Mario Polanco | Política y sociedad / NO MÁS IMPUNIDAD

A pesar de no haber sido percibidas por la población, es importante reconocer que las políticas públicas en materia de seguridad que se han implementado a partir de 2010 han funcionado, permitieron que luego de que el país enfrentara la comisión de más de seis mil muertos por año en 2009, la cifra se redujera a menos de 4 500 en 2018. Asimismo, es importante admitir que de 47 muertos por cada 100 000 habitantes en 2009, en la actualidad ha descendido a 26.

Por otro lado, cuando se conoce con mayor detalle en qué renglones se han producido esos cambios, los datos indican que han sido sobre todo en muertes de hombres, en tanto que la mujer continúa viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema que la hace ser víctima de violencia dentro de la familia, en el centro de trabajo, por parte de personas con las que tiene relación de amistad e incluso por quienes integran grupos de delincuencia común y organizada.

La mujer guatemalteca sufre violencia y maltrato físico, además de enfrentar humillaciones por su condición de mujer, sin que las autoridades construyan programas que las protejan o, en todo caso, apliquen los ya existentes. Esa vulnerabilidad se intensifica en caso de niñas y mujeres de la tercera edad.

Para las mujeres indígenas, enfrentar la realidad guatemalteca implica vivir en condiciones de pobreza extrema, que es consecuencia de la explotación en los centros de trabajo, así como enfrentar la imposibilidad de asistir a la escuela o de acceder a centros de salud donde reciban atención digna.

En el informe sobre violencia homicida que el Grupo de Apoyo Mutuo hizo público recientemente, se señala que entre enero y octubre de 2018 murieron de manera violenta 628 mujeres, cifra que representa más de dos mujeres muertas por día. Sobre las cifras de violencia física no hay información oficial, debido a que la mayoría prefiere no acudir a una institución.

En el mismo periodo se produjeron 19 casos de crímenes sumamente brutales, de los que impactan a la sociedad, entre ellos torturas y desmembramientos. De ellos, nueve fueron cometidos contra mujeres, esto significa que la brutalidad es otra de las características del perpetrador y esa saña contra la mujer se debe a su condición de vulnerabilidad.

En tanto no se establezcan medidas coercitivas que, con certeza jurídica, permitan la protección de la mujer, la violencia contra ellas continuará, debido a actitudes misóginas de muchos hombres que, como resultado de la nula o pobre investigación en los crímenes contra mujeres, se sienten en la libertad para cometer cualquier abuso contra ellas.

Es indispensable, entonces, que las instituciones funcionen, que trabajen arduamente en el esclarecimiento de los casos contra mujeres, debido a que el castigo contra el delincuente es el que permitirá que disminuya el número de hecho violentos, por la sensación de eficiencia en el Estado. La investigación, el procesamiento y el castigo será el disuasor que garantice la protección a la mujer.

En este 25 de diciembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es importante hacer conciencia sobre la necesidad de que el Estado implemente políticas que busquen garantizar la integridad de la mujer.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

No más impunidad