-Sofía Duyos-

En el año 2007 la brillante Naomi Klein escribió un libro imprescindible para entender el momento en el que vivimos: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. La autora explica en profundidad el funcionamiento perverso del capitalismo aportando datos contrastados en diferentes lugares del mundo y en distintos momentos históricos. Comienza su ensayo explicando la actuación del gobierno de George W. Bush en Nueva Orléans después del huracán Katrina: mientras las víctimas solo sentían y pensaban en una catástrofe que estaba arruinando su vida, los republicanos -defensores del capitalismo del libre mercado, seguidores de la doctrina del asesor de Pinochet, Milton Friedman- veían una gran oportunidad: «Por fin hemos limpiado Nueva Orléans de los pisos de protección oficial. Nosotros no podíamos hacerlo, pero Dios sí».

En efecto, mientras los sobrevivientes del Katrina se recuperaban del shock de haberlo perdido todo, sin todavía un hogar donde volver, las escuelas públicas fueron sustituidas por escuelas privadas, los contratos de los trabajadores se hacían pedazos, se despidieron a todos los sindicalistas y se eliminaron las proyectos de pisos asequibles para sustituirlos por la promoción urbanística de la especulación. Los cuervos del capitalismo se posaron sobre los escombros de una ciudad derruida para aumentar sus negocios. Un hombre mayor decía conmocionado: «¿Qué les pasa a estos tipejos de Baton Rouge? Esto no es una oportunidad, es una maldita tragedia. ¿Están ciegos o qué?». Una madre con dos niños intervino: «No, no están ciegos. Son malvados. Tienen la vista perfectamente clara».

Estas medidas, que hubiera sido casi imposible impornerlas sin la catástrofe y el shock que esta produce en los ciudadanos y organizaciones, en ese contexto se vuelven «políticamente inevitables». La catástrofe, la guerra y la inseguridad que provoca el terrorismo, son solo las excusas que esgrimen las grandes corporaciones financieras e industriales, con el apoyo de sus políticos, para imponer su propio modelo económico y social depredador, con apariencia de inevitable. A estos ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolas al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado, la investigadora norteamericana Naomi Klein lo llama: «el capitalismo del desastre».

Como Klein vaticinaba en su libro, en España, los Gobiernos central y autonómicos del Partido Popular de Mariano Rajoy actuarían en ante la «oportunidad» de la crisis aplicando sus políticas neoliberables como «inevitables» sacrificios. Mientras la banca se quedó con más de medio millón de pisos y consiguió que esa misma cantidad de familias se quedaran en la calle en tiempo récord y condiciones de usura -gracias a la Ley de desahucio express que aprobó el PSOE- el Gobierno de Mario Rajoy condonó a esta banca que provocó la crisis, al menos 40 000 millones de euros.

Al mismo tiempo que se dispara el número de multimillonarios y salen a la luz los papeles de Panamá o del paraíso -que demuestran como famosos, políticos y empresarios ocultan sus millones en paraísos fiscales-, Oxfam informa que en 2015, el 30 % de la población más pobre perdió el 33.4 % de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas del país creció un 3 %. Es más, la fortuna de esas tres personas equivale a la riqueza del 30 % de la población más pobre, es decir, de 14.2 millones de personas. Mientras unos acumulan y ocultan millones de euros, aumenta de forma preocupante y desgarradora las miles de familias en riesgo de exclusión social. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza concluye en su informe de 2017 que en España casi 13 millones de personas, el 27.9 % de la población total, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por otra parte, desmantelar la educación y la sanidad pública hubieran sido propuestas inaceptables en una democracia estable, pero ante la crisis financiera internacional se plantearon como inevitables desde los partidos políticos de derechas en el poder. Años de lucha ciudadana en contra de las políticas que son el ADN de la derecha neoliberal -la privatización de los bienes públicos, el debilitamiento del Estado y la desregulación de la economía- evitaron el desmantelamiento completo de las políticas públicas; pero no pudieron evitar ni los recortes ni la consiguiente precarización de la educación y la sanidad. Recientemente, en noviembre de 2017, el Gobierno central ha impuesto a las Comunidades Autónomas con problemas de financiación -casi todas- la firma de un convenio con la industria farmacéutica que discrimina a los genéricos como requisito para acceder a las ayudas financieras que reparte Cristóbal Montoro. Esta es otra pequeña muestra de cómo las políticas de los partidos de derecha y extrema derecha se diseñan en detrimento de lo público y a favor de las empresas privadas, sobre todo, de las grandes corporaciones.

