Guatemala, 07 de enero de 2019

El Consejo Editorial, así como las y los columnistas de gAzeta abajo firmantes, ante la manifiesta desobediencia del presidente de la República y su gabinete a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, respecto al otorgamiento de las visas y permitir el libre acceso y movimiento dentro del país al personal de la Cicig y del propio comisionado Iván Velásquez, así como del intento por separar de sus cargos a los magistrados de esa Corte por las resoluciones que, en apego al marco constitucional, han tomado al respecto;

MANIFESTAMOS

1. Nuestro total rechazo al rompimiento del orden legal y constitucional que el Gobierno de Guatemala está llevando a cabo, al desconocer las resoluciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad y, con ello, los principios que rigen el marco jurídico en que se sustenta el régimen democrático guatemalteco.

2. Nuestra condena a la retención que, ilegalmente y durante más de 24 horas, las autoridades migratorias hicieron del investigador de la Cicig, el señor Yilen Osorio Zuluaga, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como a la insistencia en prohibir la entrada al territorio nacional de otros miembros de esa Comisión, incluido su principal responsable, el comisionado Iván Velázquez.

3. Nuestro apoyo a las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en contra de las acciones, que de manera arbitraria e ilegal, han realizado el presidente de la República y su gabinete, quebrantando los principios legales básicos sobre los cuales descansa el pacto político y social del Estado guatemalteco.

4. Nuestra total y absoluta solidaridad con los miembros de la Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público que, en estricto apego al orden jurídico existente, y a pesar de las amenazas públicas que el gobernante y su grupo les han hecho, han conseguido mantener vigente el Estado de derecho.

5. Nuestra repulsa al claro intento del actual Gobierno por legitimar, a través de la fuerza, su desobediencia civil, con el claro interés por salvaguardar los intereses personales del presidente Morales, de sus más cercanos colaboradores y empresarios que le sostienen.

Por todo ello:

DEMANDAMOS

1. La renuncia del señor presidente y la destitución de los ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación por su insistente desobediencia ante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

2. La persecución penal, por parte del Ministerio Público, a los funcionarios públicos que han desobedecido las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, a fin de asegurar a la población guatemalteca la preservación del ordenamiento constitucional.

3. La sanción, con todo el rigor de la ley, a los funcionarios que ordenaron y permitieron que durante más de 24 horas se retuviera, ilegalmente, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, al investigador de la Cicig, señor Yilen Osorio Zuluaga.

4. El acatamiento por parte de la Policía Nacional y autoridades migratorias del ordenamiento jurídico guatemalteco y, en consecuencia, asegurar la ejecución de las resoluciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad, en particular con las vinculadas al ingreso y libre locomoción, dentro del territorio nacional, de todos los funcionarios de la Cicig, incluido el comisionado Iván Velázquez.

5. La intervención activa de la comunidad internacional y, en particular, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Gobierno de Guatemala respete y proteja los derechos de los funcionarios nacionales e internacionales vinculados a la Cicig.

6. La convocatoria a un diálogo nacional, con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales del país, para la búsqueda de una salida legal y racional a la crisis provocada por el Gobierno, que permita el fortalecimiento del Estado de derecho, para el bien de toda la población.

Llamamos a los ciudadanos y las ciudadanas que conforman el pueblo de Guatemala, y de donde emana todo poder, a que ejerzamos acciones en apoyo al retorno del orden constitucional, cada quien en nuestros propios espacios y contextos, con la certeza de que, sin el apoyo ciudadano, es impracticable salir de esta crisis nacional a que nos ha llevado el Pacto de Corruptos.

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