Marcelo Colussi | Política y sociedad / ALGUNAS PREGUNTAS…

Hoy se libra una caliente disputa entre quienes adversan la corrupción y la impunidad y quienes viven de ella. De hecho, existe un pacto tácito entre varios sectores que tienen que ver con esto último, es decir: que viven y se aprovechan de la corrupción y la impunidad.

Pero hay que tener cuidado: corrupción e impunidad no son la causa última de los males que aquejan a las mayorías, sino una consecuencia, un derivado del sistema económico-político-social que las permite: el capitalismo. El sistema capitalista es, intrínsecamente, corrupto, y se asienta en la impunidad. Siempre y en todas partes.

¿Qué diferencia existe entre el ladrón de celulares o billeteras (pobre, proveniente de los estratos más bajos de la sociedad, crecido en todo tipo de carencias y sin mayor proyecto de futuro que la pura sobrevivencia sin trabajar) y los ladrones de cuello blanco? Que estos últimos tienen una mayor (infinitamente mayor) cuota de poder. Pero, en esencia, no hay diferencias.

En Guatemala, desde la Colonia y luego desde la creación del Estado nacional, hace ya casi dos siglos, las clases dominantes se movieron con la más absoluta impunidad. Después de masacrar pueblos originarios y someterlos en condiciones de semiesclavitud sin los más mínimos derechos elementales como trabajadores y/o ciudadanos, a través de los años, las cosas no cambiaron sustancialmente. Esa situación de despojo monumental fue la que dio como resultado una oligarquía riquísima, que pudo acumular fortunas inconmensurables, siempre ligadas a la propiedad agraria. Esas familias, de linaje cuasi aristocrático, jamás mezcladas con «la indiada», se entrelazaron luego, como clase dominante, con nuevos grupos económicos que hicieron sus fortunas con un espíritu capitalista modernizante, industrial y enfocados en los servicios.

Pero hubo un cambio importante en la segunda mitad del siglo XX. A partir del fin de la «primavera democrática» con la cruenta contrarrevolución de 1954, el país entró en una guerra interna que duró décadas. La misma enfrentó a esas élites dominantes con una gran masa de desposeídos, enfrentamiento que se sintetizó en la lucha entre movimiento guerrillero y ejército. Sucede que las fuerzas castrenses, a diferencia de otros procesos desarrollados en Latinoamérica, tomaron un papel preponderante, siempre con el aval de las clases hegemónicas, y de la embajada estadounidense. Después de largas décadas de manejo del Estado, esas fuerzas armadas se hicieron de grandes tajadas de poder económico. El Estado contrainsurgente sirvió así para generar una novedosa clase de «nuevos ricos», que, además de acumular fortunas, obtuvo importantes cuotas de poder político.

Hoy, entrado ya largamente el siglo XXI, existe un pacto entre todos esos sectores, en donde todos se benefician: empresarios que aprovechan el Estado para hacer negocios, grupos ligados a la narcoactividad, al crimen organizado, contrabando, el negocio de la «seguridad»…. Economía hot, como se la ha llamado. Esa amalgama de negocios non sanctos se ampara en la corrupción e impunidad dominantes. Los grandes empresarios no pagan impuestos con el beneplácito del Estado (Guatemala tiene la carga fiscal más baja del continente, luego de Haití: apenas un 10 % del PIB), la narcoactividad mueve hasta un 10 % de ese PIB, el lavado de activos está a la orden del día (42 centros comerciales en la ciudad de Guatemala, solo para dar un ejemplo). Los contratos leoninos (bochornosos, inmorales) hechos a la sombra del Estado son ofensivos para la población; el Congreso sanciona leyes que solo benefician a esos sectores acomodados, con el agravante de regalar el patrimonio nacional a los grandes grupos económicos nacionales o a las empresas extractivistas internacionales (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para agrocombustibles).

Todos estos sectores económicos (se podría agregar aquí un largo listado de negocios: tráfico de personas, trasiego de armas, contrabando de maderas finas en las selvas peteneras, obras de infraestructura nunca terminadas y sobrefacturadas, venta de pasaportes, etcétera), si bien pueden presentar contradicciones entre sí, parecen férreamente unidos para evitar que se combata la corrupción y la impunidad en que asientan.

De esa cuenta, con el aval de una corrupta casta de políticos, magistrados y jueces que trabaja para mantener ese estado de cosas, y con exmilitares (nuevos ricos de alto poder económico) con una gran injerencia en las decisiones políticas (la Juntita que asesora/maneja al presidente, por ejemplo), el actual Gobierno se ha sentido amenazado por las investigaciones anticorrupción que venía desarrollando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig– y el anterior Ministerio Público, por lo que está reaccionando visceralmente. La actual avanzada contra la Cicig y toda instancia que pueda investigarles y/o denunciarles (Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos), intenta resguardarles de ir a parar a la cárcel.

Como cualquier delincuente acorralado, reacciona y miente. «Me detuvieron del aire, yo no hice nada», vociferaba todo ladrón de celulares cuando se le aprende. Los delincuentes hoy enseñoreados que manejan el Estado lo dicen de otro modo: disponen de los medios para cortarle el paso a la Cicig, haciendo pasar esa persecución como injerencia foránea de talante «comunista», con lo que pueden llegar a romper el Estado de derecho para salvarse. Defender ese Estado de derecho es hoy imperativo.

Imagen tomada de La Nueva España.

Marcelo Colussi

Psicólogo y Lic. en Filosofía. De origen argentino, hace más de 20 años que radica en Guatemala. Docente universitario, psicoanalista, analista político y escritor.

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