Esta política tiene un obstáculo: la conciencia ciudadana; y es aquí cuando aparece la criminalización de la protesta social. Conscientes del profundo malestar que provocan sus medidas, que no solo son impopulares sino profundamente injustas y excluyentes, el gran poder real ya mencionado logra que sus aliados en los gobiernos acallen las protestas sociales con un método muy antiguo: usar la propaganda para criminalizar al disidente y meterlo en cárcel o hundirlo social y económicamente, logrando, además, el aplauso de la mayoría. No puede haber capitalismo del shock sin «leyes al servicio del capitalismo del desastre», ni prensa al servicio de la propaganda.

Como es sabido, el exministro de Defensa Pedro Morenés provenía de la industria armamentística. Por la vía de los créditos extraordinarios, su Ministerio se gastó unos 4 300 millones de euros, siempre a través de reales decretos que se aprobaban en verano y que se dejaban para el final de una sesión plenaria. Por ejemplo, en 2013, se aprobaron estos créditos tras la larga comparecencia de Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas, el mayor caso de corrupción del PP. Así fue como la compra de material armamentístico se fue haciendo a golpe de decreto, convirtiendo los negocios con la industria del armamento en “extraordinaria y urgente necesidad», en inevitables medidas que desvían el dinero de todos y nos endeudan por décadas. La compra de aviones, submarinos, carros de combate, fragatas o armamento pesado nos están costando 30 000 millones de euros a todos los ciudadanos de este país desde que Morenés entró en ese Ministerio. Cuando el Tribunal Constitucional acabó con esta práctica de los créditos extraordinarios, la nueva ministra de Defensa, Mercedes de Cospedal, anunció un aumento del 30 % del presupuesto de su ministerio.

La tendencia al alta del gasto en defensa ha ido acompañada de un descenso progresivo del gasto en educación, sanidad y empleo hasta llegar a mínimos históricos en el próximo 2018. En marzo de 2017 se celebró en IFEMA la feria del armamento. La plataforma Desarma Madrid convocó una protesta y realizó una performance delante de los pabellones de Feria: «Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia», explican desde la organización. Y continúan: «Este tipo de iniciativas solo contribuyen a recortar derechos y libertades en pos de una falsa y manipulada idea de seguridad». Su comunicado fue suscrito por casi una centena de colectivos antimilitaristas, entre ellos Greenpeace, ATTAC o Ecologistas en Acción. Para defenderse de estos ataques se ha creado la Comisión Legal Sol.

La Feria fue organizada por Atenea y en ella participaron empresas armamentísticas como Taser o Navantia, que en este 2017 suscribió un contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. Varias organizaciones han tachado esta venta de «ilegal» argumentando que los buques podrían utilizarse en el conflicto de Yemen. La protesta consistió en una performance pacífica y en el despliegue de pancartas en las que figuran los nombres de países como Yemen o Siria, en los que se utilizan algunas de las armas que se promocionan y venden en el evento: el único salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España. La protesta se saldó con veinte personas detenidas. Seis meses después de lo ocurrido, los activistas recibieron multas por valor de 11 419 euros en total.

La Comisión Legal Sol se creó para la defensa de los derechos de reunión, manifestación, participación política y libertad de expresión en Madrid. Uno de sus abogados, José Hormigo Ramos, dijo en el Seminario que celebramos en octubre: «Si denuncias a un policía por el maltrato de lesiones, tiene tu nombre y luego hace contradenuncia, así como querellas por denuncias falsas, y ahí comienzan las campañas de desprestigio». Otro instrumento de protección es la Red Malla que, como explicó Thais Bonilla, es una plataforma virtual para ir recogiendo todas las vulneraciones de derechos humanos, como la criminalización de las protestas.

