Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

A lo largo de los últimos tres años de la administración de Jimmy Morales, se distingue un claro «parteaguas» dibujado por el propio presidente de la República: antes y después de la declaración como «no grato» del comisionado de la Cicig, el 27 de agosto de 2017. A partir de esta declaración, el presidente y su grupo más afín decidieron escalar paulatinamente su estrategia. Fue un trabajo preparatorio de asesores, diputados del Pacto de Corruptos, algunos ministros, militares, alcaldes y otros funcionarios públicos, que prepararon la acometida final, el 30 de agosto de 2018, con despliegue de fuerza y amenazas. A lo largo de este año, se acompañaron de grupos de ultraderecha y de una correlación de fuerzas en la que creció, paradójicamente, el número de «amenazados» por la Cicig y el MP: el propio presidente de la República (sospechoso de financiamiento electoral ilícito), otros financistas y empresarios, hasta llegar a sectores del narcotráfico y del crimen organizado. Las condiciones estaban dadas para «romper las barandas» como sucedió el 30 de agosto. Sin embargo, faltaba una pieza clave: las consultas al Gobierno estadounidense.

¿Cómo se produjeron estas consultas?; ¿a partir de qué momento se tuvo certeza para «poder actuar» ?; ¿quiénes participaron?; ¿fue un proceso largo o corto, con matices o con declaraciones concretas?; ¿se conocerán las repuestas después de las elecciones de noviembre en EE. UU.? Son preguntas para las cuales se espera más investigación. La comunicación escueta del secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo, en la que reitera su «apoyo a la soberanía del país» pero «respalda una Cicig reformada» así como el «trabajo para el próximo año» (Prensa Comunitaria, 10-09-2019) es por demás ambigua. Sin embargo, bastó para que la canciller Jovel se sintiera encantada con ella, aunque otros declararan que EE. UU. «nos traicionó» porque no se lo esperaban.

A partir del 30 de agosto se desató la crisis. Queda por esperar la decisión de la CC sobre varios amparos interpuestos, que contravienen decisiones de las autoridades. Algunos de ellos se refieren a ejecuciones de amparos anteriores (como los que se otorgaron en agosto pasado, contra la declaración inicial de no grato del comisionado). Otros tienen que ver con situaciones actuales: dejar sin efecto la no renovación del mandato de la Cicig; uso desmedido de la fuerza militar sin justificación; para garantizar la libre locomoción de las personas y, sobre todo, contra la decisión de no permitir el ingreso al país del comisionado.

En este contexto, debe recordarse la función central de la CC en defensa del orden constitucional y su rol como Tribunal Extraordinario de Amparo. Al respecto, la misma tiene funciones jurisdiccionales y «políticas» (es un árbitro que resuelve en última instancia conflictos importantes), pero también «actúa políticamente». Un artículo reciente señalaba que la «CC tiende a actuar como agente de la coalición dominante en momentos de estabilidad, pero goza de más autonomía en momentos de conflicto» (Lemus, elPeriódico, 9-9-2019).

¿Cómo resolverá la CC estos amparos? Uno de ellos, con efectos importantes, es el relativo a la decisión de no permitir el ingreso al país del comisionado. El mismo podría ofrecer por lo menos dos tendencias diferentes. Una, que se resuelva con lugar el amparo provisional, se tomen las previsiones para su cumplimiento y en el caso de que no se obedezcan sus consecuencias, se ordenen destituciones de funcionarios por no acatarlas. Ello aumentaría las tensiones con el Ejecutivo y colocaría al país en una crisis mayor. Otra opción es que no haya amparo provisional y la situación se resuelva hasta sentencia, en cuyo caso, las razones por las que se resolvió así se explicarían luego de un tiempo. Esta opción se «adaptaría» a los hechos reales (el comisionado de hecho ya no está en Guatemala) y la CC tendería a resolver según la «tónica» del Departamento de Estado de EE. UU.: de una Cicig «renovada» y para el «próximo año». En este sentido no votaría como indica el texto citado de elPeriódico, sino que en línea con la real politique; una situación muy lamentable.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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