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El viernes 11 de octubre, mientras algunas personas se distendían en medio de la tensa calma que impera desde que el presidente Morales rompió el orden constitucional, el Pacto de Corruptos daba un paso más en su estrategia de destrucción de todo avance que en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción y justicia, se ha alcanzado en los últimos años.

La fiscal general, Consuelo Porras, convocó a una reunión a fiscales regionales y a la coordinadora del Ministerio Público para informarles de la revocatoria de los ascensos a los que habían calificado entre marzo de 2017 y mayo de 2018. Se trata de fiscales de carrera que optaron a dichos puestos habiendo completado la normativa del Decreto 18-2016, aprobado por el Congreso de la República en 2016.

La fiscal aseguró que había un informe en el que se concluyó que sus nombramientos no cumplieron con las normas legales, sin embargo, cuando fue solicitado, no se proporcionó.

Según dan cuenta informaciones de medios noticiosos y pronunciamientos de las y los afectados por esta disposición, la fiscal les ofreció ubicarlos en sus puestos anteriores e hizo la salvedad que de no acatar la revocatoria, procedería con otro tipo de acciones.

Por la noche, el Ministerio Público informaba, por medio de redes sociales, que había aceptado las solicitudes presentadas voluntariamente por cinco fiscales regionales, de dejar sin efecto sus ascensos a dichas plazas y aceptado las renuncias voluntarias de Aura Teresa Colindres, como coordinadora nacional de fiscales, y Miriam Maribel Ambrocio Tocay, que se desempeñaba como fiscal de la región central. Sin embargo, en un comunicado, Aura Teresa Colindres hace referencia a la forma obligada en la que tomó la decisión de renunciar.

Los nombramientos como fiscales regionales se originaron de la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, Decreto 18-2016, artículo 24 bis, que crea la Coordinación Nacional y el artículo 79, de ingreso y ascenso a la carrera fiscal, que detalla el proceso a seguir. Este proceso inició el 8 de febrero de 2017, la recepción de papelería y precalificación finalizó el 18 de julio, momento en que Recursos Humanos trasladó los expedientes a la Unicap, en donde se realizaron pruebas escritas y orales. En octubre, como parte de la fiscalización del concurso por oposición, Unicap hizo constar la reprobación y aprobación de los y las aspirantes, así como los nombres de quienes aprobaron el curso de selección. Estas actas son enviadas a Recursos Humanos, para que les sea aplicada la prueba de polígrafo, superada por todos los aspirantes. Finalmente, se realizaron los nombramientos el 13 y 15 de noviembre de 2017, y en un segundo proceso, los nombramientos se realizaron el 10 de mayo de 2018.

Para un Ministerio Público que no ha dado muestras claras de actuar al nivel de la situación que afronta el país, resulta incongruente que argumente vacíos e ilegalidades en el proceso, para justificar una medida que contraviene su normativa interna, dejando un vacío administrativo y debilitando los procesos de investigación que se han alcanzado a lo largo de los últimos años.

¿Qué está en juego?

Una de las consecuencias más evidentes que ha preocupado a distintos sectores de la sociedad es, sin duda, el temor de que estos cambios signifiquen un retroceso en los casos que dichas unidades estaban llevando a cabo y el consiguiente debilitamiento de las capacidades alcanzadas en materia de investigación y combate contra la corrupción.

Pero hoy, 15 de octubre, salieron a la luz otras denuncias que dan cuenta que el Ministerio Público se vería obligado a pagar Q 107 millones a Global Corp y Q 97 millones a Copreca entre noviembre y diciembre de este año, así como la posibilidad de que el esposo de la fiscal general pueda ser incluido en una nueva convocatoria para los cargos ahora vacantes.

En conferencia de prensa realizada hoy, la fiscal Porras justificó su decisión en denuncias del sindicato y asociación de fiscales recibidas en su despacho y en «la falta de un reglamento y sin el cual la convocatoria publicada el 15 de marzo en el diario oficial y otro rotativo, no podía ser realizada». «Siendo una mujer de ley y una mujer objetiva, no podía callar estos actos de impunidad» y que iniciaría una investigación para deducir responsabilidades, agregó.

Periodistas de distintos medios preguntaron a la fiscal si se consideraba una aliada de la lucha contra la corrupción, sus respuestas fueron enredada. Sin lograr aterrizar en un enfático «sí o no soy aliada», sus respuestas tuvieron que ser aclaradas para finalmente decir que estaba en contra de los corruptos.

Al ser cuestionada acerca de la base legal sobre la cual conformó la junta de análisis, respondió cómo estaba conformada, pero no citó el artículo vigente.

Otra de las preguntas frecuentes fue si tenía casos de alto impacto retenidos, a lo que contestó apoyándose en los fiscales Sandoval y Shaad, quienes afirmaron que sus casos estaban siendo atendidos, sin embargo los periodistas aclararon que no se referían a ninguno de los casos de los dos fiscales. Por último, al ser cuestionada si esta decisión podría beneficiar a su esposo, respondió que era respetuosa de las leyes laborales.

Mientras tanto, nada se ha sabido del seguimiento que el Ministerio Público le esté dando a los casos de violaciones a funcionarias públicas por parte del presidente Morales, los cuales deberían ser encaminados de oficio. Como tampoco se ha actuado al respecto de la negativa expresa del Gobierno para acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, las cuales son calificadas como «ilegales». Mientras tanto «lo conducente» sigue ausente.

Las personas afectadas

Nombramientos de fiscales regionales revocados:
Stuardo Ernesto Campo Aguilar, Región Metropolitana
Brenner Israel Ronaldo López de León, Región Suroriente
Manuel Antonio Lemus Flores, Región Suroccidente
Claudia del Rosario Palencia Morales, Región Nororiente
Elder Marconelly Fuentes Orozco, Región Petén

Renuncias aceptadas:
Aura Teresa Colindres Román, coordinadora nacional
Miriam Maribel Ambrocio Tocay, Región Central

Fiscales que se negaron a renunciar:
Erick Quintanilla, Región Norte
Armando Palacios, Región Noroccidente

Por AlenKa Tenas.

Fotografía principal tomada de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público