Carlos Figueroa Ibarra | Política y sociedad / LA TRAVESÍA DEL SALMÓN

La noche del 15 de agosto de 2020, hombres armados se adentraron en las tierras ocupadas por campesinos en la finca Cubilgüitz en Alta Verapaz. Al estilo de la tierra arrasada implantada por el Ejército guatemalteco en los años del conflicto interno, con violencia expulsaron del lugar a las cuarenta familias allí asentadas y destruyeron mediante el incendio sus casas. Las víctimas del desalojo tuvieron que huir y refugiarse en las inmediaciones. Diversas informaciones señalan que los autores materiales del acto fueron campesinos de un grupo rival del que fue desalojado. Ambos grupos han ocupado terrenos de la finca y demandan que se los den. El acto violento refleja cómo continúa, en la segunda década del siglo XXI, el conflicto agrario sembrado en la Colonia y llevado a sus últimas consecuencias mediante el despojo agrario de la reforma liberal en el último tercio del siglo XIX. El incidente también evidencia la división entre organizaciones que supuestamente deberían estar del mismo lado y, por el otro lado, la unidad por parte de los defensores del latifundio y del despojo neoliberal.

En el campo de las organizaciones que defienden los intereses campesinos puede advertirse dos narrativas. La primera de ellas es la del Frente Indígena Campesino de Iximulew (FICI) que agrupa a organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesinos del Altiplano (CCDA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’ortí que señalan de tal hecho de violencia al grupo de terratenientes locales aliados a los campesinos organizados en la Fundación Turcios Lima y en particular a su dirigente César Montes. La otra narrativa es la de la propia Fundación Turcios Lima que afirma que desde septiembre de 2019 dejó de asesorar a los campesinos que son señalados de haber efectuado la agresión y que señala al CCDA como la organización que ahora los asesora. Frente a estos señalamientos mutuos se encuentra la narrativa terrateniente expresada por la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO). Esta responsabiliza por igual al CUC y a la Fundación Turcios Lima (en particular a César Montes) a quienes considera grupos criminales, anarquistas y usurpadores.

Desde septiembre de 2019, cuando el antiguo comandante guerrillero César Montes fue responsabilizado injustamente de la muerte de tres soldados en la localidad de Semuy II en Izabal, este ha visto su vida en peligro y ha tenido que vivir escondido. Me consta que en las redes sociales de la ultraderecha se ha pedido su asesinato extrajudicial en medio de una fraseología anticomunista y ultraderechista. Una cacería despiadada se ha desatado contra él, al extremo de que difícilmente pueda decirse que César esté en condiciones de dirigir a la Fundación Turcios Lima como antaño lo hacía. Difícil situación la de César, que enfrenta por igual los ataques provenientes de una parte de la izquierda y la cacería de la derecha. Lo que no puede perderse de vista es que detrás del conflicto en Cubilgüitz se encuentra la terrible injusticia agraria en Guatemala.

Carlos Figueroa Ibarra

Sociólogo. Profesor investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Actualmente secretario nacional de Derechos Humanos, Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

La travesía del salmón

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