Edgar Florencio Montúfar Noriega | Política y sociedad / IDEAS AL AGUA

Asumir que el Congreso de Guatemala cuenta con 158 diputados alineados a una agenda legislativa es caer en la ingenuidad. Más aún en las vísperas de un año electoral. En la medida que se aproxima el proceso electoral en Guatemala, el Gobierno se debilita y el Congreso se fracciona. Es por ello que los grandes cambios se deben hacer a inicios de una gestión, no a finales.

El Congreso actual, con toda la crítica que puede estar recibiendo por el llamado Pacto de Corruptos, está a pocos meses de que se confirme un Congreso depurado para el año 2020. Esto es una grata noticia para quienes están a favor de la lucha contra la corrupción y triste para quienes cargarán con el peso de ser los corruptos, saliendo del escenario político, e incluso llegando a la cárcel. En resumen, serán los chivos expiatorios de la purificación de la clase política.

En el Congreso existen diferentes procesos encaminados a favorecer a la clase política, por ejemplo, la reforma a la Ley Electoral enfocada en que los tránsfugas no podrán participar en las elecciones, como también las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, que afecta directamente a los secretarios generales de buena parte de los partidos políticos.

El caso del delito de financiamiento electoral ilícito, afecta directamente a los secretarios generales de los partidos políticos que actualmente ocupan puestos de diputados e incluso de presidente del país, como también a personas que trasladaron recursos, quienes en su mayoría son reconocidos por la gran cantidad de recursos que tienen.

En el caso de los diputados tránsfugas, afecta directamente a los «traidores» de los partidos políticos. Muchos renunciaron de sus partidos en los primeros meses del primer año de gestión, afectando especialmente aquellos partidos que habían obtenido cuotas importantes del voto para el Congreso, como los partidos Lider, Patriota y Unión Nacional de la Esperanza. La gran mayoría de los tránsfugas se refugiaron en el partido de gobierno. Desafortunadamente, estar en el partido de gobierno tiene ventajas al inicio de la gestión, pero estas ventajas van desapareciendo en la medida que los cuatro años de gestión se aproximan a la siguiente elección.

La práctica del transfuguismo no es nueva, y muy probablemente la gran mayoría de los actuales diputados han realizado esta acción en algún momento de su vida legislativa, pero en la legislatura actual divide claramente a los diputados en elegibles y no elegibles. Además, están los diputados sospechosos de financiamiento electoral ilícito o corrupción.

Esta situación del Legislativo se da en un contexto social donde más del 70 % de la población está de acuerdo con las instituciones locales y extranjeras que trabajan por erradicar la impunidad en el país. Quienes están dispuestos a votar por aquellas personas que han trabajado por combatir la impunidad y la corrupción. Dejando únicamente un 30 % de la población que está dispuesta a seguir a quienes tienen un discurso de la soberanía y ante la posibilidad de que las instituciones nacionales son suficientes para aniquilar a todos los políticos corruptos. Pero todos coinciden en algo, quieren ver a los responsables de la impunidad y la corrupción en la cárcel.

Le toca entonces a los diputados decidir quién es el chivo.

Edgar Florencio Montúfar Noriega

Hijo, padre, esposo, hermano, sociólogo y pecador creyente que vuelve a pecar

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