Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

Para nadie es un secreto que en las últimas semanas, en Guatemala, los contagios de COVID-19 han ido en espectacular y acelerado ascenso, con el incremento de personas demandando atención médico hospitalaria intensiva y fallecimiento de enfermos. En las dos últimas semanas se han producido más de 6600 contagios semanales y 200 fallecidos.

Enfrentar la pandemia implica no solo el compromiso ciudadano para con la propia salud, sino, fundamentalmente, acciones del poder público que lo orienten y le ofrezcan condiciones para lograrlo. De allí que si establecer medidas que restrinjan la locomoción resultan importantes, para ser eficientes, deben estar acompañadas de mecanismos de convencimiento, supervisión y control.

Lamentablemente, el accionar del actual gobierno, que no tiene más norte que el incremento de beneficios del grupo político que le llevó al poder, en este y casi todos los asuntos de Estado han sido un permanente zigzagueo, peor y más peligroso que el de un ebrio en autopista.

Preso de la cansina falsa discusión sobre qué es más importante para una sociedad, si la salud o la economía, el presidente Giammattei ha optado por hacer declaraciones, imponer restricciones, para luego dejar que las cosas continúen como antes. De esa cuenta, las medidas drásticas anunciadas en marzo no se hicieron efectivas en los grandes centros urbanos, donde se multiplicó el contagio. A la demagogia gubernamental le siguió el abuso de los industriales, con el más que evidente sacrificio de la salud de los más pobres, es decir, de los trabajadores formales e informales que no cuentan con mecanismos de presión para exigir seguridad.

La elección de un mecanismo que permitiera abrir la circulación de bienes y personas donde los contagios fuesen escasos o inexistentes, manteniendo restricciones donde estos aún son excesivos resultaba una acción que, aunque tomada tardíamente, mejoraría la situación de la salud y la economía familiar, particularmente en aquellos municipios que, alejados de los grandes centros urbanos, necesitan mantener sus precarias economías.

El MSPAS, a través del Acuerdo 187-2020, que curiosamente no se encuentra disponible en su página, aprobó un sistema de alerta sanitaria para el monitoreo de la epidemia de COVID-19, cuya finalidad es «determinar el nivel de riesgo que existe para la población de Covid-19 (sic)» y, junto a los parámetros que establecerían los niveles de alerta, determinó restricciones para las distintas actividades fuera y dentro de los domicilios, según la cantidad proporcional de contagios existente en cada municipio.

Pero, nuevamente, predominaron los intereses de algunos sobre el bienestar de todos, y si bien se establecieron parámetros bastante diferentes para diferenciar la situación de alerta máxima (rojo), alta (naranja), moderada (amarilla) y nueva normalidad (verde), al establecerse las restricciones, objetivamente, quedaron reducidas a dos: rojo-naranja y amarillo-verde.

Notorio es que al establecer tal mescolanza en las restricciones para el alto o bajo riesgo de contagio, no privaron los criterios epidemiológicos, esos que el magnate promotor de la apertura ha calificado de frívolos en sus homilías televisivas. Prevalecieron, de nuevo, los intereses económicos de unos pocos. Porque la cuestión no es economía versus salud, en términos generales y abstractos, sino entre las ganancias de unos y la salud de las grandes mayorías.

Por eso el país realmente no ha parado nunca, aunque el discurso apocalíptico de los activistas del pseudoliberalismo así lo pregonen mañana, tarde y noche. La economía de las grandes industrias no ha quebrado y si hipócritamente se dicen defensores del pequeño productor, no hemos visto una sola señal que implique alguna solidaridad, por mínima que sea, del pez grande respecto al chico. Mientras el quetzal ha mantenido su precio frente al dólar estadounidense, las empresas que comercian en las bolsas internacionales de valores han mantenido su nivel y la rentabilidad del sistema financiero no ha caído, no hemos notado reducción de intereses o moratorias para los pequeños productores, mucho menos desembolsos de esas grandes empresas para paliar la crisis de los microempresarios. Todo lo contrario, desde sus medios de comunicación y su mayoría parlamentaria han torpedeado cualquier intento por reducir temporalmente sus ganancias en beneficio del consumidor. Energía eléctrica y telefonía celular se han mantenido al alza, y la salida de divisas por pago de rendimiento de inversiones en los meses de abril y mayo, según datos del Banco de Guatemala, ha sido significativamente superior a lo sucedido en esos meses en el 2019.

Los comerciantes lograron este final de julio lo que los industriales habían conseguido a finales de marzo: libertad absoluta para culpar a sus trabajadores de su propio contagio. No por acaso quien ocupó lugar preponderante cuando el anuncio presidencial fue el ministro de Economía y no la ministra de Salud, a quien ni siquiera le concedieron un atril.

La imagen, significativamente autoexplicativa –como la de Jimmy Morales apadrinado por la pareja rusa condenada por compra de documentos de identidad–, puso más que en evidencia la realidad del país. La presencia de la ministra Flores, lejos de los tres hombres, revestidos del poder que conceden las alianzas por intereses particulares, dejó más que claro que la salud de los ciudadanos no es ya una prioridad.

Ella no tuvo ni siquiera la protección simbólica del escudo nacional, su imagen resultaba fuera de lugar.

En la presentación de la supuesta alerta de cuatro fases, que se redujeron a dos, esa trinidad masculina resulta ser la fotografía clara de lo que en apenas unos cuantos meses se ha convertido el país. Un presidente que, electo por y para el empresariado, tenía, explícitamente a su derecha, como resguardo y testigo de su accionar, al ministro de Economía, precisamente expresidente del sindicato empresarial y, a su izquierda, a un médico pediatra que, en funciones de pelele, ha otorgado certificado de salud a una propuesta que es simplemente la partida de defunción de cientos de guatemaltecos.

Pueden ahora imaginarse cuantos escenarios sean posibles, pero ninguno de ellos tendrá en el centro al ciudadano común y corriente. Todos aquellos que viven al día, están ahora aún más desprotegidos, porque si ni el Ejecutivo ni las municipalidades aprovecharon el tiempo para reorganizar el transporte público, mucho menos interés han tenido en mejorar las condiciones y capacidades del sistema de salud.

Fotografía principal tomada de Twitter.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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