-Ana María Morales Chacón | PUERTAS ABIERTAS–

El primer año de gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (CAQ), ha transcurrido por diversas fases, lo cual lo hace meritorio de analizar y comprender. Si bien es cierto su elección reflejó un apoyo mayoritario e incuestionable a favor de su candidatura, también es cierto que dicha elección condicionó, en parte, el futuro de la administración CAQ. La coyuntura electoral creó las condiciones necesarias para que CAQ se posicionara como el candidato opuesto al candidato evangélico (Fabricio Alvarado) del Partido Restauración Nacional. Esta situación conllevó a que CAQ no solo formalizara alianzas con diversas figuras de otros partidos políticos, sino que, además, muchos de sus votos fueran recibidos como protesta contra el candidato evangélico y no precisamente por ser seguidores del entonces candidato.

Es esperable que un gobierno surgido a partir de una coyuntura crítica, como fueron las elecciones de abril de 2018, tenga serias complicaciones al momento de gobernar e impulsar su plan de gobierno original. De ahí, que, a un año de haber asumido las riendas del país, se visualizan ciertos elementos que en su mayoría reflejan inconsistencias que pudiesen llegar a ser más graves de lo que hoy en día lo son. En ese sentido, y aunque el gobierno cosechó un primer gran triunfo al aprobar una reforma fiscal a finales de 2018, este parece perder rumbo y objetivos claros con respecto a los tres años que restan. Así mismo, se vislumbran indicios de un posible debilitamiento al interior del gobierno, autodenominado el «Gobierno de Unidad Nacional».

Ahora bien, es pertinente subrayar el principal acuerdo político institucional logrado por el gobierno en su primer año. La reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ley N.20580), aprobada a inicios de diciembre 2018, no solo significó un gane para el gobierno, sino que, además, implicó una confrontación social entre diversos grupos de la sociedad civil y la misma administración CAQ. Por varios meses, diversos sindicatos se mantuvieron en huelga, realizaron movilizaciones en la capital, San José, así como en diversas regiones rurales del país. Estos grupos exigían un nuevo proyecto fiscal que pudiese atacar el déficit fiscal (de un 6.2 % del PIB), pero que no recargara en los sectores menos favorecidos la mayor parte del peso de los nuevos impuestos creados.

Aunque hubo un debate intenso en torno a la idoneidad o no del proyecto fiscal presentado por el gobierno, y cada quien tendrá su opinión sobre el carácter regresivo o progresivo de dicha reforma, lo cierto es que el gobierno demostró poca disposición al diálogo y a ceder en aquellos puntos dentro de la reforma que más afectaban a una gran parte de la población. En ese sentido, la creación del impuesto al valor agregado (IVA) al 13 % y la aplicación de este a los productos de la canasta básica (al 1 %), son reformas altamente regresivas, cuyo efecto o carga es mayor en aquellos con menor poder adquisitivo. No obstante, el gobierno decidió seguir adelante con la reforma, no realizó mayores cambios a su propuesta original y aprobó la ley junto con los votos del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Esta situación, que implicó el primer triunfo para el gobierno, también permite observar que se trató de una reforma impuesta, sin la participación de importantes sectores de la sociedad, y con fuertes críticas debido a sus notables aspectos de carácter regresivo. No obstante, a partir de ella cabría preguntarse, ¿qué sigue ahora para el gobierno de CAQ? Ante un escenario económico caracterizado por un alto desempleo (del IV trimestre de 2017 al IV trimestre de 2018 el desempleo aumentó en un 2,6 % hasta alcanzar un 12 %), una alta informalidad en el empleo (cercana a un 45 %), unas tasas de interés presionadas hacia el alza, resulta llamativa la poca claridad del gobierno para ejecutar medidas con respecto a la reactivación económica. De ahí que hay una completa parálisis para planificar y ejecutar medidas sociales y económicas, más allá que la reducción del gasto público.

Precisamente, pareciera que el gobierno ha querido solucionar muchos de los problemas a partir de la reducción del gasto público. Un enfoque de gobierno que pareciera estar influenciado por una buena cantidad de figuras pertenecientes al PUSC y el PLN que CAQ nombró en distintos puestos de relevancia dentro del Gobierno. Figuras del PUSC como el excandidato presidencial (Rodolfo Piza) y actual ministro de la Presidencia, que parecen tener los días contados en el Gobierno una vez que estos han cumplido con la aprobación de diversas medidas en cuanto a la política económica. De esta forma, parece ser que el gobierno de Unidad Nacional se deshace, aunque no se observa con tanta claridad que el enfoque ideológico neoliberal que ha guiado a este gobierno se debilite si se considera la reciente alianza para la elección del Directorio Legislativo entre el PLN y el partido oficialista.

Por ende, y aunque el gobierno de CAQ ha cumplido rápidamente con una de sus principales propuestas de campaña (reforma fiscal), también valdría la pena preguntarse, ¿hasta qué punto dicha reforma fue solo un parche para ocultar problemas estructurales del propio modelo de desarrollo impulsado en el país desde hace varias décadas? Así mismo, se debería alertar sobre la falta de metas concretas y ejes temáticos estratégicos priorizados por el gobierno. Quedan muchas dudas acerca del trato que el gobierno ha dado a temas relacionados con derechos humanos, sobre todo, lo relacionado a la aprobación de la norma técnica con respecto al aborto terapéutico (norma que el presidente se ha negado a firmar). Dudas también sobre el manejo de la política exterior y la pésima conducción de la anterior canciller Epsy Campbell. Y por supuesto, dudas enormes respecto del diálogo social y la promoción de políticas estructurales en materia social y económica.

Fotografía principal de la huelga contra la reforma fiscal, por Katya Alvarado, tomada de Semanario Universidad.

Ana María Morales Chacón

Máster en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Actualmente estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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