Carlos Figueroa Ibarra | Política y sociedad / LA TRAVESÍA DEL SALMÓN

En el momento en que escribo estas líneas, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» y el asesinato de nueve personas más. En el cuarto aniversario del hecho oprobioso, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos en el Museo Memoria y Tolerancia que preserva la memoria de genocidios y crímenes de lesa humanidad ocurridos en México y en diversas partes del mundo. Los acuerdos allí logrados llenan de esperanza a los padres de los muchachos desaparecidos: Comisión de la Verdad, un decreto presidencial con un compromiso de no parar hasta que la verdad sea expuesta y una comisión integrada por la ONU y el GIEI. En estos cuatro años, el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto construyó una «verdad histórica» que fue demolida con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) y por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Esa verdad oficial también ha sido severamente cuestionada por el libro de la periodista Anabel Hernández (La verdadera noche de Iguala, 2016) en el que sostiene que además de las autoridades municipales de Iguala, estuvieron implicados elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano en la desaparición de los jóvenes. Las conclusiones de los dos referidos organismos pusieron en severas dudas que un incendio haya ocurrido en el basurero de Cocula, lugar en el que supuestamente habrían sido incinerados los jóvenes desaparecidos. El resultado de todo ello fue el enojo gubernamental y el GIEI fue diplomáticamente invitado a salir cuando su mandato terminó en abril de 2016. En pocas palabras, es evidente que el nuevo Gobierno que asumirá el 1 de diciembre de 2018, tendrá una actitud totalmente distinta para con el dolor de los padres de los muchachos desaparecidos.

El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) finalizará con el imperecedero estigma, no solamente de la desaparición de los normalistas, sino también el de haber construido una «verdad histórica» que busca encubrir a los verdaderos autores de la infamia de Ayotzinapa. Un Tribunal Colegiado asentado en el estado de Tamaulipas ha resuelto que no existe ningún impedimento legal para que se instaure una Comisión de la Verdad que investigue el caso. Y es promesa de campaña del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para que tal Comisión de la Verdad comience sus funciones durante el próximo gobierno. La Comisión de la Verdad que el Tribunal recomendó ha sido atacada por el Gobierno actual: son 200 las controversias que se han presentado. Es esperanzador también que Alejandro Encinas, el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación haya declarado que están en conversaciones con la GIEI para que regrese a México y colabore con la Comisión de la Verdad.

La infamia de Ayotzinapa no solamente fue una evidencia de la colusión del crimen organizado con el Estado mexicano. Fue también evidencia de cómo dicho Estado está podrido al grado de encubrir con una espuria investigación y una falsa «verdad histórica» a los verdaderos autores materiales e intelectuales del crimen. La infamia perpetrada con los normalistas de Ayotzinapa, lacera a México entero. Es una deuda histórica de gran calado. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador comienza una cuarta época en la vida política de México. Y uno de los síntomas de que esa cuarta transformación será una realidad, es que la verdad sobre la suerte y victimarios de los normalistas de Ayotzinapa finalmente sea develada.

Carlos Figueroa Ibarra

Sociólogo. Profesor investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Actualmente secretario nacional de Derechos Humanos, Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

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