Carlos Juárez | Política y sociedad / CLANDESTINO Y ARTESANAL

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público –MP– ha sorprendido a Guatemala, ahora con la captura de altos mandos del Ministerio de Gobernación señalados de ejecuciones extrajudiciales y tortura durante 2004 y 2007.

A estas alturas, la noticia es ampliamente conocida, los debates al respecto provocan fuego digital cruzado en redes sociales, todas las expresiones son respetables con excepción de las que ofenden a las personas.

Estos momentos nos ponen a prueba como sociedad, situaciones como esta y las opiniones que se generan en el colectivo social son el reflejo de lo que somos.

El caso es que secuestradores, que habían transgredido por segunda vez el sistema de justicia al fugarse, fueron supuestamente ejecutados extrajudicialmente por altos mandos del Sistema Nacional de Seguridad, principalmente de la Policía Nacional Civil.

Acá es necesario empezar por las causas generadoras. El delito de secuestro, como muchos más, es totalmente repudiable, una práctica que desprecia la vida en todas sus formas, un delito pluriofensivo que transgrede no solo los derechos de la víctima, sino de los familiares que se mantienen en incertidumbre al no contar sus seres queridos con ellos.

Nadie, ni en su condición más filantrópica, puede siquiera imaginar lo que se vive en esas circunstancias. Las familias que lo han sufrido tienen el derecho de manifestar su repudio contra los victimarios, y eso no tiene nada que ver con la justicia, está motivado en gran parte por la venganza como respuesta inmediata ante tal situación.

De las miles de guatemaltecas y guatemaltecos de a pie, que al menos una vez han sido víctimas de un robo, la gran mayoría sienten como reacción inmediata la necesidad de venganza, eso es naturaleza humana, no hay que darle vueltas. Todas las personas lo hemos sentido en un momento y no es nada malo, es, en todo caso, parte de la asimilación de un hecho delictivo cometido en contra de cualquiera.

Las personas ejecutadas extrajudicialmente habían sido encontradas culpables de secuestro, eran reos reincidentes y eso tampoco hay que negarlo.

Por otro lado, el rol del Estado es garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y el desarrollo integral de los ciudadanos. Para lograr ese fin, se estructura en órganos encargados de proveer de esos elementos a todas y todos.

Acá también es necesario hacer la reflexión sobre la seguridad. Esta no se refiere únicamente a la seguridad ciudadana, que es la que protegió relativamente el Estado al investigar, detener, juzgar y encarcelar a esos secuestradores.

También se refiere a la seguridad jurídica, esa que nos dota de certeza que en ningún momento las guatemaltecas y guatemaltecos serán víctimas de abuso de poder. Esa comprende hechos tan simples como un trámite administrativo cualquiera, hasta la detención de una persona sospechosa de delinquir, y estas deben realizarse en pleno respeto a las garantías que la ley otorga a cada quien. Esa seguridad es la que nos permite limitar y frenar el poder público frente a un ciudadano común y corriente. Esa es, en efecto, la que perfecciona el contrato social que adquirimos con el Estado.

Bajo esos preceptos legales y sobre todo humanos, debe considerarse un abuso el supuesto actuar de los exfuncionarios del Estado. Digo supuesto porque el Ministerio Público se encuentra garantizando un debido proceso a los sindicados, el cual, al parecer, ellos nunca garantizaron a sus víctimas.

Los derechos humanos entran de nuevo con rol protagónico a la escena política y jurídica. Ese enorme bagaje de discursos provocados por sus enemigos empiezan a hacer presencia por igual.

«¿Por qué respetarlos si ellos no respetaron la vida de sus víctimas?», para citar solamente uno entre tantos.

Acá otra breve reflexión. El hecho de que hayan sido delincuentes –reincidentes por cierto– no implica que el Estado tenga el derecho de convertirse en criminal, bajo ninguna circunstancia este debe equipararse a la delincuencia. Caer en estas prácticas es fallar en sus cometidos, esto porque el deber estatal es garantizar la vida de cualquier guatemalteca y guatemalteco no importando su situación jurídica, pues un criminal por el hecho de serlo no renuncia a su condición de ser humano. Y a toda persona que esté bajo el resguardo del Estado debe respetársele su derecho a la vida.

No obstante, para muchos, las ejecuciones extrajudiciales o la limpieza social representan las vías para que el Estado garantice seguridad. Según ellos, solamente convirtiendo en criminal a la autoridad se pueden lograr resultados.

Se les olvida que dar esa aceptación a ese tipo de actos es renunciar al Estado de derecho, es entregar poder absoluto e ilimitado al Gobierno, incluso el de decidir quién es digno de vivir y quién no. Se renuncia al Estado de derecho porque eso significa no creer en las leyes, quizá sea mejor vivir cada quien bajo las que mejor le parezcan, haciendo justicia cuando lo considere cada quien. En fin, vivir en una anarquía en la que en cada cabeza existe un concepto de justicia, y con base en ese concepto se elimina a quien no nos parece. Eso precisamente es lo único que lograrán las teorías anti derechos humanos, anarquía y abusos continuos por parte de los encargados de nuestra seguridad.

Increíble resulta además que se condenan las formas indígenas de administración de justicia, se dice que se extralimitan y no son compatibles con el sistema occidental que rige el ordenamiento jurídico. Pero, por el otro lado, se tolera, justifica e incluso premia a quienes, pasando sobre el debido proceso, en un sistema mucho más «civilizado» torturan y ejecutan a quienes han transgredido la ley.

Evidenciar a quienes ostentan el poder por realizar estos crímenes nos fortalece como sociedad, asegura que las autoridades actúen con plena observancia de la ley para todas y todos. Eso son los derechos humanos, exigencias de respeto para las guatemaltecas y los guatemaltecos sin importar condición social o étnica. Ojalá los debates sobre estos temas sigan avanzando, que los interlocutores aborden estos temas con madurez y no con el hígado, Guatemala necesita de estos diálogos y no de la criminalización de la labor fiscalizadora que el Ministerio Publico ha realizado con este caso.

Por último, y como cápsula de memoria histórica, no olvidemos a ese grupo del sector económico que ha salido a clamar por el debido proceso para genocidas, mafiosos y violadores de derechos humanos. Con todas sus formas y elegancias de las que se jactan, han proyectado un discurso poco refinado cuando estos casos se asoman.

Ya los hemos visto gritando ¡Sí a la vida!, ¡No somos genocidas! y ¡Resuelvan ya! Cómo estarán las cosas que son ellos los que ahora manifiestan. Vergüenza para la crema y nata.

Carlos Juárez

Estudiante de leyes, aprendiz de ciudadano, enamorado de Guatemala y los derechos humanos, fanático del diálogo que busca la memoria de un país con amnesia.

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