Camilo García Giraldo | Literatura/cultura / REFLEXIONES

Hace casi treinta años, a comienzos de 1989, llegué a Suecia con mi familia, exiliado de mi país debido a las amenazas de muerte que recibí por haber sostenido con decisión desde mi pequeña posición de profesor universitario y simpatizante de izquierda en los debates públicos en que intervine y en los documentos que escribí, que los grupos guerrilleros existentes en esa época las FARC, el M-19 y el ELN debían consagrar todos sus esfuerzos para alcanzar mediante el diálogo acuerdos de paz con los gobiernos, porque consideraba que con el uso de las armas no alcanzarían nunca el poder del Estado debido a la fortaleza muy superior del Ejército, al carácter formalmente democrático de ese Estado y al rechazo que tenían de una gran mayoría de la población.

Sin duda fueron grupos guerrilleros que nacieron como consecuencia de graves decisiones y actos realizados por agentes supremos del poder, por presidentes de la República, como la de Carlos Lleras Restrepo que en 1970 ordenó un gran fraude electoral para impedir el seguro triunfo del candidato presidencial de la ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla, quien había gobernado como mano férrea dictatorial el país durante unos años en la década de los 50; o como la errática y equivocada decisión del presidente Guillermo León Valencia de ordenar una gran operación militar contra las llamadas «Repúblicas independientes», es decir, contra determinadas zonas agrarias del país en los que el Estado no tenía un control real y en donde vivían y trabajaban campesinos cercanos al partido comunista que habían guardado las armas en sus casas para defenderse en caso de que sufrieran una nueva agresión violenta como la que habían sufrido en los años 50. Operación militar que tenía el propósito de recuperar el control político-armado de esas zonas y despojar a la fuerza a esos campesinos de sus armas. Sin embargo, lo que consiguió en realidad el Gobierno con esta operación fue empujarlos a empuñar de nuevo las armas que tenían y formar la guerrilla de las FARC. Si el Gobierno liberal-conservador de Valencia en vez de tomar esta fatal y errónea decisión hubiera tomado contacto con esos líderes campesinos para conversar y llegar a un acuerdo por el que entregaran las armas, el país se hubiera ahorrado 50 años de un desgarrador y trágico conflicto armado que dejó 250 000 muertos.

Sin embargo, estos hechos, si bien explican los orígenes de estos grupos guerrilleros, no justificaban, a mi juicio, el empeño casi incondicional de sus líderes, especialmente los de las FARC, después del fracaso de las conversaciones de paz que llevaron a cabo durante un tiempo con el gobierno de Belisario Betancurt –fracaso debido en parte precisamente a la falta que tenían de una auténtica voluntad por alcanzar en ese momento un acuerdo de paz– por persistir y ampliar su presencia y su accionar armado por las razones que anoté arriba.

Al llegar Suecia decidí, entonces, marginarme de toda actividad política, al comprobar que no tenía ninguna posibilidad de contribuir desde el exilio, así fuera con mis modestos medios intelectuales, a terminar con ese conflicto armado. Me sentí derrotado, como seguramente muchos otros miles de compatriotas, por los actores de esa guerra que se empeñaban de manera ciega en continuarla con la convicción que tenía cada uno de vencer militarmente algún día a su enemigo. Convicción que resultó ser, como los sabíamos muchos desde esa época de los años 80 y como lo comprobó el acuerdo de paz alcanzado décadas después por el gobierno de Santos y este grupo guerrillero, un falso espejismo que dominó lamentable y desafortunadamente sus mentes. Por eso al firmarse ese acuerdo hace casi dos años sentí que, a pesar de la derrota temporal que habíamos tenido los amantes de la paz, el propio país y su pueblo, finalmente la luz clara de la razón había triunfado y se había impuesto en la mente de los protagonistas de esa trágica guerra para el bien de ese país y su pueblo. Hecho que he celebrado con enorme satisfacción.

Por esa razón, hoy, desde la distancia, veo con preocupación que el candidato a la Presidencia, Iván Duque, se muestre en claro desacuerdo con los términos de ese acuerdo de paz, en especial con lo relativo a la justicia transicional a la que se deben someter en los próximos meses los antiguos jefes guerrilleros, tiene altas posibilidades, según las últimas encuestas de opinión, de ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán próximamente y ocupar por lo menos los próximos 4 años el cargo de presidente de la república. Son candidatos que con su discurso expresan sin lugar a dudas la manifiesta insatisfacción e inconformidad de un sector de la sociedad colombiana con el hecho que esos antiguos dirigentes guerrilleros, al tener solo que someterse según los términos pactados a la justicia transicional encarnada en el Tribunal Especial para la Paz, no recibirán el «riguroso, ejemplar y justo castigo que se merecen por todos los daños y crímenes que cometieron de ser encerrados en la cárcel durante largo tiempo». Pues para los miembros de este sector de la sociedad colombiana lo único que deben recibir estos antiguos líderes guerrilleros de las autoridades político-jurídicas es este castigo para que se imponga la justicia en el país. Solo si se cumple con esta exigencia perentoria el acuerdo de paz firmado podrá ser aceptado como válido y legítimo, podrá ser completamente implementado.

