-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–
Desde el año pasado, el presidente de la República y quien le gobierna, el alcalde de Guatemala, sus financistas, los diputados del pacto por la impunidad, los militares de línea dura y sus adláteres han querido acabar con la Cicig y con el comisionado Iván Velásquez, quizá más con el último, quien ha representado una piedra en el zapato para todos los mencionados. Aunque, de palabra, el presidente dice estar de acuerdo con la Cicig, a nivel nacional e internacional, él y su comité de personas procorrupción y proimpunidad, han querido impedir el buen trabajo de la Cicig y Ministerio Público, como también lo quisieron destruir sus antecesores, los miembros del partido patriota y sus cómplices.
Desvergonzadamente, desoyendo las demandas y los clamores de la población, una y otra vez, el presidente, su canciller, el alcalde, la ANAM, y todo el aparato «legal» de estos han buscado disminuir las acciones de la Cicig y dejar fuera al comisionado Velásquez. Todo, porque se han señalado ilegales procedimientos del presidente y de algunos de sus familiares, y se han tocado intereses de aquellos que, con total desvergüenza, han mal manejado las finanzas del Estado, con la seguridad de que nadie, ¡nunca!, podría tocarlos. Craso error que hoy pagan, unos con cárcel, otros escondiéndose y otros con la angustia de esperar cuándo «les toca».
Igual que evidencian desvergüenza, ahora demuestran frustración, porque nadie les escucha y les hace el menor caso. Las visitas a la ONU, a la OEA, al Gobierno de Estados Unidos de América, han terminado en fracaso, pues, a las peticiones de limitar las acciones de la Cicig y dejar fuera a Velásquez, por «intromisión, por provocar división de la sociedad o por mediatizar los casos», las respuestas de los funcionarios internacionales han sido las mismas: «La Cicig e Iván Velásquez se quedan», porque son necesarios para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad a todo nivel en Guatemala. Y eso los tiene frustrados, enojados y furibundos, al grado de no querer dar declaraciones a los medios independientes, enojarse y verter amenazas contra los mismos. La frustración, como dicen los psicólogos, puede llevar al suicidio. Tal vez no físico, pero sí político.
Además de desvergonzados y frustrados, ahora también están desesperados, pues no encuentran la forma de acabar con el martirio que representan la Cicig, el comisionado y la fiscal general, que día a día se acercan más y más a descubrir aquellos hechos ilegales que, hasta hoy, han estado ocultos y que pueden terminar en cárcel para los hechores implicados. Por eso protestan, patalean, se enojan, vociferan, amenazan, y el país no avanza. Es evidente que, con tanta corrupción desde los más altos niveles, los inversionistas extranjeros no quieran tener negocios con uno de los países más corruptos del orbe. De esta percepción, indigna, eso sí, que se refieran a todo un país, a toda una población, en tanto que son solo algunos funcionarios públicos, quienes están provocando tal señalamiento.
¿Qué nuevas artimañas se deben esperar de los funcionarios del aparato estatal y sus secuaces? ¿Con qué nuevas acciones pretenderán acabar con quienes luchan contra la corrupción y la impunidad? ¿Cuántos gritos, exabruptos y amenazas deberemos escuchar de aquellos funcionarios públicos que están ya señalados y de quiénes faltan de aparecer? Porque los casos de corrupción no terminan con la Línea, el «agüita milagrosa», negociantes de la salud, la cooperacha, Odebrecht, el bufete de la impunidad, las plazas fantasmas y el Transurbano. No. ¡Qué va! Todavía falta descubrir otros casos de corrupción, investigar otras instituciones estatales y autónomas, y sacar a luz las «linduras» que han hecho, en donde saldrán involucrados otros diputados, militares y funcionarios públicos.
¿Será el juez Miguel Ángel Gálvez quien lo haga como nuevo fiscal general? ¿Será que, elegido por el Congreso, recibirá el beneplácito del presidente y quienes lo gobiernan? Ese riesgo se corre porque, obviamente, el juez Gálvez seguirá con la línea de la actual fiscal Aldana y con el apoyo del embajador de USA, el Procurador de los Derechos Humanos y todas aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil que han propugnado por tener una Guatemala diferente, y eso no le conviene a las grandes estructuras delictivas del país. El camino hacia la justicia está trazado. ¿Permitirán los malos que se alcance la meta? ¿Cuánta más lucha está dispuesta la sociedad civil guatemalteca a desarrollar en pro de la justicia? 
Carlos Enrique Fuentes Sánchez
Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.
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