-gAZeta-

26 de abril de 2018

Senador Roger F. Wicker, presidente
Senador Ben Cardin, miembro de rango
Representante Chris Smith, copresidente
Representante Alcee L. Hastings, miembro de rango
U.S. Helsinki Commission

Estimados senador Wicker, senador Cardin, representante Smith y representante Hastings:

Como organizaciones y expertos trabajando en temas de anticorrupción y estado de derecho, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por las acusaciones infundadas de injerencia rusa en el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que amenazan con socavar la legitimidad y la credibilidad de uno de los mecanismos más exitosos para combatir corrupción y crimen organizado en el hemisferio occidental. Los esfuerzos de la Cicig en Guatemala han sido fundamentales para el exitoso desmantelamiento de las redes criminales, la reducción de la criminalidad, la lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la capacidad de investigación de las instituciones locales; está en el interés de EE. UU. continuar el apoyo político y financiero bipartidista a la Cicig que el Congreso ha previsto la última década.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fue creada en 2007 a solicitud del Gobierno guatemalteco y con el apoyo de las Naciones Unidas para investigar y desmantelar grupos de seguridad paralelos que continuaron operando en el país después del final del conflicto armado interno de 36 años. Estas redes delictivas están profundamente arraigadas en las instituciones guatemaltecas y tienen vínculos con el crimen organizado transnacional. Sus actividades ilícitas fomentan la impunidad y la corrupción, socavan la gobernanza democrática, empoderan grupos delictivos, y conducen a la violencia y graves violaciones de los derechos humanos. Reconociendo las amenazas que estas organizaciones delictivas presentan en Guatemala e internacionalmente, el Congreso de los EE. UU. posee fondos asignados para apoyar a la Cicig desde su inicio.

A diferencia de otros mecanismos internacionales, la Cicig es un organismo de investigación independiente que opera bajo la ley guatemalteca y depende del sistema de justicia local. Esta nueva configuración significa que Guatemala no está simplemente externalizando su sistema de justicia, sino que depende de la experiencia de la Cicig para trabajar mano a mano con los fiscales del país y en sus casi 11 años de existencia, las investigaciones de la Cicig han resultado en la acusación del expresidente y la ex vicepresidente, así como el enjuiciamiento de varios oficiales prominentes del Gobierno, docenas de narcotraficantes poderosos, anillos de extorsión, políticos y oficiales de seguridad superior. Las investigaciones han expulsado a más de una docena de jueces corruptos y miles de oficiales de policía.

Si bien su trabajo para investigar casos de alto impacto ha atraído la mayor atención, la Cicig ha jugado un papel fundamental en el impulso de la capacidad de investigación del Ministerio Público de Guatemala, promoviendo la adopción de reformas legales, y herramientas y técnicas de investigación modernas. Sus esfuerzos han contribuido a una importante reducción de la tasa de homicidios en Guatemala, que cayó de 45.1 por 100 000 en 2009, el año más violento en la historia reciente del país, a 26.1 en 2017, y ayudó a reducir la tasa de impunidad para crímenes violentos de 98 por ciento en 2008 a 87 por ciento en 2016.

Sus contribuciones para garantizar el respeto del estado de derecho le han valido el apoyo del pueblo guatemalteco; encuestas de 2017 muestran que el 70 por ciento de la población tiene confianza en la Cicig y 57.8 por ciento en el Ministerio Público, uno de los niveles más altos de confianza para una institución local. Al mismo tiempo, la confianza de los guatemaltecos en la capacidad del sistema judicial para los delincuentes procesados se duplicó en 2017 en comparación con años anteriores.

Si bien estos avances son importantes, aún queda mucho por hacer para consolidar y ampliar este progreso. El establecimiento de un sistema de justicia penal funcional, imparcial e independiente es uno de los mayores desafíos de Guatemala. Por eso es crucial que la Cicig pueda continuar su trabajo.

