Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

La desobediencia a la Corte de Constitucionalidad (CC) obliga a la destitución de ministros y al Ministerio Público (MP) a perseguir penalmente al presidente.

Existe un debate entre juristas en cuanto a si Jimmy Morales y miembros de su gabinete, en especial Sandra Jovel y Enrique Degenhart, ya desobedecieron lo ordenado en la resolución de la CC. Algunas personas y organizaciones ya presentaron a esa Corte solicitudes de debida ejecutoria, para que se ordene la destitución de esos ministros y que certifique lo conducente al MP, a efecto de iniciar la persecución penal de Jimmy Morales.

Otros opinan que, en estricto rigor jurídico, la desobediencia aún no se ha producido, y que se produciría solo en el caso en que el comisionado Iván Velásquez intentara volver a Guatemala y que el Gobierno se lo impidiese. Otros sostienen la necedad de la ilegalidad de esa resolución de la CC, y otros aún rayan en la estupidez de que Jimmy Morales y sus funcionarios no solo debieran desconocer a la CC (golpe de Estado técnico), sino además formalizar el retiro de Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas.

Es imperativo comprender y asumir que la crisis prevaleciente no es un pleito personal entre el comisionado Velásquez y el presidente Morales. Es el choque entre dos posiciones, una, la defensa del Estado de derecho y del imperio de la ley, de un Estado libre de corrupción e impunidad con un sistema de justicia capaz de alcanzar a cualquiera, independientemente de su condición política, económica o social , y la otra, el ejercicio del poder ilegítimo que por tanto tiempo ha prevalecido en Guatemala, derivado de la corrupción y la impunidad, ese cáncer que ha alcanzado a todos los sectores, el empresarial, los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en sus expresiones locales y nacionales.

Es una crisis en la que la misma democracia está en riesgo gravísimo, y nos encontramos al borde de volver a la dictadura. Es verdad que nuestra democracia estaba muy lejos de ser saludable y funcional, menos perfecta, pero comparada con las décadas de la dictadura militar, la guerra civil y el genocidio, los avances logrados son incuestionables. El principal avance estructural y de fondo que la lucha contra la corrupción y la impunidad está logrando es justamente evidenciar las hipocresías de la disfuncionalidad e imperfecciones de nuestra democracia incipiente, y forzar a los poderes fácticos a desenmascararse.

El asunto de la desobediencia de Morales, Jovel y Degenhart a una resolución de la CC es quizá el principal punto crítico de la crisis: ¿qué prevalecerá, los intereses putrefactos del grupo de corruptos para defender el statu quo de impunidad del que han medrado por demasiado tiempo, o la ley, las instituciones y el régimen democrático republicano de pesos y contrapesos que equilibran los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo?

La manipulación mediática que vomita el Gobierno es muy peligrosa. Quizá el éxito más importante de Morales y del grupo de quien es títere servil es haber encontrado en la religión y la cantaleta de «la familia y la vida» una fibra sensible que le ha procurado cierto apoyo popular ciego y no razonado.

La crisis es tan grave que exige el compromiso de los liderazgos empresariales y religiosos honestos, pero sobre todo la acción. No debemos relegar la responsabilidad ni abandonar a los juristas que valientemente se están batiendo en la CC.

Guatemala está ante un peligro muy serio. Todas y todos estamos obligados a entenderlo y actuar. El momento es hoy, por favor no esperemos a que el Gobierno recurra a la represión violenta, porque mañana ni la voz podremos levantar.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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