Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Pese a asegurar que su vida nunca corrió peligro y que su desaparición por más de 36 horas obedeció a que negociaba con pacíficos campesinos, la realidad es que los gestos y palabras de Alfonso García Junco, cuando habló frente a los medios de comunicación, mostraban otra cosa. La dificultad para articular frases coherentes, las manos temblorosas y la voz que amenazaba quebrarse cada vez que mencionaba a su familia, delataban el drama interno que sufría aquel hombre.

Por ello es que resulta difícil aceptar su declaración de que su ausencia durante todo ese tiempo no fue producto de presiones, pese a que ni siquiera su familia tuvo noticias suyas en ese lapso. Y claro, no podía comunicarse porque había sido despojado de su teléfono celular por los pobladores inconformes con los altos cobros de Energuate.

Hay otros indicios que no casan con la historia de García Junco y fortalecen la tesis del secuestro. El abogado Luis Fernández Molina lo explica así: «El Código Penal es de orden público, no se puede negociar. El artículo 201 establece que comete plagio o secuestro, con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar».

Una recopilación de acontecimientos y el testimonio de algunos vecinos nos permite bosquejar lo ocurrido ese día en Pacayá.

Eran alrededor de las 14 horas del jueves 2 de agosto. El alcalde transitaba por un camino de tierra que conduce a San Agustín Pacayá, cuando fue interceptado por unas 200 personas (obviamente, la cifra no es exacta), quienes aparentemente eran dirigidas por un grupo de hombres encapuchados, armados y portando bombas molotov.

Horas antes, Energuate había reconectado el servicio que le había suspendido a una comunidad, luego de que esta pagó una parte de la deuda que tenía con dicha proveedora. Esto enfureció a los vecinos de Pacayá, supuestamente vinculados con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y cuyas exigencias cuadran con las de dicha organización, porque no quieren nada con la citada empresa sino un proceso de municipalización y posterior nacionalización de la energía eléctrica.

El caso es que García Junco fue llevado hasta una escuela de la comunidad, donde permaneció mientras sufría tortura psicológica y se discutía su destino. Sin embargo, cuando trascendió la desaparición y se inició una intensa movilización en pro de su integridad, decidieron trasladarlo hacia otro local, ahora en la aldea Las Trojes, donde pasó la mayor parte de la noche.

Mientras tanto, fue destacado un contingente de unos 200 policías, pero no les fue posible ingresar al sitio, lo cual no habría ocurrido si en realidad se hubiese tratado de una negociación pacífica.

A eso de las tres de la mañana, del viernes 3 de agosto, acudió otra turba, que pretendía llevarlo a un lugar aún más distante, ante el temor de que las exigencias de liberación del funcionario hicieran las cosas más complicadas.

Con lo que no contaban los enardecidos vecinos era que las mujeres del pueblo entrarían en acción de manera decidida. En efecto, un grupo de ellas acudió al lugar, tomaron el control y se dividieron en dos grupos: uno se quedó adentro y otro custodió las afueras del edificio. «Don Poncho, no queremos que a usted le pase nada, ya que ha sido muy bueno con nosotros y porque queremos mucho a doña Sandrita porque siempre nos ha tendido la mano», expresaron (el alcalde pertenece a la UNE).

Para entonces, el procurador de los Derechos Humanos. Jordán Rodas había presentado un recurso de exhibición. En el texto era notorio que «algo» estaba pasando y es que sus declaraciones a la prensa no dejan margen de duda: «Mi preocupación al momento de enterarnos de la situación fue… establecer que está detenido contra su voluntad y ordenar su inmediata liberación».

Pero el indicio que más apunta a confirmar la retención ilegal es la propia versión del CUC colocada en su página de Facebook, el viernes 2 de agosto a las 19:47, es decir, cuando el alcalde aún se encontraba en la escuela de Pacayá.

Reza el comunicado: «En varios medios de comunicación locales de Coatepeque, Quetzaltenango está circulando información que “pobladores de las comunidades en resistencia de la zona de Pacayá tienen retenido al alcalde de Coatepeque, Alfonso García Junco,” sin embargo esa información es falsa. (…) Se sabe que a este hora los pobladores y el alcalde están llegando a acuerdos entre ellos que se reconectará la electricidad sin que la población pague un solo centavo, también que se creará una mesa de alto nivel en la que participen autoridades como el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y autoridades municipales, así como autoridades de gobierno con el objetivo de buscar solución a la problemática».

Esto obliga a plantearse: ¿Cómo sabía el CUC que a esas horas los pobladores y el alcalde «estaban llegando a acuerdos»? ¿Quién les informó que se crearía una mesa de alto nivel con el PDH, si para ese entonces la preocupación de este era presentar el citado recurso de exhibición?

Al final, García Junco solo pudo salir del sitio cuando un grupo de pastores evangélicos acudió a mediar y logró rescatarlo, después de suscribirse un acta que, momentáneamente, satisface a los dirigentes campesinos.

El problema real es que el fondo del asunto sigue inalterable. Se firmó un acuerdo pero su cumplimiento es difícil, toda vez Energuate no esté dispuesta a negociar y ceder en sus pretensiones de cobrar la cantidad acumulada por el servicio. En aras de la gobernabilidad, de desactivar el conflicto y de restaurar la confianza entre los actores, bien vendría hacer borrón y cuenta nueva.

Lamentablemente, nuestro ambiente polarizado y la ausencia de una real cultura de diálogo impiden caminar en esa dirección. Pero lo impensable, lo inaudito, es que el movimiento campesino caiga en la comisión de actos al margen de la ley. ¡Así no es la cosa, muchá!

Fotografía principal tomada de Diario La Hora.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral