-Victoria Aurora Tubin Sotz / Q’ASAXIK TZIJ (TRASLADANDO PALABRAS)–

Con el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas se da cuenta de qué avances podrían observarse a 21 años de que se firmó la paz. En su momento fue reconocer por primera vez a los pueblos originarios, de la coexistencia de más pueblos y no solo el denominado ladino/mestizo o en su caso la raza blanca. Aunado a esto, aceptar que persiste la discriminación racial profunda, enraizada en las relaciones sociales y que está relacionada con el Estado colonial, elitista, oligárquico y patriarcal construido a partir de la configuración de la institucionalidad del Estado guatemalteco.

En este Acuerdo se plasmó el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, como una deuda histórica luego de los más de 500 años de invisibilización y anulación total de sus aportes, así como de los conocimientos científicos y tecnológicos en diversos ámbitos que conectan de manera directa a la descendencia de los pueblos mayas previo a la llegada de los españoles. Además, se incorporan varios elementos que forman parte de los pueblos, como su idioma, cosmovisión, filosofía, organización comunitaria, concepción de autoridad fundadas sobre el respeto, equilibrio no solo con personas sino con el Universo.

Otro de los contenidos de suma importancia es la lucha contra la discriminación legal y de hecho, que pone énfasis a la estructura histórica racista, y que para ello, el Estado estaría en la disposición de aportar a las transformaciones mentales que contribuirían a cambios de comportamientos y actitudes, lo que implica compromisos reales para erradicar la discriminación racial hacia los pueblos indígenas. Entre ellos, desde el Congreso de la República se debía promover la tipificación de la discriminación como delito, asimismo divulgar los derechos establecidos en instrumentos no solo a nivel nacional sino internacional en los sistemas de educación, medios de comunicación y otras instancias.

En este Acuerdo resaltan los derechos de la mujer indígena, porque reconoce que ha sido vulnerabilizada por ser mujer e indígena y que el Estado se compromete a garantizar cambios a partir de la tipificación de otras formas de violencia contra ellas, sumado a ello el racismo.

Quedó implícito el cumplimiento de los instrumentos internacionales como parte de los compromisos del Estado de Guatemala, incorporarlos en la legislación nacional de acuerdo a los ejes establecidos en el AIDPI, para lo cual se estableció un cronograma que debía haberse seguido para traducir los compromisos en hechos. Frente a esto, la evaluación general que se puede hacer es desalentadora y frustrante. Pero sí, confirmar que la violencia racial continúa.

Lo que invita a preguntarse: ¿cuál fue la intención de firmar este Acuerdo, especialmente de los sectores que no representaban a los pueblos indígenas? ¿A caso sirvió como un aliciente o como una forma para generar esperanzas y así evitar reacciones frente a los nuevos modelos de expoliación económica? ¿Este Acuerdo podría borrar los más de 500 años de subyugación y violencia, los cuales han sido de despojo desde la tierra hasta los conocimientos ancestrales hacia los pueblos?

No tenemos que olvidar que el sector empresarial, representado por el entonces presidente de la República Alvaro Arzú Irigoyen, estaba promoviendo e invitando a empresas transnacionales para que vinieran a invertir en nuestro país, al extremo de bajar el porcentaje de regalías que establecía la ley de minería en aquella época, de 5 a 1 %, con el supuesto de que solo así se estimularía la presencia de las empresas extranjeras para reactivar la inversión económica, pero para ello había que ofrecer los recursos naturales y minerales en condiciones desfavorables para el país.

Más que eso, ofrecer el espacio comunitario/territorio de las comunidades indígenas, que antes fue visto como inservible, ahora atracción para proyectos de las megaempresas, en donde nuevamente se impone otro sistema de violencia que arrebata los pocos derechos que quedaban de un conflicto armado interno que azotó a los pueblos originarios en diversas formas, empezando con la vida. Esta vez, a costa de lo que fuera, explotar la tierra para extraer minerales en metales; monocultivos que han implicado la presencia de más productos transgénicos, de más tierra utilizada para palma africana; el peligro de los pocos ríos en extinguirse porque las hidroeléctricas deben funcionar, así como otras empresas como TRECSA que ocupa grandes territorios destruyendo la poca vegetación. Así, han recurrido a diferentes medios para lograr frenar las iniciativas comunitarias, como la consulta comunitaria, criminalizando a los líderes/lideresas y comunidades para que no pongan resistencia, y utilizando mecanismos perversos para dividir y poner en conflicto la relación comunitaria con tal de imponerse.

Estas son las acciones de un Estado racista y excluyente que pisotea la dignidad de pueblos originarios para servir a los intereses extranjeros y del pequeño sector empresarial que controla la mayoría de riquezas del país.

Victoria Aurora Tubin Sotz

Mujer maya kaqchikel, socióloga, magister en Comunicación para el Desarrollo y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, USAC. Soy crítica y activista en las diferentes luchas de los pueblos originarios, a partir de mi pertenencia étnica y ser desplazada durante el conflicto armado interno, con la desaparición forzada de mi padre y una familia fracturada.

Q’asaxik tzij (Trasladando palabras)