-Jorge Mario Salazar M. / PALIMPSESTO–

Las últimas semanas han sorprendido a la ciudadanía por una aparente subida y bajada de la intensidad política. Los actores de uno y otro bando toman iniciativas que parecieran dar golpes certeros al grupo contrario. Lo único que está claro es que los dos bandos se debaten entre lo correcto e incorrecto. Entre la preservación de un Estado cooptado por el crimen organizado y el otro que pretende realizar reformas mínimas al Estado principalmente en los regímenes político y judicial, de tal manera que se pueda ejercer un control sobre las instituciones y funcionarios.

Por una parte, el presidente Jimmy Morales que llegó a la Presidencia como una promesa de favorecer las demandas ciudadanas por las reformas, rápidamente se rodeó de un grupo de militares del tercer anillo de las mafias, personas relacionadas con actividades ilegales al servicio de los negocios de la estructura criminal La Línea. En su momento se denunciaron esas relaciones peligrosas del presidente, pero este se enconchó en su retórica vacía sin aclarar dicha relación ocultando sus alianzas.

El alcalde del municipio de Guatemala y expresidente Alvaro Arzú también se puso al frente de la lucha contra las reformas, a raíz del descubrimiento de la relación de Arzú con el difunto capitán Byron Lima Oliva, asesinado en prisión en una escandalosa masacre, quien utilizaba dicha relación para realizar grandes negocios por medio de las arcas municipales. Lima Oliva purgaba una condena por el asesinato del sacerdote Juan Gerardi Conedera, responsable del informe Nunca Más que denuncia la participación del Ejército en el 98 % de los crímenes de la guerra interna. Lima aseguró ser inocente del asesinato y su esposa, convertida en colaboradora eficaz del Ministerio Público en este caso de corrupción, asegura que su marido le confesó que había sido condenado protegiendo a un hijo de Arzú verdadero autor del asesinato del cura. Esta sería la razón de la participación agresiva del expresidente contra la Cicig y el MP.

En el Congreso de la República, unas dos docenas de diputados han sido relacionados con casos de corrupción que les otorgaban grandes ingresos por medio de la contratación anómala de personal a quienes quitaban la mitad del salario y en otros casos que los contratistas de obras de infraestructura y compras diversas del Estado marcan con pagos en efectivo a los padres de la patria. El sonado caso internacional de la constructora Oderbrecht vincularía a más de la mitad de los diputados actuales y se considera que parte de los gastos para la propaganda electoral que desplegaron estos para ganar las nominaciones fueron pagados por la coima percibida de la constructora.

Jueces acostumbrados a proteger a los poderosos por medio de litigios que no prosperan y finalmente desestiman casos en donde una pieza clave es la magistrada Blanca Stalling, quien sigue ejerciendo en la Corte Suprema de Justicia, coludiendo a jueces y otros servidores públicos a pesar de que ella se encuentra vinculada a casos de corrupción. La asociación de jueces se ha desmarcado de sus colegas que han sido pillados en contubernio con mafias.

El otro grupo involucra a empresarios, verdaderos patrones de las cadenas de corrupción que han dirigido la violación de muchas leyes, incluso de haber participado en actos de represión y masacres durante el conflicto armado y que cuentan con una importante fuerza paramilitar que acciona entre los impunes crímenes en fincas y conflictos laborales. Pero no se queda allí, la participación de estos empresarios organizados y no organizados en Cacif busca que las entidades gubernamentales se encuentren a su servicio para obtener más ganancia con menor esfuerzo. Con leyes que les favorecen, los empresarios pueden mantenerse dentro de los niveles de utilidades enormes mientras violan derechos laborales, incumplen con el IGSS, evaden impuestos, entre otros abusos.

Esa es la naturaleza del conflicto actual entre grupos del poder tradicional ultraconservador y represivo por mantener el statu quo. Un conflicto que se ha convertido en una expresión internacional en la medida que se ha trasladado al seno de la Organización de las Naciones Unidas y al Departamento de Estado en los EE. UU. y que ha sido motivo de pronunciamientos por parte de la Unión Europea y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Por donde se le vea, Guatemala se encuentra estancada y en franco retroceso en sus estándares de desarrollo. El atraso en salud, educación, seguridad ciudadana, derechos humanos, acceso a oportunidades para los ciudadanos comunes y corrientes y aún más a los grupos vulnerabilizados por el sistema corrupto, excluyente y concentrador que sobrevive ya durante 64 años.

En Guatemala no debemos llamarnos al engaño. No hay una confrontación ideológica. Tampoco es una lucha revolucionaria que reivindique un cambio del sistema político y económico. Hay una lucha por la dignidad que nos merecemos todas y todos los guatemaltecos. Una lucha para poder vivir en un Estado en donde se cumpla con las leyes. Una lucha en la que debemos participar activamente desde todas las plataformas posibles para erradicar de la administración a las mafias y renovar el pacto social que evite que volvamos a retroceder hacia la vieja política.

Imagen principal tomada de es Zaragoza, somos Aragón.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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