-Virgilio Álvarez Aragón / PUPITRE ROTO–

Cuando en dos mil quince buena parte de población se lanzó los sábados a cuestionar y demandar el juicio de los entonces gobernantes, cuestionamos no solo que se hubiese producido una revolución, sino que afirmamos que fue el poder económico el que moduló y controló el volumen de dichas concentraciones, a las que, sin la intención de demeritarlas, identificamos como verbenas cívicas.

Dichas movilizaciones asumieron la función de coreografía o telón de fondo de un acto clara y llanamente jurídico. La Comisión contra la Impunidad consiguió acumular tal cantidad de evidencias que fue imposible a agentes del Ministerio Público y magistrados impedir el enjuiciamiento. Es más, las evidencias documentales muestran que la embajada de Estados Unidos y la élite del poder económico no querían que los juicios alcanzaran al presidente, temerosos, precisamente, de una radicalización de la sociedad.

Fueron las evidencias y los juicios los que movilizaron a la sociedad, y no lo contrario.

Ahora que vivimos una crisis institucional parecida, es necesario separar con claridad el deseo de la realidad social. Nuevamente sobresalen las apreciaciones conspirativas que ponen toda la causa en el Gobierno de Estados Unidos, para unos es el imperialismo superpoderoso que quiere controlar cada uno de los latidos de las sociedad guatemalteca, para otros es el antiguo amigo controlado ahora por los comunistas yanquis que quiere imponer un gobierno a la venezolana.

Ni una ni otra apreciación se sostiene ante las evidencias. Los delitos electorales de los que se acusa a Jimmy Morales son claros y evidentes. Dejó de presentar informaciones contables de su campaña y, como secretario general de su partido, debe asumir la responsabilidad de tales faltas. El MP, fortalecido por el apoyo de la CICIG, pudo presentar la solicitud de antejuicio con amplia base documental. No hay ninguna conspiración en su contra, sino la simple ratificación de que incumplió la ley. Ir a rogar a Naciones Unidas o a la Casa Blanca que le quiten al investigador es una muestra fehaciente de su culpa y de que representa los intereses de los más corruptos y atrasados de la política nacional.

Decir, por lo tanto, que Iván Velásquez es un agente del imperio es, sin más, una de las tantas coincidencias en las que, tiempo con tiempo, caen las visiones radicales simplificadoras de la derecha y la izquierda, y que, al coincidir, se excluyen mutuamente.

Pero, como también sucedió en la crisis de dos mil quince, las élites económicas han entrado en fase de confrontación. Por un lado están las que, insatisfechas con el proceder de los gobernantes, muestran su indignación y exigen cambios. Por el otro, los grupos que, afectados en sus intereses, quieren ver fuera del país al investigador quien, dados los recursos humanos y tecnológicos que posee, les pisa los talones y los puede conducir a los centros de detención, como ha hecho ya con muchos.

No hay en todo esto una situación revolucionaria. Pero, si bien es cierto que no nos estamos jugando el cambio drástico en las relaciones de dominación, sí estamos a las puertas de un posible salto cualitativo de la manera en que el poder político ha administrado el país. Y esto significa mucho.

Si, como esperan los defensores directos e indirectos de Jimmy Morales, la Corte Suprema de Justicia, la de Constitucionalidad o el Congreso, lo protegen y se alían en un asqueroso pacto de impunidad, veremos anuladas las posibilidades de construir un Estado diferente, en el que se puedan exigir acciones y mecanismos públicos que conduzcan a la reducción de las desigualdades. Este gobierno tendrá las puertas abiertas para ejecutar un presupuesto sin controles, retornando al clientelismo y corruptelas practicadas desde los tiempos de los regímenes militares. Liberar a Jimmy Morales de sus faltas debilitaría no solo al Ministerio Público, sino también al TSE, a la CSJ y a la misma CC.

Si, como demandan amplios sectores de la población, Morales es enjuiciado y, como consecuencia de ello, obligado a renunciar, se abrirán espacios para que en el próximo pleito electoral se presenten candidatos con mayor nivel y capacidad, dado que tendremos instituciones de control público que no podrán ser evadidas.

La movilización social, en consecuencia, es más que importante. No solo para mostrar apoyo a los distintos organismos del Estado responsables de la persecución penal, sino para fortalecer sus bases y desterrar, de una vez por todas, el fraccionalismo y las mutuas sospechas. Si en estas acciones aparecen sectores de centro, izquierda y derecha, pero comprometidas en profundizar la democracia, las alianzas serán más que beneficiosas.

Ya vendrán momentos en que la disputa clasista se produzca, en este momento la cuestión es fortalecer al Estado para encontrar espacios para la reducción de las desigualdades. Imaginar metas mayores es caer en el terreno de la demagogia o del autoengaño.

Foto por: Virgilio Álvarez Aragón

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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