-Edgar Rosales / DEMOCRACIA VERTEBRAL–

Usted me va a disculpar, pero luego de transcurridos algunos días después de la captura de Álvaro Colom y su Gabinete, estoy convencido de que el Ministerio Público y la Cicig, en el caso Transurbano, no actúan inspirados en propósitos de justicia ni en valores de equidad. Lo he manifestado en ocasiones anteriores: uno puede aplaudir y respaldar la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero de ninguna manera se puede avalar acciones que no estén ejecutadas con base en fundamentos legales.

Me explico: no tengo la menor duda de que el mencionado proyecto de transporte, a juzgar por lo presentado en conferencia de prensa tras la aprehensión mencionada, presentó vicios desde su nacimiento, si es que no se observaron detalles jurídicos que le daban transparencia, o que un excelente profesional -pero mal político- como Juan Alberto Fuentes Knight cometió el pecado técnico de no sustentar el Acuerdo Gubernativo con la documentación correspondiente.

Sin embargo, el anterior argumento causa dudas muy serias: ¿alguna vez se había exigido tales requisitos a otros gobiernos para trasladar recursos similares a los transportistas? En efecto: la entrega del famoso y corrupto subsidio al transporte urbano jamás fue otorgado con base en estudios de factibilidad ni nada por el estilo. Se entregaba y punto.

El grave error de Colom fue haber emprendido una acción que indudablemente tenía buenas intenciones -transparentar el empleo del subsidio, su monto y destinos- pero que al hacerlo bajo la figura de «Aporte Económico de Inversión» se volvió sospechosa para los abundantes enemigos de su administración. Y es que, en esencia, no se trataba de algo nuevo y distinto del tal subsidio con que se premió durante muchos años a los mafiosos empresarios. A partir de la vigencia del Acuerdo ello cambió, porque sería posible saber en qué y cómo se iba a utilizar el dinero.

Esto nos lleva a otra cuestión: se afirma que el Gobierno no está facultado para entregar recursos a entes privados. ¿Cómo, entonces, desde 1976 se le daba el subsidio a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEUA) si fuese cierto que la ley no faculta al Ejecutivo para trasladar recursos a empresas privadas? Fácil: porque fue inscrita como ONG desde 1961 y no como sociedad anónima (Escritura Pública número 84 del 15 de noviembre de 1961, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, libro número 1, partida número 45094). Por ello, la Contraloría la audita dentro del renglón de Organizaciones No Gubernamentales y Otras Instituciones Civiles.

Otra interrogante que ensombrece la acción investigadora: ¿para llevarse presos al expresidente y sus ministros, era necesario que transcurrieran más de dos años de investigación, y finalmente no presentar más pruebas que sus firmas en el Acuerdo -con sus anomalías, claro está-? Además, en la citada conferencia de prensa se admitió taxativamente que no hay pruebas de que los firmantes del documento se hubiesen beneficiado directa o indirectamente de los recursos trasladados.

¿Y dónde quedan los cargos contra los verdaderos ladrones, léase Luis Gómez González, Rudy Leonel Maldonado Castillo, alfiles de Manuel Baldizón, quienes sí se repartieron los recursos del Transurbano cual botín de guerra? Si se habían emprendido acciones de extinción de dominio contra el primero de los mencionados, por sospechas de lavado ¿por qué en el caso que los involucra, la investigación no ha llevado a deducir otras responsabilidades?

Con todos estos datos, usted me va a disculpar pero esto suena (y huele) a montaje político. A que la Cicig y el MP sucumbieron ante la presión de los paracuandistas y el continuo asedio de la Fundación Terrorista y sus adláteres netcenteros. Y sobre todo, que la fiscal general, Thelma Aldana está en plena campaña por la Presidencia de la República, pese a encontrarse todavía en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Todo sugiere que su última carta de lanzamiento será el inicio de casos de alto impacto (mediático) como este del Transurbano. Total, si el MP no puede sustentar su acusación, ella ya no estará para asumirlo. Y si el asunto, eventualmente, llegara a juicio y se demostrara la inocencia de los encartados, la para entonces exfiscal tendría argumentos suficientes para decir: «Ya ven, yo hice lo posible, pero los jueces obstaculizaron mis esfuerzos». Una estrategia muy audaz pero muy burda, que sin lugar a dudas le ayudará a echarse entre la bolsa a muchos incautos.

Esta percepción no es nueva: son muchas las personas que se han dado cuenta de que Aldana, si bien fue enfática y definida en cuanto a su decisión de no repetir como fiscal general (porque jamás sería nombrada por Jimmy Morales), no es igualmente categórica cuando se le cuestiona acerca de sus pretensiones presidencialistas. En todos los medios donde ha sido entrevistada su respuesta ha sido ambigua y demagógica, pero muy evidente en su trasfondo.

Eso sí, lo que no está seguro es que pueda postularse. Y es que no es para nada descartable que, una vez fuera del MP, lluevan las denuncias en su contra para inmovilizar sus aspiraciones, especialmente por parte de las de personas dolidas porque se les mantuvo en prisión durante más tiempo del que les hubiese correspondido en caso de emitirse sentencia desfavorable.

Lo que no midieron Cicig y MP es que el caso Transurbano, que no involucra a los funcionarios señalados como parte de alguna estructura mafiosa -como sugieren algunos periodistas descerebrados y contaminados por odio visceral-, al final del día constituye uno de los retos más fuertes para su credibilidad. Quizá el más vigoroso de todos. Y es que si no se presentan pruebas fehacientes, rotundas e irrebatibles de que hubo coparticipación en actividades ilícitas (que es lo que se ha hecho creer a todo el mundo) y que todo lo que tienen es la suscripción de un Acuerdo Gubernativo -con anomalías o como se quiera denominar-, entonces sí se perderá la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Y una vez más, usted disculpe. No estoy en contra de los entes investigadores, aún entendiendo las acciones políticas que están jugando. Lo que exijo es que actúen dentro del marco legal y los cánones éticos, porque son las vías deseables para fortalecer su credibilidad. Tampoco soy seguidor de la Fundaterror ni amigo del señor Colom. Al contrario, hay testigos de las discusiones acérrimas que con este último hemos sostenido en más de una ocasión y tengo sobrados motivos para despreciarle por irrespetuoso y abusivo.

Lo que señalo, simple y sencillamente, son las dudas y especulaciones (ojalá sean solo eso) que ensombrecen la persecución penal iniciada en este caso y que, en su lugar, deberían ser las más prístinas e incuestionables jamás presentadas.

Así que, si quiere dígame agorero por ahora. Dentro de muy poco verá que estaremos en capacidad de discernir lo falso y verdadero; lo jurídico y lo político; el drama y la comedia detrás de este famoso caso.

Fotografía principal tomada de YouTube.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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