La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, se aplica de manera implacable contra manifestantes pacíficos, mientras que se abren caminos de plata a los firmantes de jugosos contratos de armas. Con estas ventas se incumplen las obligaciones internacionales que prohíben la venta de armas a países en los que se violan los derechos humanos; de forma flagrante en el caso de Arabia Saudí. No obstante, la prensa de la propaganda deja muy tranquila a su audiencia. Leerán que las Fuerzas de Seguridad de Estado, aplicando la Ley con rigor, han detenido a un grupo de «peligrosos antisistema» que boicotean a las grandes empresas españolas que nos están sacando de la crisis, dándonos trabajo a nosotros, los españoles. Nunca leerán que, muy por el contrario, esa venta de armamento nos pone en peligro al situarnos en la mira del terrorismo de ISIS, cuyas víctimas son musulmanas de forma abrumadora, por mucho que nos quieran vender que somos únicamente víctimas de una cruzada islámica contra los valores de la civilización cristiana.

El periodista Ramón Lobo en su artículo de Infolibre La internacional del odio (20/8/2017) explica muy claramente la vinculación entre la venta de armamento y las intervenciones militares con los ataques terroristas: «las empresas europeas del sector vendieron en 2016 armas por valor de 80 000 millones de euros. De esa cantidad, 25 000 millones proceden de ventas a Arabia Saudí, que apenas tiene 30 millones de habitantes. España vendió a Riad por valor de 116 millones de euros, de los que 34.7 fueron en municiones. Arabia Saudí es uno de nuestros grandes socios no importa quién esté en la Moncloa. Gran parte de esas armas y municiones sirven para matar personas en Yemen y Siria». Además, sigue argumentando el periodista, José María Aznar nos puso en el mapa con su foto en las Azores y España, que envió tropas a Irak y Afganistán, todavía mantiene instructores en Irak.

Cada vez las democracias son más débiles y en todo el mundo se usa el discurso del miedo, el discurso del odio, el «nosotros contra ellos», para culpar a grupos enteros de personas de los graves problemas sociales, económicos y políticos. El Banco Mundial en su último informe concluye que en todo el mundo se están cerrando los espacios democráticos y aumentando la desigualdad. Quienes defienden los derechos humanos, los activistas, sindicalistas, abogados, periodistas, son considerados terroristas, peligrosos antisistema, por oponerse a las políticas neoliberales y sus consecuencias desastrosas. La profesora universitaria peruana Rocío Silva Santiesteban llama a este sistema «capitalismo por despojo».

Defender los derechos humanos en América Latina, Asia y África supone de forma inmediata jugarse la vida. Según Front Line Defenders desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y Defensoras de 1998, más de 3 500 defensores/as de los derechos humanos han sido víctimas de homicidio por su labor pacífica de defensa de estos derechos. El Mecanismo de la Unión Europea para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el periodo 2016 y 2017 ha publicado un total de 1 587 alertas, entre las que se incluyen 384 por homicidios, 842 por criminalización, 195 por amenazas, 91 por agresiones y 75 por medidas privativas de libertad. En al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos, como periodistas, sindicalistas, abogados/as, defensores/as de derechos de las mujeres o de colectivo LGTBI y, sobre todo, a defensores/as de la tierra y los recursos naturales frente a la instalación de megaproyectos; en 63 países los defensores y defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio; en 68 países los arrestaron o detuvieron solo por su labor pacífica; en 94 países recibieron amenazas o sufrieron agresiones.

Por tanto, para defender los derechos humanos es necesario tener un fuerte compromiso y gran valentía. Más aún si la lucha por la defensa de la tierra y los recursos naturales -por parte de unos pueblos que la han poseído durante siglos- lleva aparejada el enfrentamiento al poder de las grandes empresas transnacionales. Ya lo decía nuestra querida defensora hondureña Berta Cáceres: «defender la tierra es una tarea sumamente peligrosa». Y la mataron cobardemente en su casa, de noche, desarmada, el 3 de marzo de 2016.
http://eng.sinohydro.com/
El pueblo lenca y el COPINH liderado por Berta Cáceres se enfrentaron a la empresa china Sinohydro, que junto a la empresa local DESA, S. A. pretendía llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Dicho proyecto se aprobó violando el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que fue ratificado por Honduras en 1995. Nueve días después de la muerte de Berta, Nelson García, uno de sus compañeros de COPINH, fue asesinado mientras ayudaba a algunas de las familias desalojadas a trasladarse. Al menos cinco miembros activos del COPINH fueron asesinados antes que ella.

