-Jorge Mario Salazar M. / PALIMPSESTO–

Una de las definiciones de diccionario sobre la palabra amnistía reza: “perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos.” Esta no podría ser aplicada en Guatemala a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato de civiles, violencia y esclavitud sexual y genocidio. Si bien los Acuerdos de Paz firmados en 1996 protegieron a los y las combatientes de ambos bandos con una amnistía colectiva, no se contempló el sistema penal que es personal, y esa es la vía por la que se han presentado cientos de demandas que son los casos que ocupan al Ministerio Público, a los juzgados y a todos los órganos de fiscalización de la justicia.

En primer lugar, no pueden ser aplicadas normas de amnistía penal porque los sindicados no acuden voluntariamente a reconocer sus crímenes y porque los órganos de investigación se encuentran con el valladar de cientos de archivos que el Ejército Nacional no aporta, ya sea porque los desaparecieron los mismos organismos de represión que mantenían en la clandestinidad como el Estado Mayor Presidencial, conocido como el Archivo, la Oficinita, la Regional, o la Dirección de Telecomunicaciones, nombres clave de una estructura de conducción de la guerra sucia y el más alto mando de las operaciones contrainsurgentes durante el conflicto armado interno. O bien, porque es información que se encuentra clasificada bajo la ley de acceso a la información, por tratarse de documentos que pueden atentar contra la seguridad nacional.

En segundo lugar, dicha amnistía, que hoy pregonan los imputados como si fuera una cuestión de perdón cristiano, no puede producirse sobre el supuesto caso de que hubiesen cometido delitos. En las referencias del perdón, debe conocerse qué es lo que se perdona y a quién se perdona por ese delito. Ese fue el caso de la amnistía que se aplicó en Sudáfrica al final del apartheid, en donde el perdón partía de una declaración personal del imputado que reconocía sus delitos y crímenes, y luego pedía perdón a las víctimas, a la sociedad y se mostraba arrepentido por los actos cometidos. ¿De qué se quieren amnistiar los militares de las 7 promociones de oficiales y los PAC, si ellos no reconocen haber cometido delito alguno?

El perdón y el olvido en términos generales perdieron oportunidad. En su momento, los sentimientos de la sociedad estuvieron en sintonía con la reconciliación, hasta se habló de borrón y cuenta nueva para nuestra sociedad. No obstante, los militares involucrados en los crímenes señalados mantuvieron su postura de que en Guatemala no pasó nada. Que hubo excesos de ambas partes. Que soldado mandado no es culpado. Que era un deber defender a la patria del comunismo. Que es bueno golpear a los hijos para que aprendan a respetar y sean personas de bien. La violencia como reserva moral del Estado.

Los militares siguieron pululando entre las filas de los gobiernos de cualquier partido impartiendo órdenes para la coima, protegiendo a los corruptos, corrompiendo las instituciones, controlando las aduanas y puertos. Controlando los juzgados y las policías y fomentando los negocios sucios, la venta de los bienes nacionales, desarrollando estructuras legales para la aplicación del litigio malicioso, profesionalizando a su personal para volver a tomar el control del Estado. Nunca creyeron que en el Organismo Judicial se pudieran llevar a juicio a personajes como Ríos Montt, Mejía Víctores, Benedicto Lucas y otros altos mandos. Cuando la justicia comenzó a aplicarse en estos casos y comenzaron a ser sentenciados algunos de los acusados, entonces comenzó la lloradera de sus familiares, pasando por una serie de campañas mediáticas y políticas para hacer los casos de delitos contra la humanidad queden impunes en nuestro país.

Pero ya es tarde. Hoy día, con el desarrollo de la lucha a favor de la justicia y contra la impunidad, ahora que se reconocen las estratagemas que utilizan los criminales para no llegar a juicio, solo se puede esperar que hayan más militares condenados en juicio. Como personas y tratados dentro del marco de los derechos humanos, el debido proceso y con sus garantías protegidas en todo momento, aspectos que ellos violaron sistemáticamente a sus víctimas.

Después de su condena en tribunales puede venir el perdón. Será algo personal, individual, íntimo de cada quien que haya sido afectado por la cruel represión a que fueron sometidas miles de personas y comunidades. Antes de los resultados en tribunales, no pidan perdón por decreto. Los diputados que lanzan el hueso a familiares de militares con la esperanza de que sus propios crímenes por corrupción sean perdonados, solo juegan a una chance de que la amnistía también les encubra de las acusaciones que están enfrentando en los procesos de antejuicio solicitados por el Ministerio Público y buscan retrasar otro poco que la mano de la justicia los atrape.

Fotografía tomada de La Jornada Baja California.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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