-Virgilio Álvarez Aragón / PUPITRE ROTO–

A raíz de la crisis que al interior del gobierno de Jimmy Morales produjo su opaca administración de los recursos electorales, la exigencia porque responda ante juez competente no se hizo esperar. Varios esfuerzos han hecho sus cómplices para evitarle enfrentar a la justicia, incluido el intento por modificar el Código Penal para retirarle una responsabilidad de la que estaba consciente cuando fungió como candidato y secretario general de su partido.

Las artimañas no dieron resultado, y el 15 de septiembre el Congreso tuvo que dar marcha atrás en la monstruosidad legal que intentaba. Sin embargo, Morales continúa sin darle la cara a los jueces, porque no se ha logrado alcanzar el número suficiente de diputados para retirarle el beneficio de antejuicio.

A partir de allí, el aislamiento y deslegitimación del gobernante y sus aliados ha ido en permanente ascenso, incrementados con el descubrimiento del “bono de responsabilidad” que con mil artimañas y engaños le concedieron los miembros del alto mando militar. Morales y su gente están siendo denunciados en los tribunales, y no hay en ello cuestiones personales de por medio, sino la evidente irresponsabilidad y corrupción del actual gobernante.

Para salir del atolladero se ha comenzado a hablar de un diálogo nacional, propuesta que ha sido secundada por la cúpula del sindicato empresarial, bajo el supuesto que en esta coyuntura es indispensable dejar ideologías de lado y pensar en resolver los problemas del país. Tal pareciera que Gobierno y Cacif quieren cruzar por otra esquina para evitar enfrentar los problemas reales que cada uno tiene y que, en determinados momentos, les unifica.

La demanda por desterrar la corrupción del Gobierno es genuina y unifica a toda la población. La necesidad de retirar la inmunidad al presidente para que enfrente a jueces también unifica. Pero para lograr ambas no son necesarios diálogos ni conciliábulos, es cuestión de que todos los sectores entiendan que esto es indispensable y usar, cada quien, los instrumentos de presión que tiene a la mano. Los empresarios deben dejar de asociarse en lo oscuro con el Gobierno para conseguir negocios fáciles, establecer rígidos códigos de ética empresarial y negarse sistemáticamente a financiar campañas electorales. Trabajar entre los suyos para que la cultura burguesa sustituya las prácticas oligárquicas, de manera que puedan comenzar a actuar como clase social del siglo XX y dejar de comportarse como si estuvieran aún en el siglo XIX.

Si a esas negociaciones intraclase le llaman diálogos, conversaciones o retiros espirituales, allá ellos, la cuestión es que consigan de una vez por todas proponer una agenda de país que no solo beneficie a unos pocos.

El movimiento social y los trabajadores deberán unificar sus demandas y, sobre todo, aclarar sus estrategias. Desunidos y enfrentados no conseguirán nada, deberán encontrar la forma de construir sus instrumentos políticos que les permitan fotalecerse y avanzar, no solo para lograr que el Congreso apruebe el retiro de la inmunidad a Jimmy Morales, sino, lo más complejo, lograr a la brevedad que el Legislativo cambie de cara y actitud.

Los problemas de fondo del país, esos que se han incubado e incrementado en los últimos cuarenta años, ya no se resuelven con diálogos ni conversaciones en hoteles cinco estrellas. Los dueños del dinero, algunos de ellos ya actuando como capitalistas, deben dejar de pedir que los otros desistan de sus ideologías, porque en el fondo ellos lo que desean es imponer la suya. Cuestionarla, actualizarla, modernizarla es indispensable, y para ello lo que necesitan es evaluar a fondo sus prácticas y pensar con visión de largo plazo.

El Cacif y sus aliados deben entender que hoy más que nunca es el momento de las ideologías, que el tiempo de los diálogos, entendidos como las conversaciones para que cada actor conozca lo que los otros piensas, ya ha sigo superado.

Este puede ser el momento de la construcción de propuestas para refundar el Estado, y este proceso solo se podrá dar en una Asamblea Nacional Constituyente, donde estén activa y debidamente representados los que en los pactos de 1985 y 1993 fueron marginados y rechazados. Las falencias y déficit del Estado guatemalteco son producto, efectivamente, de que en aquellos momentos los que acordaron y, consecuentemente legislaron, eran miembros de un solo sector, con una sola ideología y la ambición desmesurada por el enriquecimiento rápido, sin importar las formas y los modos.

No es el momento, claro está, de la derrota de una clase social por otra, mucho menos de la imposición de una sola y la desaparición de las otras. Pero estamos ante la posibilidad de la más amplia y profunda negociación, donde los intereses de los por siempre postergados deben ser los que se privilegien y predominen, pero para ello necesitan ir fortalecidos, no a diálogos parsimoniosos y estériles, sino a procesos políticos donde más que el dinero y la corrupción predomine el interés genuino de la nación.

La tarea no es fácil, ni mucho menos, pero parecen estar dadas las condiciones para que, ¡por fin!, fundemos la Guatemala de todos y enterremos, de una vez por todas, la patria del criollo.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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