-Hector Leonel Aguilera Montoya / HONDURAS Y SU ACTUALIDAD–

Para entender el ejercicio de la ciudadanía en Honduras hay que ubicarse, en un primer momento, en un contexto más amplio, es decir en Latinoamérica. La ciudadanía no es una idea en abstracto y sola, sino que se encuentra interrelacionada con otros conceptos y discursos que, aunados a la práctica, han dado origen al concepto mismo. Uno de los conceptos con los que se interrelaciona es el de democracia, específicamente democracia representativa. También con los derechos políticos, civiles y sociales. La democracia comprende aquello que va más allá de una forma de régimen político, es también una forma de sociedad, pero específicamente es utopía o sueño de una forma de gobierno y de sociedad.

Al respecto resulta interesante la noción de Sartori: “La democracia, un ideal: la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias y las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas”. La democracia representativa constituye la modalidad predominante de organización política en occidente capitalista y en general en América Latina. Esta democracia representativa es “aquel régimen político estructurado para que periódicamente se elijan, mediante la institución del voto o sufragio puesto en práctica cada cierto tiempo (cada cuatro años en Honduras) a los representantes del pueblo, es decir, a aquellos que van a tomar las decisiones políticas fundamentales en nombre y presentación del pueblo, para la conducción y orientación del Estado”.

Joseph Shumpenter y Robert Dalh proponen la teoría pluralista-competitiva de élites. En el caso hondureño, la élite económica y política se ha repartido en dos partidos tradicionales de derecha y centroderecha, y cada cuatro años se habían alternado el poder. El punto de quiebre es 2009, en el que se gesta un golpe de Estado y surge una nueva fuerza política capaz de disputarle a esas élites el poder y la conducción del Estado.

En el panorama político nacional de las elecciones generales de 2017 surge la figura de la reelección presidencial, misma que está prohibida según la Constitución de la República, siendo avalada por la Corte Suprema en la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, que ha inscrito al actual presidente de la República a que se postule para un nuevo período. Se plantea que será mediante el ejercicio del sufragio que el pueblo tendrá la oportunidad de aceptar o rechazar a quienes han de gobernarlo.

Según Shumpenter, la existencia de libertades individuales fundamentales para que se dé la competencia pacífica por el Estado es fundamental, entre ellas se encuentran la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y de reunión, así como el derecho de todos los ciudadanos de presentarse a formar parte de la élite dirigente y aspirar a competir por la dirección del Estado o ser parte del grupo que lo dirige temporalmente. Se le da importancia a la organización y al derecho de asociación, pues para que los intereses y aspiraciones de los diferentes grupos sociales sean considerados dentro de la “agenda de los temas políticos”, deben tener peso político y, por lo tanto, estar organizados para hacerse sentir, de tal forma que puedan ser “un aspecto electoralmente importante”. En la actualidad, en el país se da una proliferación de campañas políticas que no cuentan con ningún respaldo popular y se presentan solamente para ganar “cuotas de poder”. De tal manera que de los diez partidos en contienda, solamente tres tienen posibilidades de ostentar la Presidencia de la República en noviembre 2017.

En ese sentido, la forma de control del electorado sobre sus representantes es por la negación o aceptación a reelegirlos; según Sartori por la “regla de reacciones anticipadas”, es decir que los políticos basan sus decisiones por la anticipación o expectativa de la reacción del electorado. Tal aspecto puede determinar la reelección o no del sujeto o del partido en el poder y en ninguna medida las actuaciones van enmarcadas en la visión o un plan de país. Norberto Bobbio apunta que en la democracia representativa hay una serie de “reglas” que la rigen, entre ellas la necesidad de un número elevado de participantes en el proceso de elecciones, por lo tanto una regla de la mayoría. Hay además una serie de ideales relacionados a la concepción originaria de la democracia que no se han logrado cumplir o que se encuentran insatisfechos. Los protagonistas centrales del régimen político no son los individuos, sino los grupos.

El ideal era que con la expansión de la educación se obtendría un ciudadano racional, reflexivo, que defendería sus intereses y los de la colectividad, sin embargo, según Bobbio, lo que prevalece es el voto de clientela (clientelismo). Hay una serie de obstáculos que se vislumbran en lo que es la praxis de la democracia representativa, entre ellos se encuentran la complejidad de la sociedad, así como un incremento en el aparato burocrático. Al crecer y complejizarse la sociedad, las demandas políticas sufren un revés ante la lentitud de respuesta real que puede dar el aparato político.

Algunos autores como Niklas Luhmann proponen que la democracia no representa ni la soberanía del pueblo, ni que las decisiones son tomadas de forma participativa. Ante esto propone la democracia como escisión del sistema político en un poder dual representado por el gobierno y la oposición, controlándose el poder de forma alternada, permitiendo cierto control. La problemática del modelo representativo está manifestada por medio de lo que se considera en la actualidad como una crisis de los partidos políticos. Entre los signos de esta crisis se encuentra la tendencia de los partidos a la posición central en el espectro ideológico, lo que conlleva al desarrollo de partidos políticos de lógica catch at all, es decir que asumen posición con base en lo que indica la opinión pública. Entonces se proponen temas como la anticorrupción, vida mejor, el cambio para mejorar, entre otros.

En conclusión, las propuestas de democracia participativa son casi nulas, y es la democracia representativa la que predomina, por ende este tipo de régimen político se sigue extendiendo por el mundo latinoamericano. Honduras se apresta este 26 de noviembre de 2017 a determinar si continúa con el régimen nacionalista o cambia de élite política, pero que en realidad manejará el Estado, una vez hecho gobierno, con la mismas prácticas clientelares, escasa transparencia y nula rendición de cuentas. En definitiva, el ciudadano solamente le queda ir a las urnas a ejercer un derecho ciudadano de manera formal, pero sin derecho a cuestionar o buscar otras formas de participación.

Fotografía tomada de El Mundo.

Hector Leonel Aguilera Montoya

Profesor en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), de Tegucigalpa, Honduras. Cuenta con una Maestría en Ciencias Sociales de FLACSO Guatemala y Licenciatura en Ciencias Sociales de la UPNFM. Ha sido investigador y consultor para el Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIES) de la UPNFM. Ha trabajado temas sobre el sistema educativo nacional, resiliencia, violencia, así como temas culturales, y políticos. Ha trabajado la educación a distancia en el Centro Universitario de Educación a Distancia (CUED) y en el Diplomado de Formación Pedagógica en Educación Superior de la FUNDAUPN, que da formación a nivel de postgrado, impartiendo el módulo sobre la Universidad y su evolución.
Cuenta con experiencia en todos los niveles del Sistema Eucativo Nacional, básico, medio y superior, impartiendo clases de Ciencias Sociales, Educación Cívica, Sociología e Historia Nacional. Asimismo, ha trabajado en la redacción y revisión de textos escolares. En materia administrativa se ha desempeñado como coordinador del Departamento de Ciencias Sociales en el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa y actualmente es el secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

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