Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

Gran revuelo causó entre columnistas de diarios escritos, pero sobre todo, en las redes sociales, el hecho de que un presidente civil se haya disfrazado de militar aduciendo ser «el comandante general del ejército». ¡Cómo si para serlo necesitara el uniforme militar! Si según la Constitución Política el presidente es el comandante general del Ejército, basta con señalarlo para serlo, aún sin uniforme. Eso lo entendieron sus antecesores civiles, quienes jamás necesitaron usar el uniforme militar para serlo.

Puede ser que, como otros han señalado, en su subconsciente resida el querer haber sido militar sin haberlo logrado y que por ello se satisfaga con portar el uniforme que tanto ansió, pues a esto se agrega que en otro acto público se puso a marchar militarmente. Pero también puede ser que, nuevamente, sus «asesores» (¿?) lo hayan engañado, indicándole que con el uniforme militar se ve más atractivo para las mujeres y más «macho» entre los hombres, y que con el uniforme militar sí va a imponer el respeto que no logra como civil. No sería nada extraño.

Es importante recordar que la Constitución Política de la República dice, textualmente, en su artículo 246: «El presidente de la República es el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del oficial general o coronel o su equivalente… que desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional» (las negritas son del autor). O sea, no es el presidente, personalmente, quien da órdenes al Ejército y, por lo tanto, no es necesario que vista de militar.

No se debe perder de vista que, con tal actitud, busca dar al Ejército de Guatemala una importancia que no tiene; la importancia que perdió a partir de los Acuerdos de Paz, particularmente en el Acuerdo del Papel del Ejército en una Sociedad Civil. Parece que al presidente y a sus asesores se les olvidó que una de las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- fue la de desmilitarizar a la sociedad civil, razón por la cual se prohibieron los desfiles militares escolares durante las festividades del 15 de septiembre, sustituyéndolos por actividades eminentemente cívicas, como lo establece el Acuerdo Ministerial número 291-96 de fecha 17-7-96.

En fin, por enésima vez, es necesario que el presidente se asegure de quiénes son sus asesores y qué pretenden al sugerirle o permitirle realizar ciertas acciones que lo dejan «mal parado» ante la población crítica del país y ante la comunidad internacional. Y, sobre todo, porque son acciones que no son necesarias para fortalecer su imagen y su mando. El presidente demuestra su rango siendo un buen estadista, no vistiéndose de militar.

Mientras sucede lo del presidente, sus amigos de la Corte Suprema de Justicia pretenden amparar a los corruptos del país, buscando la forma de despacharse al procurador de los Derechos Humanos, Lic. Jordán Rodas, quien ha demostrado no estar alineado con el Pacto de Corruptos. Surge la duda de por qué los titulares de la Corte Suprema de Justicia se inhibieron de conocer del caso y dejaron la decisión en manos de los suplentes. Se lavaron las manos olímpicamente, como diciendo «no queremos contradecir a quienes mandan», en vez de enfrentar el caso como era debido.

En fin, a pesar de que las resoluciones del procurador de los Derechos Humanos son morales, los magistrados de la CSJ han actuado dejando en evidencia su dependencia de los poderes oscuros que los han llevado a los puestos y que los obligan a tomar tal tipo de decisiones. Afortunadamente, el PDH cuenta con el apoyo de la sociedad civil organizada, quien ya se ha pronunciado en contra de dicha acción de amparo. No obstante, habrá que estar atentos al desarrollo de tal situación, pues si los diputados no lo lograron y la CSJ no lo logra, vendrán otras instancias identificadas con la corrupción que buscarán separar de su cargo al PDH.

Junto a lo anterior, los diputados tránsfugas y otros tantos no menos impresentables, están busca que busca los mecanismos para poder continuar en el «campo de batalla» para los próximos cuatro años que siguen al terminar el actual período de gobierno. El ansia electoral los lleva a reconocer que será difícil lograr acuerdos en el seno del Congreso, porque cada uno de ellos y su bancada estarán más atentos a lo político. No han logrado entender que, terminado el período, será difícil que muchos regresen, aunque quieran hacerlo con la camiseta de otro partido, porque la población pensante también estará atenta a que tales mecanismos no se den y, si se dieran, también hay manera de terminar de convencer a los votantes de no seguir cometiendo el mismo error de vender su voto.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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