Por eso si esto llega a ocurrir debido al triunfo de uno de estos dos candidatos, se abriría el gran riesgo de que algunos de estos antiguos líderes y de propios guerrilleros decidan volver a internarse en las montañas y las selvas del país, y empuñar de nuevo las armas contra las autoridades del Estado, se fortalecerían los grupos disidentes de esa guerrilla que actualmente subsisten y se alejarían mucho las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN.

Pero también sería el fracaso de este último intento para lograr una paz estable y duradera en el país, el fracaso del intento más valioso de las últimas décadas por poner fin a la violencia política del país que tantos muertos ha producido, que tantas víctimas ha dejado y tantos daños ha provocado a lo largo de la historia. Sería un fracaso imperdonable que nos regresaría de nuevo a vivir en medio de la violencia política que muchos creíamos felizmente en gran parte superada.

Por esa razón, la única posibilidad para evitar este grave riesgo es la que los tres candidatos, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle, que apoyan el acuerdo de paz, convengan en un gesto no solo de sensatez e inteligencia sino sobre todo de grandeza histórica, en torno a uno de ellos para presentarse unidos en la primera vuelta de estas elecciones. Sería un acto en el que se mostrarían ante los ciudadanos como grandes dirigentes capaces de anteponer el interés general del país y la sociedad colombiana centrado en gran medida en asegurar y consolidar la paz a sus ambiciones políticas personales. Así se ganarían no solo el respeto y la comprensión de quienes ya han decidido votar por algunos de ellos, sino también el apoyo en las urnas de muchos que aún están indecisos o que han pensado abstenerse.

En las elecciones presidenciales de 1946, el partido liberal ampliamente mayoritario se dividió entre dos candidatos, Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay. Por esta razón perdieron las elecciones frente al candidato del partido conservador Mariano Ospina Pérez, quien al poco tiempo de instalado en la Presidencia dio vía libre a sus copartidarios en los campos para que formaran bandas armadas llamadas «Chulavitas» y «Pájaros» que se dieron a la labor de matar campesinos liberales desarmados e indefensos. Hecho que provocó al poco tiempo la reacción de estos campesinos liberales que se armaron y comenzaron a realizar matanzas semejantes contra campesinos conservadores. Enfrentamiento violento y sangriento que duró 10 años y que dejó un saldo de 200 000 muertos.

Hoy el triunfo de Iván Duque no abriría, por supuesto, la posibilidad de una nueva ola de violencia política de esas proporciones. Pero, como ha prometido cambiar los términos de la justicia transicional contenidos en el acuerdo de paz para que los antiguos líderes guerrilleros reciban justos y apropiados castigos de cárcel, es muy probable que así lo hagan, con la ayuda y el apoyo de las mayorías parlamentarias con las que contarían, cuando comiencen a ejercer como presidentes del país, con las graves consecuencias que ya mencioné. Por eso mi esperanza es que, a pesar de que parece imposible o, por lo menos, supremamente difícil, los tres candidatos que están a favor de defender y continuar implementando durante sus gobiernos el acuerdo de paz, piensen solo en el gran bien que esa paz le está haciendo a Colombia y resuelvan salvar sus diferencias, dejar a un lado sus aspiraciones personales y llegar finalmente a un acuerdo que los unifique alrededor del nombre de uno de ellos para aumentar significativamente la posibilidad de ganar la elección presidencial, y así asegurar que la bandera de esa preciada y valiosa paz siga ondeando libre y orgullosa en el horizonte.

Fotografía por Martha Santos.

Camilo García Giraldo

Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia. Fue profesor universitario en varias universidades de Bogotá. En Suecia ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre cultura latinoamericana en la Universidad de Estocolmo. Además ha sido profesor de Literatura y Español en la Universidad Popular. Ha sido asesor del Instituto Sueco de Cooperación Internacional (SIDA) en asuntos colombianos. Es colaborador habitual de varias revistas culturales y académicas colombianas y españolas, y de las páginas culturales de varios periódicos colombianos. Ha escrito 7 libros de ensayos y reflexiones sobre temas filosóficos y culturales y sobre ética y religión. Es miembro de la Asociación de Escritores Suecos.

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