Berta Cáceres había denunciado formal y públicamente ante el Ministerio Público, el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos, transgrediendo la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas, dentro de ellos el proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque, impulsado por la Empresa DESA, S. A. Cuatro miembros del Ejército Nacional y un empleado de la empresa DESA, S. A. guardan prisión por indicios de participación en el asesinato de Berta. Previamente a su asesinato, Berta Cáceres había sido perseguida, amenazada y acusada criminalmente por sus acciones a favor del pueblo lenca y su territorio. Según Oxfam, su nombre se une al de los más de 100 activistas hondureños asesinados entre 2010 y 2014 por su lucha contra empresas transnacionales.

La también hondureña Bertha Oliva explicó en el Seminario la crisis absoluta de los derechos humanos en su país, como directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), cuyo objetivo es defender a quienes sufren violaciones de derechos humanos, luchar contra la impunidad y mantener viva la memoria colectiva de las víctimas de desapariciones forzadas. La organización fue fundada en 1982 por 12 familias que se aglutinaron en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Entre ellas estaba Bertha Oliva de Nativí, después de que su marido, Tomás Nativí, dirigente de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), fuera secuestrado y desaparecido. Bertha explicó que Honduras se ha convertido en el «laboratorio de América Latina» tras le golpe de Estado: «Vivimos con la criminalización y la judicialización… Y los tiempos que se nos vienen son más difíciles. ¡Pero está absolutamente prohibido olvidar! El que lo hace se convierte en cómplice».

Una de las leyes más preocupantes, por no decir escandalosas, es la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, mediante la cual se divide el país en zonas autónomas con personalidad jurídica propia en las que no se aplicará la ley hondureña ni regirán plenamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país; son «ciudades modelo» con ley propia donde habitarán las personas que determinen las autoridades de cada zona. Esta ley es paradigmática de la arquitectura jurídica al servicio de las grandes corporaciones y la impunidad; una armadura jurídica que protege a los grandes negocios en detrimento de la protección de los derechos humanos. En palabras de Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, se han desregulado los derechos sociales y se han regulado los económicos, con miles de normas para favorecer los negocios de las grandes empresas. Quienes se oponen a estas leyes arriesgan la vida. Bertha Oliva, tras haber perdido a su pareja en la lucha por la justicia y haber sido amenazada y perseguida, afirma con gran valentía: «En Honduras ser defensor es estar un paso más cerca de la muerte, pero desde COFADEH nos hemos resistido a la muerte».

En su vecina Guatemala, Omar Gerónimo, dirigente indígena de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND) explica en el Seminario lo siguiente: «Estamos inmersos en conflictos generados por la instalación de 3 hidroeléctricas en el río Juoilingo, sagrado para el pueblo Chortí y fundamental para la economía rural». Como él mismo dice, el mero cambio cultural que implica la instalación de una hidroeléctrica justifica que los pueblos se levanten. Como consecuencia de la protesta pacífica a la instalación de las hidroeléctricas han sido asesinados hasta la fecha dos líderes de su comunidad y otros 5 líderes llevan 6 años encarcelados ilegalmente, acusados de diferentes delitos, pues sus cargos van variando conforme le conviene a los acusadores. El mismo Omar Gerónico ha recibido amenazas e intimidaciones, incluso han llegado a ofrecerle miles de dólares por abandonar su labor.

La buena noticia es que han reclamado a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala la propiedad de la tierra de los chortí, en el oriente del país, en el departamento de Chiquimula, y han conseguido que la Corte les haya dado amparo provisional para que devuelven las tierras a la autoridad indígena y anulen la propiedad sobre ese título. Otra buena noticia es la paralización de la mina Marlin I en el departamento de San Marcos, en la otra punta del país.

Tras siete años de lucha los indígenas mayas-man de los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, al oeste de Guatemala, han conseguido paralizar la explotación de mina Marlin I, mina de oro propiedad de Gold (Goldcorp), que opera a través de la compañía Montana, participada al 100 % por la multinacional canadiense. Esta empresa dejaba como regalías en el país 1 % de los beneficios declarados, mientras se llevaba 99 %; además de causar graves daños medioambientales y enfermedades como el cáncer y dejar sin agua a las comunidades, por no decir sin tierras. Las empresas actúan, al menos, con la complicidad de los Gobiernos, no solo porque les da las licencias para actuar sin haber cumplido la legislación internacional sino porque permiten que estas empresas puedan contratar los servicios de seguridad -no solo de las empresas privadas de seguridad- sino de las fuerzas policiales públicas. Al menos esta posibilidad de «comprar» los servicios de la policía se da en Guatemala, Honduras y Perú.

