Trudy Mercadal | Política y sociedad / TRES PIES AL GATO

En su libro Corregir los daños (Righting Wrongs, 2008), Gayatri Spivak describe los derechos humanos como algo más que tener o reclamar un set de derechos; su propósito es también el de corregir o reparar daños perpetrados, y sobre el poder de posibilitar y proteger esos derechos. El concepto moderno de derechos humanos, entonces, sostiene dos cosas: 1. los derechos humanos tratan acerca de tener y de otorgar (o posibilitar) esos derechos y, 2. los más fuertes deben de reparar los daños cometidos contra los más vulnerables o débiles, o sea, los torturados, los oprimidos, los masacrados, los discriminados y demás grupos que han sufrido daños y violaciones a su integridad y su dignidad esencial.

¿Quién es este ente «más fuerte» cuyo deber es el de proteger y reparar a los más vulnerables? El Estado. Pero, ¿qué sucede cuando es el Estado el que ha perpetrado los daños? ¿Qué sucede cuando el Estado, en todas sus dimensiones (jurídico, ejecutivo, militar, etcétera), ha sido cooptado a fondo por un grupo pequeño pero desproporcionadamente poderoso de la élite económica del país? ¿Quién vela por la ciudadanía, para vigilar que el Estado –y quienes les cooptan– no abusen de su poder? Aquí queda clara la necesidad de la sociedad civil y el porqué Estados cooptados le temen, y, cuando pueden, la expulsan.

Una de las maneras en que los Estados cooptados y quienes les cooptan debilitan a las instituciones defensoras de derechos humanos es a través de trivializar y tergiversar el lenguaje que sostiene la democracia y el Estado de derecho. Este tipo de acciones, que pueden ser adrede o no, se ven en todo tipo de ámbito y es importante estar atentos y corregirlo.

Hace unos meses leí una entrevista al presidente de Anacafé, el Sr. Ricardo Arenas, en la cual él enfatiza que, dada la situación del mercado internacional del café, y las pérdidas que afectan a los cafetaleros, estos sufren una grave violación de derechos humanos: el de lesa humanidad. Les recomiendo leer la entrevista (aquí un resumen): «El dirigente de la Asociación calificó los precios actuales “de lesa humanidad”, y reiteró que el mercado mundial sigue siendo dominado por consorcios globales que están presionando a la baja». (Prensa Libre, 22 de agosto, 2018).

En otras palabras, el revés económico que sufren los cafetaleros de Guatemala –sean estos grandes o pequeños– es equivalente al Holocausto nazi y a todos los genocidios históricos en los que han perdido la vida y sufrido grotescamente pueblos del mundo, incluyendo Guatemala. ¡Obvio que la comparación es un disparate!

El uso que el directivo hizo del término está mal y deja claro que no se molestó siquiera en «googlear» su definición. Y esto es un fenómeno común. Grupos e individuos en poder, reconociendo que a nivel internacional los derechos humanos son considerados una medida universal de ética, democracia y justicia, hacen uso del concepto para defender o impulsar cualquier medida que no tiene nada que ver con el tema. Generalmente el uso incorrecto está relacionado con la erosión de sus privilegios, más no de sus derechos humanos. La intención puede ser malévola –«dorar la píldora» y usar el discurso como una forma de autovictimización falaz–. O puede ser simple ignorancia y pereza intelectual, el término les suena «bien» y lo usan como un calificativo adecuado, según ellos.

En cualquiera de estos casos, el daño es potencialmente grave. No se trata de que todos seamos expertos y expertas en semántica lingüística, sino del cuidado que se debe de tener de los conceptos creados para proteger y promover la democracia. El uso incorrecto de los mismos, diseminado por los medios, tiene el poder de cambiar su significado en el imaginario de la población, especialmente de una ciudadanía poco educada y producto de un sistema educativo muy pobre.

Los derechos humanos protegen a toda la ciudadanía. No solo «a los criminales», como se dice impensadamente, sino a cada persona del país. Están para garantizar los medios necesarios para que todos tengan acceso a recursos básicos –comida, salud, educación, seguridad, poder votar, etcétera– y proteger contra los abusos de los más poderosos. En un Estado cooptado –y fallido– donde se menoscaban los derechos humanos, la ciudadanía entera está en riesgo. Seamos, entonces, conscientes del uso correcto del término y prácticas que sostienen a la democracia, y estemos pendientes de su uso falaz, o sea, del uso incorrecto que engaña de manera encubierta.

Fotografía, mural de la Puya, por Trudy Mercadal.

Trudy Mercadal

Investigadora, traductora, escritora y catedrática. Padezco de una curiosidad insaciable. Tras una larga trayectoria de estudios y enseñanza en el extranjero, hice nido en Guatemala. Me gusta la solitud y mi vocación real es leer, los quesos y mi huerta urbana.

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