Ruth del Valle Cóbar | Política y sociedad / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

Tululché es una población del municipio de Chiché, en el departamento de Quiché. No está estructurada como un pueblo tradicional, con un centro, calles, un parque y un mercado cercanos a la iglesia católica.

Durante los años de la guerra, Tululché se dividió en cuatro centros, distantes uno del otro alrededor de 45 minutos a 1 hora caminando, que eran controlados por los comisionados militares y los patrulleros de autodefensa civil (PAC).

La comunidad estaba formada por agricultores de pequeña escala, fundamentalmente para la subsistencia, que bajaban a la costa en tiempo de cosecha.

Los dueños de la finca en la que vivían estos pobladores eran Juan de Dios Aguilar y José Luis Arévalo, quienes obligaban a los campesinos a pastorearles el ganado sin pagarles nada por ello. Asimismo, obligaban a las mujeres a llevar agua a la hacienda, echar las tortillas, hacer la molienda y dar de comer a los animales (vacas y caballos). En tiempo de cosecha, las personas tenían que bajar a la costa para obtener algunos centavos.

Los años de la represión, especialmente de la tierra arrasada durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, afectaron directamente al Quiché, en donde se produjeron al menos 344 masacres, según documentó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y donde se dieron el 45.52 % de las violaciones a derechos humanos.

Los gobiernos militares también dieron poder a los comisionados militares y los patrulleros de autodefensa civil, que controlaban a la población junto al Ejército. Uno de los comisionados más violentos era Cándido Noriega Estrada y Juan Alecio Samayoa.

En Tululché se dieron torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre abril de 1982 y enero de 1983, especialmente bajo el mando de Noriega, quien dirigió al ejército hacia la comunidad, permitiendo el control absoluto.

Los militares y las PAC hacían incursiones a diferentes horas y por diferentes lugares, no usaron los patrones que emplearon en otras masacres. Sacaban a las personas de sus viviendas, separaban hombres, mujeres y niños/as. A las mujeres las violaban previo a ser torturadas y asesinadas, muchas veces a golpes, con piedras o las cachas de las armas.

Acusaban a la comunidad de ayudar a la guerrilla y obligaban a la población hacer patrulla. Las PAC se habían convertido en una función obligatoria para los hombres de 15 a 60 años, pero había patrullando niños menores a 15 años y ancianos de hasta 70 y 80 años. En Tululché también obligaron a las mujeres a hacer patrulla.

Durante el tiempo mencionado (abril 1982 a enero 1983) Cándido Noriega y Juan Alecio Samayoa llegaron consecutivamente a la comunidad a robar pertenencias, a detener personas, violar mujeres, asesinar comunitarios, concluyendo con una incursión acompañados del ejército el 15 de enero, cuando secuestraron y torturaron a varios miembros de la comunidad.

Estos hechos desestructuraron la vida comunitaria, manteniendo la zozobra durante muchos años.

Algunas mujeres se atrevieron a denunciar los hechos, especialmente porque sus familiares habían sido asesinados y ellas habían sido violadas. Sin embargo, como fue de los primeros juicios que se realizaron, el sistema de justicia guatemalteco tampoco había desarrollado mucho. En marzo de 1992 se inició el proceso judicial en contra de Cándido Noriega y se le acusó de 156 delitos (35 asesinatos, 44 secuestros, 14 violaciones, 10 robos agravados, 2 hurtos agravados, 7 incendios, 6 amenazas de muerte, 9 daños, 23 detenciones ilegales y 6 lesiones leves y allanamiento), siendo condenado en mayo de 1997, absolviéndolo de los hechos el tribunal de sentencia de Quiché.

Los recursos judiciales permitieron que en abril de 1999 se ordenara un nuevo juicio, obligando nuevamente a las víctimas a revivir los hechos por tener que declararlos. Ese segundo juicio le absolvió de algunos de los hechos, incluyendo los de violación sexual. Finalmente, en un tercer proceso a finales de 1999, Noriega fue condenado a 220 años inconmutables en prisión por 6 asesinatos y homicidios, en contraste con los 156 delitos que se le imputaron inicialmente; cabe mencionar que solo se purgan 50 porque eso establecía como pena máxima la ley en la época en que se cometieron los hechos.

En mayo de 2017 falleció Cándido Noriega después de haber purgado 15 años en prisión, porque el sistema judicial consideró que tenía «buena conducta».

Como dijo Carlos Martín Beristain: la impunidad anda suelta buscando su negocio por encima de la vida.

Fotografías tomadas de Prensa Libre.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

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