Roberto Madrini, de la Comisión Pastoral Paz y Ecología, define Guatemala como «un gran queso gruyere entregado a las transnacionales, estas corporaciones invierten en armas, oro… Nuestra lucha es contra una mina pero hay muchas más». Guatemala cuenta con una extensión de 108 889 km2, una quinta parte del Estado español, existen 107 minas a cielo abierto que ya se están explotando, y otras 417 concesiones mineras, la mayoría dadas durante el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008). Estos casos salen a la luz gracias a periodistas comunitarios como Norma Sanchir, también participante de nuestro Seminario, pero el coste es realmente altísimo. Norma fue detenida por una policía que no se dignó a decirle los motivos de su detención ni a proporcionarle abogado. Días después de ese encarcelamiento ilegal, de miedo y frío, fue puesta en libertad, pero no ha dejado de sufrir amenazas y campañas de desprestigio.

Como nos explicó en el Seminario la académica peruana Rocío Silva Santiesteban, que también ha sufrido amenazas y coacciones, las mujeres sufren diversas violencias y son estigmatizadas sistemáticamente: «Además de antimineras, antidesarrollo y antipatriotas, a las mujeres también nos llaman putas». Las mujeres defensoras sufren encarcelaciones injustas, dificultades para acceder a la justicia, maltratos, amedrentamiento… Se utiliza la violencia sexual contra ellas para anular su labor. «Lo que me compete es remarcar que este capitalismo por despojo, está entramado como un patriarcado dependiente, un sistema patriarcal específico, desigual, entre los varones de los ciudad, los varones rurales… en el que las principales víctimas son las mujeres», dice Rocío. En la vida de las mujeres se da una triada perversa que vuelven vulnerables a las mujeres y a la soberanía alimentaria: el capitalismo por despojo, el impacto del extractivismo y la masculinización de la tierra. Apoyamos completamente a Rocío Silva cuando afirma que mujeres como Máxima Acuña y Lolita Chávez son paradigmas éticos en un mundo donde la ética se viene abajo.

La lideresa maya Aura Lolita Chavez Ixcaquic, defensora feminista integrante de la Red de Sanadoras Comunitarias, ha sufrido varios atentados y un intento de violación por su labor al frente del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK), fundado en 2007 para enfrentar los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en 2005 medidas cautelares para protegerla, pero han sido incumplidas por el Estado guatemalteco, según la activista. Después de amenazas, coacciones, violencia sexual, manifestaciones en su contra y campañas de desprestigio, logró salvar su vida del último atentado gracias al apoyo de las comunidades, que la ayudaron a salir de su departamento del Quiché, castigado con más de 200 masacres contra sus pueblos indígenas durante el genocidio. Lolita se enfrenta a 4 juicios por haberse enfrentado a las empresas transnacionales de su territorio. Se le acusa de terrorismo, plagio, secuestro y usurpación, delitos para los que no están previstas medidas sustitutivas y por los que sería encarcelada directamente. Quienes la amenazaron le dijeron: «Te vamos a matar pero antes te vamos a violar, y antes de violarte vamos a violar a tu hija delante de ti». Lolita Chavez termina su participación en el Seminario diciendo: «Nuestro camino es liberar nuestros cuerpos y nuestros territorios del neoliberalismo. Ese es el camino. Desafiar los poderes patriarcales».

En Perú la situación es semejante porque el patrón es continental. Mirtha Vasquez Chuquílin, directora ejecutiva y responsable del área legal de la ONG GRUFIDES así nos lo trasladó en el Seminario. Abogada de casos emblemáticos como el de Máxima Acuña, Milton Sánchez, de Choropampa, y de casi todos los dirigentes criminalizados de Cajamarca. Mirtha sigue batallando casi sin recursos y luchando contra campañas difamatorias. Además, integra el colectivo #NiUnaMenos Cajamarca, que apoya a mujeres que sufren violencia familiar. Ha recibido y sigue recibiendo permanentes amenazas. Como Lolita, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pese a las recomendaciones de dejar Cajamarca, ella sigue allí, haciendo su trabajo.

