-Frank LaRue Lewy | PUERTAS ABIERTAS–

El actual proceso electoral guatemalteco ha sido un enjambre de complejidades desde su inicio, y para alguien que no conozca el país se volverá absolutamente difícil de entender.

Este es un país ya sumido en una crisis institucional de Estado derivada de años de extrema corrupción en círculos gubernamentales y de ejercicio arbitrario del poder con nepotismo y falta de una visión estratégica de futuro, pero, adicionalmente complejo, porque la crisis del sistema de justicia e impunidad ha permitido el crecimiento acelerado del crimen organizado y sus vínculos con la institucionalidad del estado, desde lo local hasta lo nacional. Además, el gobierno del presidente Morales, por razones puramente personales se permite expulsar al comisionado de Naciones Unidas que dirige la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala) y a gran parte de su personal internacional, que constituye la única experiencia positiva para enfrentar la gran corrupción y el crimen organizado, así como los abusos de la élite económica. Adicionalmente, su ministro de Gobernación se dedicó a desmantelar el avance que se había obtenido –durante varios años– en la profesionalización de los mandos de la Policía Nacional Civil y la actual fiscal general se ha dedicado a retardar los casos iniciados por Cicig y desarticular las fiscalías especiales capacitadas por esa institución.

Es en este contexto que se desarrolla el proceso electoral y las elecciones generales de Guatemala, lo anterior nos da elementos para entender dichas elecciones. Para explicarlas mejor, se hace necesario dividir el proceso electoral en tres etapas diferenciadas:

1. La primera etapa se da desde la convocatoria a elecciones hasta el día mismo de la votación general. Esta etapa fue decisiva en marcar, no solo el resultado mismo de las elecciones sino el rumbo que seguiría el país, pues es la etapa en la que se define quienes participan como candidatos.

   Lo más preocupante es que las elecciones están seriamente cuestionadas por una serie de decisiones ilegítimas e ilegales que deben ser explicadas en el futuro. Se anuló la candidatura de Thelma Aldana por el Partido Semilla, quien gozaba de amplio apoyo popular y representaba la única perspectiva real de cambio en el país, habiendo sido fiscal general que trabajó con la Cicig en el pasado. Esta decisión se basó en la manipulación de 6 demandas absurdas planteadas por la extrema derecha del país, que sirvieron de excusa para que la Contraloría General de Cuentas, manipulada por un partido político, le retirara el finiquito necesario para participar.

   Adicionalmente, en este periodo se inscribe a Sandra Torres como candidata por la UNE, pues el MP retrasó los procesos, que, contra ella, tenía planteados la Cicig, los cuales se llevan al tribunal un día después que ella se inscribe como candidata, lo que le brinda la inmunidad que ella necesitaba.

   Cabe mencionar que, durante este periodo, varios candidatos sin finiquito, lo obtienen de forma anómala e ilegal, planteando un amparo ante un tribunal de un pequeño pueblo de la Costa Sur para exigir que la Contraloría General de Cuentas se los emita, lo cual tuvo que ser revocado, pues dicho tribunal no tenía competencia para conocer estos amparos. También es digno de mencionar el caso del candidato presidencial Mario Estrada por el partido UCN, que ya se encontraba inscrito para la contienda electoral, pero que fuera detenido por el sistema de justicia de Estados Unidos en Miami, por estar negociando supuestamente con el Cartel de Sinaloa los términos en que entregaría el control de aduanas, puertos y aeropuerto de Guatemala, y que adicionalmente pediría la ejecución de Thelma Aldana.

   Dentro de todo este periodo, uno de los actos más significativos se da una semana antes de las elecciones, cuando el Ejército de Guatemala decide movilizar las Patrullas de Autodefensa Civil y el Gobierno acepta pagarles un supuesto resarcimiento por reforestación en varios puntos geográficos del territorio, lo cual implicó una compra descarada de votos a esos patrulleros por parte del candidato oficial del partido FCN. Cualquiera que sea la explicación que el Gobierno pretenda dar, ninguna justificación cabe, porque este pago se realiza una semana antes de las elecciones y no después de las mismas, además de los cuestionamientos legales que se hacen sobre qué es lo que se está pagando.

   Esta primera etapa electoral dejó ya un gran pesimismo en la población, pues fijó arbitraria e ilegalmente las candidaturas por las cuales la población podía votar limitando severamente la credibilidad de este proceso.

