Rafael Cuevas Molina | Política y sociedad / AL PIE DEL CAÑÓN

El Partido Acción Ciudadana (PAC) no se imaginaba, dos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2018, que debían realizarse el 4 de febrero, que su candidato presidencial, Carlos Alvarado, pasaría como bólido, en el mes de enero, de un cuarto lugar a disputar el primero con Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional (RN), quien también hasta entonces las encuestas ubicaban en los últimos lugares de las preferencias del electorado.

El detonante fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió la consulta facultativa remitida por el Gobierno de Costa Rica sobre si la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorgaba igualdad de derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, fallando positivamente y obligando al país a reconocer las uniones homosexuales con todos los derechos que tengan las heterosexuales, incluyendo el matrimonio.

Esta resolución funcionó como un clivaje que dividió en dos al electorado: entre los que se autocalificaban como portadores de valores cristianos, lo que en su criterio implicaba estar contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y en general respaldar la agenda que impulsan en América Latina los grupos que se caracterizan a sí mismos como profamilia; y por otro lado, quienes respaldaban valores modernos vinculados a los derechos humanos.

En este contexto, ante la arremetida conservadora y reaccionaria de RN, el PAC y su candidato aglutinaron a todos aquellos que, asustados (muy asustados) ante la posibilidad de lo que denominaron como una transformación radical del modo de ser costarricense.

Fue así como el temor que infundió la posibilidad que un grupo de cristianos neopentecostales llegara al poder con toda su agenda retrógrada, llevó a Carlos Alvarado al poder y el país respiró tranquilo. La sensación fue que Costa Rica se había salvado y que se retomaba la «vía costarricense».

Esa sensación se fue disipando rápidamente. El gobierno de Carlos Alvarado inmediatamente identificó lo que consideró el principal problema de Costa Rica, el déficit fiscal, y se abocó a resolverlo. El problema fue que la reforma fiscal que promovió, y que a la larga aprobó la Asamblea Legislativa, es una agenda regresiva que hace caer su peso fundamentalmente sobre los trabajadores.

Por primera vez en mucho tiempo, el movimiento sindical se le opuso unido, y llamó a una huelga que se transformó en la más larga de la historia de Costa Rica. Durante más de tres meses el país vivió conmocionado por los cierres de vías públicas y los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, pero final la reforma pasó.

La reforma fiscal, al igual que en su momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es un paso más en la profundización de las reformas neoliberales que vienen implementándose en el país desde los años 80, y que ha ido mudando paulatinamente el rostro de Costa Rica, transformándola en una sociedad cada vez más desigual y empobrecida.

Otras medidas tomadas en los últimos meses corroboran el rumbo elegido por el gobierno. En la caribeña provincia de Limón, la entrada en funcionamiento de lo que se ha llamado el megapuerto, concesionado a la compañía de capital holandés APM Terminals, provocó una ola de despidos en una zona ya de por sí muy deprimida, y orilló a la quiebra a la empresa estatal, JAPDEVA.

Se trata, por lo tanto, de un gobierno de derecha que se ha aliado con las fuerzas políticas que, en tiempos de su fundación allá por inicios del siglo XXI, criticó acremente y que, posteriormente, se ufanó de haber desbancado. Se trata, en primer lugar, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN), que conformaron el bipartidismo que gobernó durante toda la segunda mitad del siglo XX.

Algunas de las principales figuras del equipo de Alvarado provienen de esas tiendas; su vicepresidente, por ejemplo, y su ministra de hacienda. Asimismo, el PAC estableció una alianza en la Asamblea Legislativa este pasado 8 de mayo, fecha en la que se inicia una nueva legislatura y se elige directorio, con el PLN y… ¡los neopentecostales a los que venció en las elecciones del año pasado!

Las perspectivas ante este cuadro de situación no son halagüeñas, sobre todo porque los efectos de la reforma fiscal no empezarán a sentirse sino hasta el mes de julio de este año, y porque ya se ha anunciado que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley sobre el empleo público, que pretende recortar derechos adquiridos a través de luchas sindicales de décadas.

Carlos Alvarado dijo, textualmente, «mi motivación no es la popularidad», un día después de que el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, publicara una encuesta que le da solamente un 27 % de aprobación a su gestión, lo que significa una caída espectacular después de que, un año antes, ganara las elecciones con un 60.79 % de los votos.

Es la respuesta de todo aquel al que la opinión pública castiga con su desaprobación. El desencanto de amplios sectores de la población es evidente. Carlos Alvarado ha sido una amarga sorpresa para muchos.

Rafael Cuevas Molina

Profesor-investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Escritor y pintor.

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