Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

La mayoría de la atención ciudadana está enfocada en la corrupción que opera en los organismos Ejecutivo y Legislativo, descuidando al Organismo Judicial.

Entre los mejores ejemplos de servidores públicos honestos, valientes y verdaderamente comprometidos con Guatemala destacan las juezas y los jueces independientes e íntegros, que han dado un paso al frente, en algunos casos incluso poniendo en riesgo su vida, como elementos importantísimos de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, este grupo tan digno y valioso, es un minoría dentro del Organismo Judicial, bajo ataque y urgida de acciones ciudadanas en su defensa.

Gracias a una cobertura periodística creciente se conocen casos muy graves y descarados. Sin duda, uno de los más notables es la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, la que por sus numerosas acciones para proteger y beneficiar a los acusados de corrupción califiqué como la «sala tercera de la impunidad», integrada en noviembre de 2014 en pleno apogeo del gobierno patriotero de Pérez Molina y Baldetti. Hoy continúa siendo una de las más importantes proveedoras de impunidad, y entre sus beneficiarios destacan el hermano e hijo de Jimmy Morales, el ya difunto Álvaro Arzú Irigoyen, la familia Bitkov, Gustavo Alejos, el exministro de la Defensa Williams Mansilla, entre otros.

Pero el ímpetu corrupto y proimpunidad dentro del Organismo Judicial no se manifiesta únicamente en judicaturas capturadas con titulares afines a los intereses de grupos de corruptos o traficantes de impunidad. Cuando una jueza o un juez demuestran ser independientes e íntegros, una modalidad frecuente es recurrir a amparos y otras formas de litigio malicioso para atrasar los procesos, ganando tiempo en espera del momento en que esa jueza o juez se ausente, situación que es aprovechada vía la captura de la jueza o juez suplente. Los ejemplos de esta práctica corrupta son numerosos.

El más reciente y escandaloso es el caso de la jueza Abelina Cruz Toscano, suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, quien en una sesión a puerta cerrada otorgó medida sustitutiva, sin el pago de fianza, a la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. Por desgracia, no es el único caso, y el riesgo de que no sea el último es muy alto. Destaca también el caso de Fredy Ariel Leonardo Hernández y María Mercedes Rodríguez, jueces suplentes del titular Miguel Ángel Gálvez en el Juzgado de Mayor Riesgo B, quienes beneficiaron con medida sustitutiva a una decena de los acusados de caso La Línea.

Además de que los beneficiados por estas acciones de juezas y jueces suplentes puedan fugarse u obstruir las investigaciones y los procesos judiciales en marcha, se advierte el riesgo de que también puedan perpetrar represalias violentas en contra de quienes tuvieron la valentía de denunciarlos u ofrecer testimonios en su contra. El caso más grave es el del juez Carlos Ruano, vocal segundo del Tribunal Noveno Penal, quien en 2016 denunció a Blanca Stalling por querer obligarlo a otorgar un beneficio a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta un debate por el caso IGSS-Pisa. El juez Ruano manifestó sentirse amenazado y que su situación de vulnerabilidad se incrementa.

La lucha contra la corrupción y la impunidad debemos asumirla como un proceso lento y costoso, pero sobre todo muy difícil. Que enfrenta grupos poderosos con recursos abundantes y la agilidad de quien opera al margen de la ley, sin obligación de respetar los derechos y garantías que sí debe respetar la justicia.

Es en el Organismo Judicial en donde la lucha contra la corrupción y la impunidad está más atrasada.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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