No es de extrañar que la Cicig y los esfuerzos de la fiscal general hayan enfrentado un rechazo de los sectores dentro y fuera del Gobierno en Guatemala. Muchos han tratado de socavar la agenda anticorrupción a través de campañas de difamación, cabilderos, legislación destinada a proteger a los corruptos funcionarios e individuos influyentes de la persecución, y un intento fallido del presidente Jimmy Morales al declarar al comisionado de la Cicig no grato.

A partir de 2010, la Fiscalía General inició una extensa investigación para desmantelar una red criminal que opera dentro del sistema de inmigración guatemalteco, en donde la Cicig se unió como codemandante (querellante adhesivo) en 2013. Debido a la excelente cooperación entre la Fiscalía General de Guatemala y el Gobierno de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos jugó un papel clave durante la primera fase de la investigación. La investigación ha sido de importancia crítica para la seguridad de los Estados Unidos, ya que tiene personas identificadas que socavan la seguridad tanto de Guatemala como de los Estados Unidos. Tuvo éxito identificando y enjuiciando a docenas de individuos, desde funcionarios públicos de alto nivel hasta agentes de aduanas. Este caso de migración ha sido clave para garantizar que Guatemala no se utilice como refugio para criminales extranjeros o como país de tránsito para las redes de tráfico de personas y contrabando.

La familia Bitkov fue arrestada como parte de esa investigación y acusada de serias ofensas criminales, incluida la compra de identidades falsas y documentos de inmigración guatemalteca oficiales.

No hay evidencia de que la familia Bitkov haya sido acusada como resultado de la interferencia de parte del Gobierno ruso en este caso. El caso debe ser evaluado por sus méritos. Mientras el sistema de justicia criminal guatemalteco ciertamente necesita ser mejorado, y los abogados de Bitkov pueden disputar los detalles de su caso, las acusaciones infundadas sobre interferencia rusa solamente empoderan a aquellos en Guatemala que buscan descarrilar los avances logrados en los últimos diez años para enfrentar la corrupción, la inseguridad y el crimen que llevan a muchos guatemaltecos a emigrar.

Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo el papel crucial que desempeña la Cicig en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y esperamos que el Congreso de EE. UU. continúe apoyando su trabajo crítico.

Finalmente, amablemente solicitamos que esta carta sea incluida en el registro oficial de la audiencia, «El largo brazo de la injusticia: ¿una comisión de la ONU creada para luchar contra la corrupción ayuda a Kremlin a destruir una familia rusa?» sobre el caso de Bitkov y la Cicig que se llevará a cabo el viernes 27 de abril.

Sinceramente,

Sarah Chayes
Experta en corrupción internacional
Autora ganadora del LA Times Book Prize Thieves of State: Why Corruption Threatens Global
Security

Dr. Louise Shelley
Titular de la cátedra de Omer L. and Nancy Hirst
Directora de Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC)
Profesora universitaria de Schar School of Policy and Government
George Mason University

El honorable Francisco Villagran de León
Exembajador de Guatemala en Estados Unidos
Profesor invitado en Elliott School of International Affairs,
George Washington University

La honorable Claudia Escobar
Exmagistrada de Guatemala,
Georgetown University

Jodi Vittori
Profesor adjunto,
Georgetown University

Michael Loughnane CFE, CAMS
Presidente/dueño
Loughnane Associates, LLC

Thomas Creal, CPA
Antiguo miembro del panel de expertos de la ONU y experto principal para el equipo de trabajo 2010 en Afganistán

Thomas Pogge,
Profesor Leitner de Filosofía y Asuntos Internacionales
Yale University

Transparency International
Freedom House
Impunity Watch
Global Financial Integrity
Oxfam America
Washington Office on Latin America (WOLA)
CEJIL (Center for Justice and International Law)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Latin America Working Group (LAWG)
Guatemala Human Rights Commission
CARECEN DC
Pax Advisory

Puede descargar aquí la carta original en versión PDF.