Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

Si recordamos la crisis política de 2015, es posible identificar un «parteaguas» que terminó por abortar aquellas movilizaciones. En efecto, a finales de septiembre de dicho año, tras la renuncia de Otto Pérez y de su gobierno, los grupos más avanzados de ciudadanos y ciudadanas, plantearon la máxima que pudo haber permitido la continuación del movimiento: «en estas condiciones, no queremos elecciones». Sin embargo, la timidez, la desconfianza, el cortoplacismo y el miedo, llevaron a la mayoría a retirarse de las plazas y a no «jugarse a fondo». Dentro de tal contexto, las elecciones de 2015 produjeron la derrota de los partidos de la «vieja política» (Líder, Patriota, UNE entre otros), pero significaron también el triunfo de Jimmy Morales y de un Congreso «ajustado con parches». Por su parte, el 2016 fue el año de los intentos de cambio desde la oposición en el Congreso y de la preparación de las reformas constitucionales por la Cicig, que fracasaría, por el rechazo abierto de la mayoría de diputados. En 2017, concluyó la «luna de miel» del presidente Morales y de Cicig/MP. En gran medida, como consecuencia de la investigación a su familia (hermano e hijo) y, sobre todo, por el financiamiento electoral ilícito cuando fue secretario del Partido FCN-Nación. De allí, el subsecuente espectáculo de la declaratoria de «no grato» al comisionado de la Cicig.

La decisión del presidente Morales contribuyó a la percepción, de que el país se encuentra actualmente dividido entre los que abanderan la lucha contra la corrupción (Cicig/MP, organizaciones sociales, comunidad internacional, varios medios de comunicación, algunos empresarios y ciertos comités proformación de partidos políticos, entre otros) y los que dicen hacerlo, aunque nadie les confía (Congreso de la República, Organismo Ejecutivo, alcaldes, organizaciones de extrema derecha); en medio, se situarían algunos jueces y magistrados, que pertenecen a uno y otro bando.

En mayo de este año, nos aproximamos a otro «parteaguas». Se trata de la elección de fiscal general por el presidente de la República. La pregunta entonces es si hemos avanzado o no, hacia una cultura de legalidad en Guatemala. Si hemos logrado la aceptación de un mundo dominado por las leyes, como ocurre en otros países; si existe una «nueva ciudadanía» en la que la desconfianza y la sospecha han cedido su lugar a la credibilidad y responsabilidad. En todo caso, parece que se trataría de un «punto en el horizonte», de una «orientación para dirigir los pasos». Todo hace pensar que seguiremos dominados por una férrea lucha entre los dos grupos anteriores que, sin lugar a duda, se mantendrá latente y, eso, en medio de una ciudadanía expectante.

Dos hechos importantes se han producido en estas últimas semanas, a manera de «ejemplos representativos»: las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, que impactaron a la mayoría de la opinión pública, por una parte, y la discusión de los diputados del Congreso sobre el financiamiento electoral ilícito, por la otra. Cada caso dibuja una síntesis de la magnitud de lo pasado y de lo que está por venir. En efecto, Monzón identifica en su narrativa a la cooptación del Estado y el saqueo; los abusos en un país empobrecido; la codicia y el narcisismo sin límites en el uso del poder; la existencia de feudos en medio de una tendencia a la centralización. Del lado de los diputados, se trata de la búsqueda por diluir la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos, trasladándola a los «contadores». Ello, para continuar con la cooptación de la política y, por ese camino, con el saqueo del Estado. En esa medida, la magnitud de lo pasado y de lo que está por venir, dependerá de cómo se salde esa lucha entre los dos grupos aludidos y sus aliados. Es por ello que la posibilidad de avance hacia una cultura de la legalidad, como indica el título de este artículo, debe verse con gran reserva.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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