Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Mientras el trabajo de la Cicig y del MP no toca a algunos miembros de la oligarquía/burguesía, esta aceptaba entre dientes la llamada lucha anticorrupción. Algunos casos crearon mucho revuelo en grupillos que constituyen el poder fáctico que toma las decisiones fundamentales en este país, algunas veces de forma subrepticia, otras descaradamente.

En los últimos tres años, desde el estallido del caso La Línea, algunos empresarios han sido vinculados a casos de corrupción y se encuentran en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla. Pero más allá del griterío de los voceros oficiosos y de la fundación del terrorismo, interponiendo recursos en instancias como la Corte de Constitucionalidad (CC), vociferando cosas sin sentido como que la Cicig es aliada de la izquierda comunista y socialista, esos grupos fácticos no habían pasado a la acción abierta más que pedir «respeto» al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Pero la vinculación del hijo y del hermano del presidente Morales a un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad y solicitudes de antejuicio en su contra empezaron a cambiar el rumbo y condujeron a la articulación de un plan anti Cicig desde el Ejecutivo. El comisionado fue declarado no grato por el presidente, quien ordenó su expulsión del país, lo cual fue frenado por una resolución de la CC en respuesta a un recurso interpuesto por el procurador de los Derechos Humanos.

La posterior solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú por financiamiento electoral ilícito a su Partido Unionista (PU) con recursos municipales, a través de una estructura de la que formaba parte uno de los responsables del asesinato de monseñor Gerardi, Byron Lima Oliva, a quien asesinaron en prisión, fue la gota que derramó el vaso de la ira de la oligarquía/burguesía. El plan anti Cicig pasó a ser una verdadera confabulación para regresar al país a la situación previa a 2015. Nació el Pacto de Corruptos: intento de reformar varias leyes para beneficiar a quienes están involucrados o resultaran involucrados en casos de corrupción; intenso cabildeo en Estados Unidos, logrando que se reuniera la Comisión Helsinki; campaña diplomática en la ONU para lograr el cambio del comisionado Iván Velásquez; trabajo incansable para que la o el nuevo fiscal general sea ad hoc a sus intereses, resultando un sexteto en el que está el «tapado» o «tapada»; fuerte campaña mediática de desprestigio a la Cicig, al MP y a sus titulares.

Un pacto que es en esencia el restablecimiento de la alianza entre la oligarquía/burguesía, al menos un sector del Ejército y grupos del crimen organizado que pululan en FCN-Nación, con algunos de sus cabecillas formando parte de La juntita del presidente. Alianza cuya última fractura ocurrió a raíz del caso La Línea, dando origen incluso a fuertes divergencias en el seno de la primera en torno a apoyar o no a Otto Pérez Molina, todavía al frente del Ejecutivo; y que también experimentó, entre otras, aquella fractura por la persecución a la Red Moreno y al Grupo Salvavidas, durante la presidencia de Álvaro Arzú.

Fue precisamente el expresidente y alcalde capitalino, muerto repentinamente el viernes pasado, el artífice del restablecimiento de esa alianza. Hubo varios signos: las maniobras en el Congreso para reformar leyes con el propósito ya mencionado; el discurso que pronunció contra el comisionado Velásquez, la Cicig y la fiscal general, luego de la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el financiamiento ilícito al PU; la elección, por abrumadora mayoría, de su hijo Álvaro Arzú Escobar como presidente del Legislativo, quien en su discurso de toma de posesión dejó claros sus objetivos.

El objetivo de ese pacto es detener a la Cicig, sea como sea. Mucha información se dio a conocer en los días previos a la muerte del alcalde en relación a esa confabulación. Según esto, al develarse el financiamiento ilícito a FCN, el presidente Morales tomó la decisión de denunciar unilateralmente el convenio de creación y establecimiento de la Cicig, expulsar al comisionado y a todo el equipo de la Comisión; pero la embajada estadounidense lo habría impedido. Posteriormente, se denunció la intención de decretar un estado de sitio aprovechando el descanso largo por el Día Internacional del Trabajo; el Consejo Nacional de Seguridad emitiría una resolución afirmando que la Cicig atenta contra la seguridad nacional y, con ese argumento, expulsar al comisionado y a la Comisión.

Si eso iba a ocurrir, la muerte del alcalde dio al traste con esos planes. Qué acontecimientos se den a partir de ahora, es imposible preverlo. Una de las pocas certezas en este país, con una crisis política como la que se arrastra desde el 2015, es la incerteza. Algo que con toda seguridad veremos, que puede estar ya en marcha, es un nuevo reacomodo de las fuerzas que con todo tipo de armas se resisten al cambio, más aún a cambios profundos y radicales.

Sin duda, el Pacto de Corruptos ha perdido a su principal articulador, que mantuvo un discurso beligerante contra la Cicig y la intervención extranjera (quién lo diría); que se dio el lujo de plantar cara a la embajada estadounidense, montado en su complejo de conquistador con derecho a hacer negocios y manejar con opacidad los recursos públicos, a tener una estructura de inteligencia y vigilancia para su protección, a perpetrarse en la Municipalidad y dirigirla despóticamente y con soberbia.

La crisis política aún no está resuelta, está lejos de resolverse y se agudizaría si los pactistas deciden dar aquel paso. Las elecciones de 2015 únicamente lograron esconderla momentáneamente. Lo dije en ese entonces: esas elecciones garantizaban la continuidad del sistema; y agrego hoy: a costa de mantener la crisis e inestabilidad política porque solo cambiaron los rostros, pero se mantienen las estructuras de poder para las que la corrupción es un mecanismo de acumulación de capital. Por eso, en el 2015 la exigencia de muchos fue buscar una salida que atacara la crisis desde su raíz. El «empresariado organizado» y la embajada de Estados Unidos cerraron filas para «garantizar la institucionalidad» y celebrar las elecciones; de ahí salieron el Ejecutivo y el Legislativo donde hoy se encuentran los principales «actores» del Pacto de Corruptos dirigido desde el Palacio de la Loba. La muerte de Arzú cambia en algo las cosas, pero no debe llevar a pensar que los grupos de poder fáctico van a cruzarse de brazos ahora que uno de los símbolos de la oligarquía ha muerto.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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