Asamblea Plurinacional y Popular: nueva razón de Estado

Mauricio José Chaulón Vélez | Política y sociedad / PENSAR CRÍTICO, SIEMPRE

Las condiciones económicas y políticas de la sociedad guatemalteca se explican históricamente en los distintos procesos de acumulación y despojo. Esas estructuras de larga duración han generado el marco jurídico legal que las garantiza, siendo las diversas constituciones las que contienen la racionalidad de derecho positivo del Estado. Junto a las prácticas en lo económico y lo político, se conforma la razón del Estado, como administradora de la razón del sistema dominante.

Quiero decir que el Estado y el sistema son pensados, y son dinamizados, por las ideas y las acciones. En Guatemala, el Estado Centauro es una categoría que propone muy acertadamente Carlos Figueroa Ibarra, porque se refiere a una forma estatal que racionaliza la violencia; por ello hace alusión a la figura del ser mitológico mitad hombre y mitad bestia, siendo el tronco y la cabeza la parte correspondiente al humano, mientras que las extremidades inferiores son las del animal no racional, que hace mover el cuerpo de una manera violenta.

El centauro es agresivo y utiliza su fuerza bestial de acuerdo a lo que le dicta su razón. Pero la usa siempre, como su recurso principal. Y nunca deja de pensarla. Eso es lo más peligroso para quienes se enfrentan a él, porque la violencia racionalizada tiene objetivos definidos, los cuales han sido diseñados para que la dominación sea más efectiva.

La ley es un instrumento social de dominación. Las sociedades más avanzadas respecto a los beneficios comunes, han logrado establecerla como consenso. Sin embargo, en regímenes y sistemas como el nuestro, las constituciones políticas aseguran que, a través de las leyes, la razón de Estado se establezca como norma y sujeción. Partamos de una pregunta concreta: ¿quiénes redactaron la Constitución Política de la República de Guatemala? Y vayamos más al fondo: ¿quiénes la pensaron?

Al verificar históricamente las respuestas, podremos ver para qué la racionalizaron, o, mejor dicho, desde qué posiciones de clase la concibieron. En su sentido, nos daremos cuenta que la Constitución Política actual pertenece al contexto neoliberal, y sigue siendo anticomunista, contrainsurgente, racista y patriarcal como estructuras de larga duración.

Si en la realidad el sistema marca ciudadanías diferenciadas, en el contenido constituyente y la dinámica de su configuración esto se asegura a través de la defensa legal que se hace sobre la propiedad privada de los medios de producción. Ninguna Constitución en Guatemala, a excepción de la de 1945 que corresponde a la década revolucionaria, ha sido democrática. Por ello es que se necesita un nuevo proceso que desmonte el conjunto de leyes actuales, porque ya han llegado a su punto más profundo de crisis. ¿Por qué? Debido a que no han sido capaces de resolver nada para el bien común, en 33 años. Pero no nos equivoquemos, porque hay que decirlo como es: no están racionalizadas para hacerlo.

Las constituciones en Guatemala han sido pactos entre élites. El significado del contrato social que Rousseau teorizó, ni siquiera tiene carácter burgués en Guatemala. El único cercano, insisto, es el de 1945, y a partir de la Constitución de 1956 la represión por ley no se ha detenido. ¿Qué hacer, entonces? Por la vía pacífica, aunque no por eso no radical, debemos generar las condiciones para que una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular se realice. Esto quiere decir que la organización es fundamental, lo que implica procesos de formación política en los cuales la conciencia de clase sea determinante.

No existe una salida más amplia y profunda que esta. Y mi opinión es que, en el contexto actual, es el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) el movimiento social histórico que mejor preparado se encuentra para que su propuesta de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular se lleve adelante y se realice. ¿Cómo hacerlo? Con organización, organización y más organización, como principio.

Lenin escribió que la revolución no se hace sino que se organiza. Esto lo saben muy bien quienes ejecutan el poder desde las clases dominantes y sus grupos aliados. Por ello es que defienden el establishment, utilizando el marco constitucional en vigencia y toda una semántica referente al mismo. La organicidad de los poderes establecidos en la dominación y la hegemonía se asegura con el sistema jurídico legal, y la Constitución opera para consolidar las diferencias de clase, que es donde se encuentra la columna vertebral de la dominación y su violencia.

Los movimientos sociales históricos deben organizarse para que la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular sea factible. Debemos hacerlo con claridad y disposición. El sistema no se desmontará solo, y no podemos permitir que la maquinaria de la partidocracia domine nuestras posibilidades. La vía para obtener una Asamblea donde el pueblo tenga la voz dirigente, es que los movimientos sociales populares no pierdan el sentido de la lucha de clases, porque también es importante que desde abajo racionalicemos nuestro proyecto político nuevo. Esto también es revolucionario.


Mauricio José Chaulón Vélez

Historiador, antropólogo social, pensador crítico, comunista de pura cepa y caminante en la cultura popular.

Pensar crítico, siempre

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