Mirtha explicó cómo se trastocan el modelo institucional y las normas jurídicas para permitir este modelo económico. Las normas y los delitos penales están pensados para perseguir a disidentes; la libertad de expresión es delito de extorsión al Estado y se puede ir 25 años a la cárcel por protestar. Hay campesinos con pedidos de cadena perpetua por haber salido a manifestarse y denuncias preventivas por todo aquello que alguien pueda cometer en un futuro. Además, explica Mirtha, en Perú ocurre pasa lo mismo que en Guatemala, «la policía se alquila por dinero a los dueños de estas grandes empresas… ¡Ponen comisarías dentro de las empresas mineras. No te puedes acercar, te reprimen… ¡te matan incluso!». Desde 2004 han sido asesinadas en Perú 204 personas por defender los derechos humanos.

La abogada que defendió con éxito a Máxima Acuña del intento de despojo de su tierra, concluye que nos quedan la movilización social como mecanismo de resistencia, pero en el movimiento social hacen falta apuestas mayores, como la defensa del territorio y temas profundos como defender nuestras formas de vida y nuestras democracias. «El litigio estratégico es fundamental, no hay que renunciar, es como hacemos para que la ley funcione. La ley funciona cuando el poder no se le impone».

Este tipo de comportamiento de las empresas, no todas en las mismas proporciones pero sí con la misma lógica o patrón, ha llevado a que varios países precisamente liderados por el gobierno de Ecuador hayan propuesto que se firme en el seno de las Naciones Unidas un Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos. Abogan porque el cumplimiento de los derechos humanos no forme parte de lo voluntario sino de los obligatorio para las empresas. El Plan de Derechos Humanos y Empresas del Gobierno de España está muy lejos de ese tratado vinculante y sigue apostando por la responsabilidad social y lo voluntario.

Sobre este Tratado habló Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), integrante del grupo intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En el año 74 se creó un centro en Naciones Unidas para elaborar un tratado internacional, una normativa sobre empresas y derechos humanos. También se formó una comisión de seguimiento sobre empresas transnacionales. Como dice Ramiro, «con el cambio en el contexto internacional y la agenda hegemónica del liberalismo, el debate en la ONU fue sustituido por el de la preeminencia de la voluntariedad. En Naciones Unidas la presión de los lobbys logró que la capacidad de crear normas vinculantes se fuera quedando en un cajón».

El comportamiento de las empresas españolas en América Latina dista mucho de ser escrupuloso en el respeto de los derechos humanos, como demuestran investigaciones realizadas, por ejemplo, en Guatemala y cuya lectura recomiendo: Hidroeléctricas insaciables- Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas, elaborada por Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis Romero. En octubre de este año también se publicado la investigación Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala a cargo de Mugarik Gabe. Estamos deseando leer la investigación de Ecologistas en Acción, de próxima publicación, El IBEX 35 en guerra contra la vida, Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista.

Por último, quiero concluir que para cambiar la situación es fundamental convencernos de que no estamos condenados a ahogarnos bajo esta ola porque el empobrecimiento, la falta de derechos, la criminalización y el miedo no son unas fatalidades permanentes, sino que son consecuencias de un proyecto político y económico. Podrán quitarnos muchas cosas, la tierra, el trabajo, la casa, la libertad, incluso en los contextos más adversos atacarán nuestra vida; pero no podrán quitarnos la capacidad de pensar y sentir profundamente que cuanto más justo, libre y fraterno sea nuestro mundo más merecerá la pena haber vivido en él. Y los defensores y defensoras de derechos humanos son los pioneros de esa nueva ola que tiene como centro la vida y la dignidad del ser humano. Haber escuchado en el Seminario del 4 y 5 de octubre a Bertha Oliva, Lolita Chavez, Omar Gerónimo, Myrtha Vázquez, Rocío Silva, Berta Sanchir nos ha ayudado a recuperar la esperanza de que otro mundo es posible porque, con su valentía y tenacidad, se está creando ya.

Sofía Duyos

Abogada especializada en derechos humanos. Desde el 2000 que trabajó en el Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ha realizado labores de investigación en materia de derechos humanos, de incidencia política y sensibilización, sobre todo en temas relacionados con violaciones de derechos humanos en Guatemala, protección de defensores/as y violencia contra las mujeres. Ha escrito abundantes artículos y coordinado diversas publicaciones sobre género y derechos humanos. En los últimos cinco años ha sido abogada litigante en el caso abierto en la Audiencia Nacional por genocidio contra el pueblo maya en Guatemala, así como asesora del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en el proceso abierto por la mencionada organización en el país contra el expresidente Ríos Montt y su director de inteligencia Rodríguez Sánchez.