Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

La vocera del grupo golpista de Jimmy Morales, que cobra del erario como canciller, al intentar justificar la decisión del cierre de la Cicig e impedir a su actual comisionado el ingreso al país usó argumentos falaces, defendiendo a delincuentes ya condenados por autoridades extranjeras, mintiendo sobre la situación de los implicados en el caso Rosenberg, o escondiendo la participación de su jefe en la promoción inicial de las reformas constitucionales, cuando estas parecían un simple juego demagógico, y abandonadas cuando notó que eran una amenaza a su impunidad y la de los suyos.

Como todos sus colegas actores de la vieja política, la vocera presidencial ha optado por el ataque mentiroso y liviano, convencida de que en el país las medias verdades y la demagogia son práctica cotidiana en el quehacer político e, imagina, redituables en el corto y mediano plazo.

Así, hace como que olvida que quienes declaran la prisión preventiva son los jueces, pudiéndola otorgar o no, así lo pidan e insistan los entes especializados en la persecución criminal, como es el caso del MP y la Cicig, que en la tramitación judicial apenas actúa como querellante adhesivo. En todos los casos señalados, la vocera del grupo se pone abierta y descaradamente a favor de los acusados que alargan los juicios con prácticas maliciosas, abusando hasta el exceso de la figura del amparo, y contra las propuestas de reforma que habrían significado hacer mucho más difícil la corrupción gubernamental.

Acostumbrada, junto a los de su grupo, a actuar de espaldas a la sociedad, manipulando a su favor la ley con mentiras, la vocera/canciller repite, junto a su jefe, que basan su actuar en recomendaciones de un atípico Consejo Nacional de Seguridad que, supuestamente, consideró a Iván Velázquez una persona que «atenta contra el orden y la seguridad pública: afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz», sin que hasta ahora se tenga claridad de los hechos que les llevaron a decir tal absurdo, pues, en ninguno de los casos citados por la señora Jovel Polanco, puede percibirse que exista atentado a la seguridad pública, ya que no convocaban al desorden o a interrumpir la convivencia entre los ciudadanos. Todo lo contrario, los distintos casos promovidos por el MP, con apoyo de la Cicig, han dado a la sociedad confianza en las instituciones, al grado que, como ya hemos señalado en notas recientes, es este órgano de apoyo internacional quien más apoyo y simpatía goza de la población.

El político que miente y engaña para defender sus actos, lo hace porque la verdad le afecta y compromete. Es eso lo que notamos en el comportamiento del presidente y su grupo de aliados y posiblemente cómplices. Mienten porque la verdad los llevaría, muy posiblemente, a guardar prisión. Pero, lamentablemente, no solo mienten sino que, controlando el poder público, paso a paso han ido destruyendo la débil y reducida institucionalidad con la que el Estado de Guatemala cuenta. Sus amenazas contra jueces y magistrados es intensa y permanente, tanto en público como en privado.

Día con día se hace más clara su intención de impedir, a cualquier costo, que los jueces les obliguen a justificar sus actos. En un ambiente político cada vez más tenso, tanto desde el Congreso, como desde el Ejecutivo, vemos que se intenta tomar decisiones orientadas a coaccionar a jueces y magistrados, limitar las libertades ciudadanas y, subidos en el carrusel de la supuesta defensa de la familia, imponer un concepto de sociedad y de familia ajeno a la realidad que nos circunda.

Su desesperada búsqueda de impunidad les lleva a comportarse servilmente ante el sector más antidemocrático y xenófobo del Gobierno estadounidense, sin importarles dejar de lado la defensa de los miles de niños guatemaltecos que allá aun continúan separados de sus padres, o la suerte de los cientos de miles de inmigrantes que diariamente son acosados por autoridades cada vez más racistas.

En realidad, y si se analizan los hechos más fríamente, quienes de verdad están afectando la gobernabilidad, la justicia y la paz son el gobernante y sus aliados, por lo que, si bien no puede pedirse su expulsión del territorio nacional, sí se debe insistir en su enjuiciamiento, antes que el país entre en una escalada de conflictos difíciles de contener.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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