-Ruth del Valle Cóbar / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS–

Municipio de La Libertad, Petén. Un parcelamiento creado por población campesina que había emigrado de la Costa Sur y del oriente buscando tierra para vivir, trabajar y producir: las Dos Erres, porque sus líderes eran Federico Aquino Ruano y Marco Reyes. Ya tenían dos iglesias, una católica y otra evangélica, y una escuela. Su vida era armónica y tranquila, pues eran trabajadores respetuosos y amables unos con otros. La población no pasaba de los 350 habitantes.

El cierre de espacios políticos en el país produjo que, a inicios de la década de los 60, se comenzaran a gestar movimientos insurgentes contra el régimen militar. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- registró 626 masacres y más de 43 mil víctimas (cuyos familiares se atrevieron a dar testimonio), pero las aproximaciones estadísticas indican que pudieron haber sido unas 200 mil víctimas mortales durante el período, 45 000 de las cuales permanecen «desaparecidas». Los peores años fueron entre 1978 y 1983, además 83 % de la población víctima era de origen maya; 93% de los hechos de violencia fueron cometidos por el Ejército y las fuerzas de seguridad (incluidos PAC y comisionados militares).

Entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, los pobladores de las Dos Erres vivieron un infierno. Días antes, una patrulla del ejército se enfrentó a un grupo de las Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR-, el grupo guerrillero que operaba en la zona, siendo despojados de varias armas por parte de los guerrilleros. Los patrulleros de autodefensa civil de la aldea Las Cruces, vecina a las Dos Erres, dijeron que en las Dos Erres vivía uno de los guerrilleros, el señor Federico Aquino Ruano, cuyos costales para la cosecha tenían sus iniciales -FAR-, según se relató en los testimonios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado guatemalteco por esta masacre.

El ejército envió una patrulla militar integrada por 17 kaibiles [1] procedentes de Retalhuleu y 40 de Poptún, Petén, que entró a la comunidad el 6 de diciembre en horas de la noche. En la madrugada del 7 comenzó a sacar de sus casas a las familias. El 8 de diciembre tenían a los hombres encerrados en la escuela, fueron golpeados, agredidos, maltratados, torturados.

A los niños, niñas, mujeres adolescentes y adultas las encerraron en la iglesia evangélica. Algunas mujeres embarazadas abortaron por los golpes y la violación de que fueron víctimas. Los niños y niñas fueron golpeados frente a sus madres y luego asesinados. Fueron los primeros en ser lanzados al pozo que había en el parcelamiento. Las mujeres fueron violadas frente a los hombres que ya habían sido torturados, fueron ejecutadas y lanzadas al pozo. Luego los hombres fueron asesinados, mientras estaban maniatados, y lanzados al pozo.

Doce años después, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala -Famdegua- presentó denuncia judicial y solicitó la exhumación del pozo, la cual inició en julio de 1994. A mediados de julio de 1995 se encontraron los restos de 71 personas ejecutadas, a ellas se sumaron las 162 osamentas halladas en 2000. Muchos de los restos óseos estaban tan deteriorados que no lograron identificarse plenamente, pero al menos 90 eran niños y niñas de menos de 9 años.

La búsqueda de justicia para quienes sobrevivieron y los familiares de las víctimas de la masacre fue un calvario en nuestro sistema judicial. Frente al abuso de recursos jurídicos de la defensa de los militares, el caso fue a parar al Sistema Interamericano, pasando por diversas fases hasta que llegó a la Corte Interamericana que condenó al Estado en noviembre de 2009. Finalmente se logró que se reabriera el proceso en Guatemala y en 2011 se dictó sentencia contra algunos de los responsables.

La investigación realizada permitió establecer las responsabilidades, porque algunos de los kaibiles que participaron decidieron dar testimonio de cómo se había desarrollado la masacre; por lo que no ha quedado ninguna duda sobre la responsabilidad del Estado y de su jefe superior, el general Efraín Ríos Montt. Aún están pendientes de ser juzgados los autores intelectuales, el alto mando del Ejército y el jefe de facto, proceso que también enfrenta obstáculos en la justicia guatemalteca.

Hoy no existe más el parcelamiento. La tierra fue arrasada completamente. La población fue eliminada. El lugar casi fue borrado del mapa, si no fuera por la memoria de los familiares y Famdegua que han sostenido una dura batalla para que no se olvide lo que sucedió.

[1]Fuerza élite del Ejército guatemalteco, entrenada en tácticas de contrainsurgencia.

Fotografía principal tomada de YouTube.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

Hilando y tejiendo: memoria y derechos humanos