-Byron R.Titus / TRANSFORMACIÓN–
Nada nuevo bajo este cielo. El pasado jueves 16, durante su visita al preventivo, el ministro de Gobernación Juan Francisco Rivas Lara afirmó que los bloqueadores de señal telefónica no funcionan, “no sirven”. Obviamente los bloqueadores de la falta de vergüenza y del descaro tampoco funcionan.
Falta de vergüenza porque esto no es nada nuevo. Es del pleno conocimiento de esta y las anteriores administraciones que estos aparatos “de alta tecnología” -como en su momento quiso hacer creer a los constituyentes el anterior ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, hoy detenido en una cárcel vip- no funcionan, y nunca han funcionado. Dichas mejoras tecnológicas “para reducir la extorsión proveniente de dentro de las cárceles” han servido solamente para justificar compras fraudulentas de aparatos inútiles (aproximadamente Q 25 millones le costó esta farsa a la Gremial de Comunicaciones) cuyos excedentes fueron a parar, sin duda, a las arcas de los ahora detenidos vip.
Descaro, porque no es responsabilidad de la Gremial de Telecomunicaciones ni de las compañías telefónicas la seguridad dentro y fuera de las cárceles. Es absolutamente obligación del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, según se publicó el 17 de este mes en elPeriódico (nota de Cindy Espina), el ministro le pidió a las empresas de telefonía celular “que cumplan con su responsabilidad social porque considera que las extorsiones suceden desde los centros carcelarios debido a que las personas que cometen estos delitos reciben señal en sus teléfonos”. ¡Qué belleza! ¿Entonces dónde queda su responsabilidad Sr. ministro, Sr. director del Sistema Penitenciario, Sres. directores de los distintos centros carcelarios? La responsabilidad de garantizar la seguridad social y velar porque dentro de la cárcel no haya armas, obviamente los teléfonos celulares mal utilizados dentro de un sistema carcelario pasan a constituirse en armas que atentan contra la seguridad ciudadana ¡por eso, nada más, son prohibidos en todos los sistemas carcelarios del mundo!
Además, el Sr. superintendente de Comunicaciones, Raúl Solares, elaboró un informe sobre las consecuencias negativas para las comunidades externas de reducir las áreas de cobertura de señal a los centros penitenciarios. En efecto, como sucede por ejemplo alrededor de la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, donde varios de los vecinos del área, incluyendo negocios de turismo, no tienen señal por estas medidas arcaicas.
Sé que no se pude esperar mucho de ellos, pero ¿por qué no recurrir al sentido común? Hacer un verdadero esfuerzo por evitar la entrada de teléfonos celulares a los centros penitenciarios, implementar reglamentos serios de seguridad, proveer al personal de seguridad de herramientas apropiadas para trabajar, capacitación necesaria, seguridad personal, apoyo tecnológico y sueldos dignos. Proveer el servicio a los privados de libertad que se merezcan el “privilegio” de comunicarse por teléfono, pero monitoreado por sistemas seguros administrados por entes profesionales y transparentes.
¿Por qué no darle oportunidad a profesionales capaces de solucionar este y otros problemas que afectan a nuestra sociedad? A otros que en lugar de estar culpando a otros tengan, cuando menos, la entereza de saber que sus bloqueadores personales de incapacidad y dignidad “no sirven”, y de que nuestro país se merece más que pajas y excusas, trabajadores capaces e íntegros. 
Fotografía tomada de elPeriódico.
Byron R.Titus
Sociólogo, investigador científico y transformador. Conferencista y asesor internacional. Actualmente director del Regional Resource Center en Webster MA. Fundador y director del Centro de Transformación a la Excelencia. Vivo fuera de Guatemala desde la noche del dia de la virgen de Guadalupe 1975. Mi cumpleaños es el 15 y 16 de julio, resido -hasta que San Juan baje el dedo- en Nueva Inglaterra, EUA. Amante de las artes, particularmente la literatura y la música.
Un Commentario
Estimado Byron:
Estas en lo correcto. He de hacer de tú conocimiento que, en cuanto al tema de los bloqueadores, fue durante la administración del gobierno del Lic. Oscar Berger, a través de la Ministra de Gobernación Licda. Adela Torrebiarte y Dr. Alejandro Giamatei quien fungía como Director del Sistema Penitenciario en octubre 2006 quien contactó a la empresa ALCOM (como único oferente¡¡¡¡????) proveedora propiedad del Sr. Ordoñez Job, y luego, al retirarse del cargo el Sr. Giamatei, fue firmado por Licda. Margarita Castillo, en el mes de noviembre del año 2007 como Directora del SP (ella estuvo los últimos 08 meses del gobierno de Berger a cargo del SP). Desde ese entonces fue cuando se adquirió el equipo y fue instalado durante mi administración en el Sistema Penitenciario en el año 2008 con un costo de 21 MILLONES de quetzales. Sin embargo, al no bloquear totalmente la señal de teléfonos celulares desde las prisiones, no se recibió el proyecto y se le exigió a la empresa proveedora ALCOM para que cumpliera con el contrato, pero, nunca logró bloquear el 100% la señal, sino oscilaba entre 80 y 85%, pues quedaban espacios ciegos no cubiertos. Por ello fueron denunciados sus directivos el 20NOV2009 y ratificada la denuncia en el mes de JUN2010 en la Agencia No. 09 de la Fiscalía Distrital Metropolitana del Ministerio Público, pero, a pesar de las evidencias presentadas, el Ministerio Público no le dio seguimiento al caso e ignoro la razón. Los directivos de la empresa ALCOM hacían responsables a los reclusos de la Mara 18 y Salvatrucha del mal funcionamiento, aduciendo que eran ellos los que cortaban la señal de las 40 antenas bloqueadoras, cosa que era una vil mentira, ya que a ellos les quedaron las llaves de las cajas de control de acceso a los bloqueadores al no recibirse el proyecto, pues no querían hacerse responsables del daño causado. Del costo total del proyecto, sólo se hicieron dos pagos de cuatro pues así estaba pactado según contrato accesorio. Luego, se le exigió a dicha empresa pagar el daño producido al Estado, por lo que se le exigió activar la fianza de garantía que era de aproximadamente 02 millones de quetzales. Hasta la fecha no se sabe nada. Sospecho que hay personas de «cuello blanco» de ese gobierno que estuvieron involucradas en las negociaciones y de la mala adquisición de los bloqueadores. Saludos amigo.
Mgtr. Art. Eddy Amilcar Morales Mazariegos
Sociólogo, Criminólogo y Criminalista
Docente Universitario de la USAC y Esc. Criminología de la UMG
Ex Dir. Gral. Sistema Penitenciario de Guatemala
31JUL2008 al 31MAR2009 y del 05AGO2009 al 24ENE2012
Correo electrónico meddy3831@yahoo.com
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