Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

El problema de ir a una consulta popular como la del próximo domingo 15, es que la población a la que se convoca no sabe siquiera por qué se la llama a emitir un voto. Desafortunadamente, como ocurre con todos los asuntos vitales de este país, hay un desconocimiento tan profundo de la historia porque su enseñanza es superficial y manipulada. Se enseñan hechos, se relatan los hechos aislados y, encima, se hace un mal relato.

En el caso de la historia del «problema de Belice», se enseña a los niños y jóvenes que ese territorio fue arrebatado a Guatemala por los británicos: «Belice es nuestro». Ni siquiera se enseña, desde una limitada visión de la historia como sucesión de hechos, que Belice fue pasando a la égida del colonialismo inglés por acuerdos entre las potencias imperialistas de esa época. Así, el tratado que se conoce como Paz de París de 1763 que puso fin a la guerra de los siete años entre Francia y España contra Inglaterra y Portugal, la corona española se comprometió a permitir a los ingleses cortar palo de tinte en parte de lo que hoy es territorio beliceño, pero sin definir un área específica.

20 años después, en el contexto del Tratado de Versalles de septiembre de 1783, por medio del cual se puso fin a la guerra entre Francia y España contra Inglaterra con motivo de la independencia de Estados Unidos, se cedió a los ingleses en usufructo el territorio del río Hondo al río Belice, exclusivamente para cortar palo de tinte, pero se reconocía la soberanía española. En 1786, el territorio en usufructo se amplió desde el río Hondo al río Sibún. Sin embargo, Inglaterra se expandió hacia el sur hasta ocupar todo el territorio de lo que hoy es Belice.

Es decir, el «problema de Belice» inició en el contexto de la lucha entre las potencias imperialistas de ese momento, que protagonizaron sucesivas guerras entre ellas para extender y consolidar sus dominios, y extraer los recursos de los territorios colonizados. Un expansionismo colonial apoyado y «bendecido» por la Iglesia católica que, mediante bulas papales, repartió los territorios descubiertos y por descubrir en América y África entre españoles y portugueses. No se debe perder de vista que la expansión colonial en África, Asia y América fue vital en el proceso conocido como acumulación originaria de capital y la posterior explosión del capitalismo industrial.

En los años en que se firmaron los tratados de París y de Versalles, comenzaban las guerras de independencia en el continente americano. La de Estados Unidos fue la primera. La excepción fue la independencia de Centroamérica, que se logró por un pacto entre los criollos y los funcionarios de la Corona española en la Capitanía General de Guatemala.

Muchos de los problemas surgidos en el marco del colonialismo fueron heredados por las nacientes repúblicas. Así, el «problema de Belice» lo heredó Guatemala cuando se deshizo la Federación Centroamericana. En 1859, mediante el Tratado anglo-guatemalteco, Guatemala reconoció a Belice como colonia británica, en el territorio delimitado en 1786, a cambio de la construcción de una carretera que nunca se realizó. La disputa entre Guatemala e Inglaterra comenzó con la incursión de un tercero interesado en convertir a América Latina en su traspatio: Estados Unidos. Como se sabe, Belice logró su independencia de Inglaterra en 1981 y fue reconocido en 1991 por el Gobierno de Serrano Elías, pero manteniendo el reclamo sobre el territorio no incluido en el tratado de 1786, al sur del río Sibún.

Sin embargo, hay cosas que no se cuentan en este relato. En realidad, España nunca colonizó el territorio beliceño. Su «soberanía» sobre el mismo se ampara en las bulas papales y en el Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual España y Portugal se repartieron los territorios «descubiertos» y por descubrir. Y Guatemala, nunca tuvo la «soberanía» sobre ninguna parte de ese territorio que Inglaterra se fue apropiando y colonizando poco a poco.

El «problema de Belice» ha sido, históricamente, manipulado y utilizado por la oligarquía, los regímenes y gobiernos de turno como un distractor para desviar la atención de los problemas del país. Recordemos la incursión de Ydígoras Fuentes en abril de 1958, o la amenaza de Romeo Lucas García en 1975, entonces ministro de la Defensa de Kjell Laugerud, de «tomar» Belice.

A diferencia de otros reclamos, como el de Bolivia a Chile, Guatemala reclama un territorio que España no llegó a colonizar, y sobre el cual Guatemala nunca ha tenido un ápice de soberanía.

Stricto sensu, el reclamo territorial, insular y marítimo que por acuerdo entre ambos países se llevará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es un distractor en un momento en que la crisis política no se resuelve y el presidente, diputados y varios funcionarios, entre ellos Arzú, son investigados por varios delitos.

Insistir en ese reclamo solo puede entenderse por los intereses económicos de la burguesía y la oligarquía guatemaltecas en un territorio rico en bienes naturales. Es más, se sabe que se han negociado concesiones de exploración petrolera si, eventualmente, Guatemala recupera algún territorio.

Pero pensar que pueda recuperarlo es una ingenuidad flagrante. Suponiendo que en el país gana el SÍ, con toda seguridad en Belice, si la consulta se realiza, ganará el NO. El peso de Inglaterra y de la Commonwealth inglesa en la CIJ es aplastante para Guatemala.

Por todo ello, esta consulta popular es un desperdicio de recursos (Q 300 millones) y un engaño. Los guatemaltecos no debemos dejarnos arrastrar por los intereses de una minoría.

En todo caso, ¿por qué no se pregunta a las comunidades que habitan esos territorios de qué país quieren ser «ciudadanos», o si no quieren ser ni de Belice ni de Guatemala, sino ser independientes de ambos? Sería lo más justo.

Imagen principal proporcionada por Nery R. Villatoro Robledo.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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