2. La segunda etapa fue el mismo día de las elecciones generales, y el ejercicio ciudadano al voto. A pesar de la desconfianza que generó la primera etapa y la eliminación de las alternativas, era obvio que la población decidió ejercer su derecho al voto, tratando de rescatar la institucionalidad democrática. Con los observadores en 50 municipios de Mirador Electoral y con las noticias de prensa posteriores, pudimos determinar que el día de las elecciones transcurrió sin mayores problemas, salvo en el municipio de San Jorge, Zacapa, lo cual era un gran éxito, pues demostraba la normalidad de un proceso electoral y el recuento de votos se hizo a mano en cada mesa electoral, sin escándalos e impugnaciones serias que pudiesen comprometer el proceso. Tal vez el único tema que merece la pena mencionar es que se redujo el número de votantes en comparación con procesos anteriores.

3. La tercera etapa específicamente contribuye a la profunda confusión por situaciones absolutamente sorpresivas, pues lo que fue un ejercicio de votación estable, pacífico y en orden, se volvió confuso, ya que la digitalización del mismo hacia el banco electrónico de datos del Tribunal Supremo Electoral, se da con severas deficiencias, en las cuales no solo NO coinciden los resultados con el conteo a mano de los votos, sino, además, con problemas del software en cuanto a la aplicación de la fórmula de minorías.

   Esto inmediatamente profundizó la falta de credibilidad en el proceso, en el cual varios partidos denunciaron fraude y otros enfatizaron en sus protestas la incompetencia del TSE sobre el manejo de la crisis, pero sin considerar que fuese fraude. Lo más sorprendente de esta etapa fue que el mismo presidente de la República se permitiera salir cuestionando el proceso electoral, insinuando un fraude electoral y que quizá se debían repetir las elecciones, muy conveniente para él, pues eso lo prolongaría en el poder.

   Mirador Electoral y otras misiones de observación aclararon, prontamente, que, si bien hubo errores serios en el registro informático del TSE en la base de datos, estos no constituían fraude porque no estaban inclinados a apoyar un partido o candidato alguno, sino que simplemente eran expresiones de incompetencia.

El mismo TSE se ha disculpado por estos errores y está realizando un cotejo de las actas de forma manual, para tener la exactitud en el dato final antes de la segunda vuelta. Este hecho viene a demostrar la necesidad de modernizar la ley y los procedimientos de las autoridades electorales para hacerlos eficientes.

Es importante mencionar que el Cacif y el sector empresarial han insistido que todos estos problemas derivan de las reformas a la LEPP y que hay que revisarlas. Las reformas a la Ley Electoral son incompletas y deben ser ampliadas, pero no son las responsables de estas elecciones, el desorden de estas elecciones se debió a la incompetencia del Departamento de Informática del TSE y la primera etapa de impugnaciones ilegítimas que llevó a una etapa de judicialización innecesaria de este proceso. Las reformas mantienen, como eje central, generar transparencia en el manejo de fondos en el proceso electoral, tanto para el financiamiento de las campañas, como para la gestión de fondos de los partidos, e igual con la utilización de recursos económicos para la publicidad electoral pagada, sea esta en efectivo o en especie, que constituían prácticas deshonestas en el pasado y no deben repetirse en el futuro. No debe ser la cantidad de dinero el factor decisivo que determina quien ganó o no el proceso electoral, sino quien se gana la confianza de la población, por lo que las reformas deben mantenerse y ampliarse. Es la transparencia en el proceso electoral la que dará una mayor confianza al proceso.

En estos momentos nos encontramos ante las perspectivas de una segunda vuelta que presenta dos opciones, ambas cuestionadas por motivos similares, pero con agendas políticas e ideológicas diferentes. Como siempre, las decisiones no son las que desea la población, pero decidir se vuelve un ejercicio inevitable de responsabilidad ciudadana.

Quienes apoyamos el trabajo de Cicig y quienes creemos en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia debemos insistir en que estos candidatos a la Presidencia, si es que en verdad creen en la lucha contra la corrupción y la impunidad, se comprometan a mantener vigente el mandato de Cicig que se vence en septiembre, el cual puede ser modificado en algunos aspectos administrativos, y por supuesto el nombre puede ser cambiado, pero debe mantener el carácter de «ente internacional de investigación totalmente independiente que alimente los procesos que establezca el Ministerio Público».

Quien no esté de acuerdo en crear o mantener un instrumento de esta naturaleza tan necesario para el país, está demostrando a la ciudadanía que tiene compromisos ilegítimos e ilegales, y que más bien tendrá un gobierno entreguista.

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Frank LaRue Lewy

Abodado, periodista, catedrático universitario e investigador en derechos humanos. Ganador del «Pioneer Award» en 2014, otorgado por la Electronic Frontier Foundation. Ha desarrollado su experiencia como académico y activista de derechos humanos durante 35 años. Actualmente es miembro y asesor en temas de libertad de expresión para el equipo de Fundamedios en Washington DC, Fundación Latinoamericana de Medios y Periodismo. Presidente de la Junta Directiva del Instituto DEMOS/Guatemala.
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