Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

En Casa Presidencial el ambiente nunca fue tan sepulcral como aquel 11 de mayo de 2009. Todo el mundo corría de un lado a otro con semblante tenso; secretarios y ministros actuaban como autómatas. El presidente Álvaro Colom farfullaba incoherencias al tiempo que maldecía sin disimulo. De la primera dama, Sandra Torres, se sabía que había suspendido su gira por Barillas, Huehuetenango, y retornaba de inmediato a la capital.

Ese día había circulado masivamente un vídeo en el cual el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano –cuyo cadáver había aparecido un día antes en la vía pública– acusaba al presidente, a Torres y a su secretario privado, Gustavo Alejos, como responsables de su asesinato. Un hecho conmocionante y sin precedentes en la historia del país.

Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que es inapropiado denominar «Caso Rosenberg» a dicho acontecimiento. La viralización del vídeo, la movilización de la clase media y la condena unánime de parte de los medios de comunicación a las personas sindicadas, demostró y sigue demostrando que no se trataba de un «caso» jurídico ordinario, sino de un plan político concebido por sectores ultraconservadores para derrocar al gobierno. Tal era el «plan Rosenberg».

Todo empezó porque Rosenberg se vio envuelto en una severa crisis emocional, como resultado de eventos concatenados que alteraron su psiquis y su personalidad. No es ningún secreto que el profesional mantenía una relación sentimental con Marjorie, hija del señor Kalil Musa, ya que el difunto dejó abundantes huellas de ese love affair. También se sabe que Musa no aprobaba esa relación y que esto llevó al suicida a contratar sicarios para apartarlo del camino. Con lo que no contaba era que el día del asesinato Marjorie acompañaba a su padre, y que los sicarios se cobrarían también la vida de su amada.

Este desenlace inesperado habría causado un desequilibrio descomunal en la psiquis de Rosenberg. Según varios testimonios, dejó de asistir a su bufete y cuando lo hacía, nadie podía dejar de comentar el estado calamitoso que, en lo físico y en lo emocional, manifestaba.

Por otro lado, Rosenberg tenía grandes esperanzas en obtener beneficios económicos por medio del otorgamiento de la impresión del DPI, un negocio multimillonario en el cual Alejos tenía metidas las manos e influyó para que finalmente le fuera concedido a Gregorio Valdez, uno de sus amigos cercanos y financista de la campaña de Colom. Fue tanto el deterioro moral que, se asume, habría llegado a una conclusión del tipo: «me jodieron, ahora voy a joderlos».

En ese marco depresivo, Rosenberg ideó la filmación del vídeo, para lo cual contó con el auxilio de dos personas de oscura reputación: el periodista Mario David García y el empresario experto en seguridad Luis Mendizábal. García es señalado, entre otros hechos cuestionables, como uno de los coautores del fallido intento de golpe de estado contra Vinicio Cerezo, el 9 de mayo de 1988.

Mendizábal se encargó de la reproducción y distribución del material fílmico. Ambos vieron en la temeraria declaración una oportunidad para vengarse del gobernante, con quien no tenían relaciones cordiales, y en el caso del empresario mencionado, una enemistad personal porque el presidente había rescindido su contrato como asesor.

A partir de la divulgación del vídeo, fue cosa de niños incentivar el rencor social de la clase media y desatar una crisis emocional que se tradujo en movilizaciones donde abundaban las acusaciones y los insultos hacia la pareja presidencial; inicialmente fueron demandas de justicia, pero con los días se transformaron en exigencias del derrocamiento de Colom.

La logística que se observó en los días siguientes confirmó las sospechas de la existencia de un plan ambicioso. Por un lado, surgió el grupo de choque denominado «las camisas blancas» y siguió con Otto Pérez Molina asumiendo la actitud antidemocrática de exigir la dimisión de un mandatario legítimo. Ello se complementó con el activismo de gente vinculada a la inteligencia militar, como Francisco Beltranena y el respaldo tácito, sin excepciones, de los medios de comunicación. No cabía la menor duda: era una confabulación armada y dirigida por la extrema derecha.

La manipulación del sentimiento ciudadano.

Una década después, aún se escucha a personajes afines a ciertos círculos libertaroides, como el doctor Armando de la Torre y algunos de sus seguidores menos brillantes, insistir en que la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, así como la de Musa y su hija, nunca fueron esclarecidas, no obstante la investigación científica desarrollada por la Cicig de Carlos Castresana. Y en todo este tiempo, no he sabido que esta gente, anarquista por antonomasia, haya siquiera esbozado una hipótesis que justifique las eventuales razones que habrían tenido Colom y su círculo para mandar a cometer semejantes asesinatos. Tal fue la manipulación del difunto Rosenberg, porque a pesar de que en el vídeo –ni en el MP– jamás presentó prueba alguna de sus acusaciones, su declaración tenía un tono que convenció a mucha gente. Una manipulación maestra.

