahora irrumpen abruptamente en su mesa.

Por si fuera poco, el TSE no ha sido claro en cuanto a la interpretación del término «transfuguismo», al aplicarlo a modo de sanción para ciertos candidatos y a otros con carácter de premio, aunque en defensa de los magistrados, cabe señalar que dicha confusión también ha sido propiciada por algunos medios de comunicación, al abordar dicho tema sin explicarle al público los matices para su aplicación.

Sin embargo, el colmo de los colmos ocurrió con el intento del TSE de restringir abusivamente el desarrollo de los debates políticos, proyecto que hizo ver a dicho cuerpo colegiado como un dechado de ignorancia e ineptitud. Hasta un estudiante de derecho de primer semestre sabe que, tanto jurídica como políticamente, es imposible, además de anodino y dictatorial, cualquier intento de bloquear el trabajo de los medios de comunicación.

Fuera del TSE el panorama no es menos babélico. Los partidos políticos cuyas candidaturas están en cuestionamiento, no pueden desarrollar su campaña con la tranquilidad que amerita un proceso de este tipo. Por ello es que no vemos debate, ni discusiones y se echan en falta los ataques entre candidatos.

En efecto, los ataques políticos no son necesariamente negativos. Al contrario: los gurús del marketing político lo celebran y recomiendan como un mal necesario. «Un ataque, bien elaborado, le permite al elector conocer otros ángulos de las candidaturas en disputa y ciertos detalles que, de otra manera, no sería posible establecer. Al final, hay más luz para el votante y eso también es democracia», aseguran.

Muy distintas son las campañas negras, cabe aclarar. Estas son descalificadoras, denigrantes y hasta procaces, aunque generalmente sus objetivos son desvirtuados y se revierten contra quienes las promueven. Este tipo de campaña sí abunda y predomina sobre los criterios positivos. Lamentablemente, se han convertido en un factor característico de esta subcultura política que padecemos.

Así que en estas condiciones, tendremos elecciones… con nuevas reglas, nuevas incertidumbres y nuevos intentos –sí señor– de revivir el fantasma del fraude. Y es que se comenta acerca de la irrupción de un aparente nuevo actor en el ambiente: Washington y su propósito de imponer a toda costa una candidatura. Ya lo hicieron en el 2015… diferente el dedo, pero el mismo atol.

Imagen tomada de Los Ciudadanos.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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Correo: edgar.rosales1000@gmail.com