-Ruth del Valle Cóbar / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS–

En el lugar donde se ubicaba la zona militar N°. 21 en Alta Verapaz se han encontrado 558 osamentas humanas que indican que se cometió desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual contra mujeres, entre 1981 y 1988. En esos años, las personas escuchaban que en la “zona” los tenían detenidos, pero nunca lograron que las autoridades les dieran información. Cabe mencionar que para construir la zona militar fueron desalojados los pobladores de la comunidad Chocoyogüito.

Según los hechos reconstruidos, el 28 de diciembre de 1981 el Ejército realizó un operativo en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, llevándose al menos a tres personas que nunca volvieron; ese mismo mes también se habían llevado a un habitante de San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, que nunca regresó; en febrero de 1982 se llevaron a varios hombres de Chisec a quienes tuvieron en la zona militar y nunca regresaron; el 13 de mayo elementos del Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil asesinaron aproximadamente a 80 pobladores de Río Negro, San Cristóbal Verapaz, trasladando a los sobrevivientes mujeres y niños a la zona militar 21; el 2 de junio un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, llevándose a 75 hombres jóvenes de la aldea, supuestamente para el servicio militar; estos nunca volvieron a la aldea ni a ver a sus familias.

Hoy funciona allí el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), un proyecto del Ministerio de Defensa y Naciones Unidas para los cuerpos de paz de esta.

Se hallaron cuatro fosas donde se encontraban enterradas las personas, al menos 90 eran menores de edad; 387 pertenecen al sexo masculino y 47 al femenino, no se pudo determinar el sexo de 124 debido al daño en los huesos. Muchos de ellos estaban con los ojos vendados o amordazados, lazos en el cuello o tobillos, argollas de plástico en las muñecas y tobillos, tiro de gracia; había muestra de haber sido asesinados con mucha violencia. Se han identificado poco menos de 100 de las víctimas. Entre ellas hay personas Q’eqchi’, Pocomchi’, Ixil, Achi’ Y K’iche’, provenientes de diversos lugares, como Pambach, Río Negro, Barrio San Sebastián, Chiacal y Caserío Chituj de San Cristóbal Verapaz, Chisec, entre otros.

Es importante recordar que casi el 20 % de los testimonios presentados ante el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) se referían a enterramientos en fosas comunes; en muchos casos hicieron que las propias víctimas cavaran las fosas previo a ser asesinadas.

Por los casos de Creompaz han sido acusados 10 excomandantes y exoficiales que pertenecieron a dicha zona militar, entre los cuales destaca Benedicto Lucas (entonces jefe del Estado Mayor del Ejército), Edgar Ovalle Maldonado (entonces oficial S-3), Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser (comandante de la zona militar 21 de Cobán, luego se trasladó a comandar la zona militar en Ixcán, Quiché, donde se cometieron al menos 8 masacres en su período; posteriormente fue ministro de Gobernación de Ríos Montt). Catorce militares de alto rango fueron capturados en enero de 2016 y en junio fueron enviados a juicio ocho de ellos, pero se cerró el caso en relación con 35 víctimas, aduciendo inconsistencias. Asimismo, la jueza Claudette Domínguez omitió pronunciarse en relación con 90 víctimas. Los querellantes reclamaron que esto limitaba el derecho a la justicia y que la jueza se había excedido en sus funciones, asumiendo las correspondientes a un tribunal de sentencia.

A partir de diversos recursos presentados por los querellantes, el 4 de julio de 2017 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución respaldando la decisión de la jueza y de la sala de apelaciones; el 2 de agosto se presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad para lograr que las más de 125 víctimas sean integradas al proceso penal.

La fiscalía ha argumentado que los hechos respondieron a una política contrainsurgente, como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional que consideraba “enemigo interno” a la población civil.

Estos hechos se suman a las masacres cometidas por el ejército y las PAC en Alta y Baja Verapaz, en Plan de Sánchez, Rabinal, Río Negro, Chichupac, Xococ, Panacal, Pichec, Rocjá Pasacuc, San José de Río Negro, Sanimtacá, Salquil, Chiquigüital, Najtilabaj, Chituj, Panzós, Yalijux, Oxlajujá, Semuy, Raxhrujá, Chisec, Sawachil, Chahal, entre muchas otras.

Fotografía tomada de Nisgua.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

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