Veamos algunos de sus argumentos insostenibles.

Según la confusa e incoherente acusación de Rosenberg, su muerte obedecía a que sus «profundas investigaciones» incriminaban al presidente y su círculo cercano en la muerte de los Musa, pero al mismo tiempo señalaba que tales investigaciones comprometían a directivos del Banrural, Fedecocagua, Anacafé y al mencionado Gregorio Valdez, a quienes involucraba en actos anómalos y de corrupción que no explicaba.

Al respecto, sería un acto jurídicamente execrable si un ciudadano común –por acaudalado que sea– pudiese tener una capacidad investigativa superior a la Cicig o el MP. La verdad es que jamás se demostró que las carpetas que Rosenberg agita en su vídeo contuviesen información alguna y nadie vio nunca los resultados que, supuestamente, ahí estaban recopilados. Fue un acto meramente publicitario para darle fuerza a su declaración.

Aquí, incluso, cabría plantear una interrogante: siendo Mario David García un «águila descalza» en materia de periodismo conspirativo, ¿cómo es posible que no se le ocurriera pedir una copia de los supuestos hechos investigados por el suicida Rosenberg y hacer públicos los supuestos hallazgos? Obvio: no existían los dichosos documentos.

Otra manipulación. El difunto aseguró que el señor Musa habría sido asesinado por haber obtenido información que comprometía al presidente Colom y a la primera dama, Sandra Torres, así como a directivos de Banrural, Anacafé, Fedecocagua y otras personas, en negocios oscuros.

Sin embargo, los hechos contradicen rotundamente lo afirmado por Rosenberg. El nombramiento de Musa como representante del Ejecutivo ante Banrural nunca se produjo. El secretario Alejos lo habría sugerido, pero el acuerdo jamás fue suscrito por el presidente Colom. ¿Cómo, entonces, podía Musa tener acceso a información bancaria confidencial, si nunca había tomado posesión del cargo ni había estado reunido con la Junta Directiva?

Y en el supuesto extremo que esta desquiciada aseveración tuviese algún rasgo de veracidad, ¿para el presidente Colom, no era más apropiado y menos riesgoso, desistir totalmente de firmar el famoso nombramiento en lugar de mandarlo a matar? Lógica apabullante que le dicen.

Además, ni Colom ni Torres conocían a Musa ni a Rosenberg y los supuestos malos manejos en Banrural nunca se establecieron. La pareja fue investigada por la Cicig, pero no se encontró absolutamente nada que indicara aportes fuera de lo común en sus cuentas, tal como lo reportó Castresana en su informe correspondiente.

Ahora, al recordar aquellos días terribles, no puedo dejar de mencionar un par de hechos de los cuales fui testigo presencial (entonces era vocero del Consejo de Cohesión Social) y que ilustran situaciones ocurridas mientras se llevaba a cabo el plan.

Una semana después del suicidio, se nos convocó a una reunión en el Salón del Gabinete. En su turno, la primera dama reveló de qué manera la traición había permeado en miembros del gobierno. «Salvo uno o dos casos, este es el momento que ni siquiera he recibido una llamada de solidaridad de parte de los ministros».

Lo anterior fue corroborado por el vicepresidente Rafael Espada, quien relató un acontecimiento nada sorprendente en un ambiente político como el guatemalteco, pero que merece reconocimiento por el compromiso democrático que revela: en medio de la crisis, se le acercó un grupo de empresarios (no dijo nombres, pero todos asumimos que se trataba de emisarios de Dionisio Gutiérrez) para proponerle que le diera carpetazo a Colom, se hiciera cargo del gobierno y que contaría con el apoyo irrestricto de dicho sector. Rafa se negó rotundamente.

Los daños que causó al país tan perverso plan fueron graves e incuantificables, tanto en imagen de país como en lo económico (Guatemala ya había sido afectada por la recesión económica mundial de 2008) y redujo notablemente la capacidad de negociación y maniobra del gobierno.

Diez años después, es menester tomar en serio la lección de cómo el asesinato político puede ser utilizado para alcanzar el poder. Aquí, en cualquier momento se puede armar un nuevo plan Rosenberg… hemos visto cómo lo hizo la extrema derecha y, recientemente, cómo estuvo a punto de hacerlo el narcocandidato Mario Estrada. ¡En Guatemala nunca se sabe!

Imagen tomada de Prensa Regional Guatemala.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral

Correo: edgar.rosales1000@gmail.com