Ricardo Gómez Gálvez | Política y sociedad / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA
Vale la pena hacer algunas reflexiones que contribuyan a esclarecer las opciones alternativas a las que se enfrenta el país, en estos momentos cruciales de cambio histórico, que como siempre en nuestra historia se origina en poderosos impulsos venidos de lo externo y que arrastran a Guatemala de la etapa final del conflicto armado, hacia la modernidad, sin paradas intermedias.
Para ello repasaremos algunos apuntes sobre un fenómeno que vale la pena examinar: la ausencia de una corriente política auténticamente liberal, situación que afecta por igual a México, y que explica algunas de nuestras peculiaridades comunes en materia de desarrollo político. No es un secreto que en el escenario político guatemalteco ha habido de todo, menos auténticos liberales.
Proponemos para articular esta hipótesis que, como parte del proceso de formación del Estado guatemalteco moderno, se perfilan dos modelos políticos resultantes de las diferentes constituciones vigentes, desde 1945 a 1985 (cuatro en total: la de 1945, la de 1956, la de 1965 y la de 1985), las cuales oscilan entre dos paradigmas opuestos: el modelo político que pretende construir la cohesión político social a partir del consenso y la participación (1945-1985) y otro modelo que la pretende a través de la coerción (1956-1965)
Esta dicotomía tiene su origen en la Constitución de 1879 que estructura el Estado guatemalteco contemporáneo con este rasgo particular de ausencia de verdadero liberalismo, inaugurando el segundo de los modelos mencionados: el coercitivo, que procura la cohabitación de dos facetas históricas contradictorias del llamado liberalismo guatemalteco que nos afecta hasta nuestros días: una jurídica formal, plasmada en los textos constitucionales, inspirados en el auténtico liberalismo democrático representativo; y otra real y efectiva, como forma de ejercicio del poder, derivada del desarrollo de la historia nacional, como la cultura colonial autoritaria, la persistencia de las repúblicas indígena y ladina que produce un Estado excluyente y la propensión de la élites a mantener la hegemonía del poder político mediante las tiranías violentas y opresivas, o como ahora mismo, en esta larga e inacabada experiencia democratizadora iniciada en 1985, cuando se han socavado los fundamentos constitucionales, imponiendo sus intereses bajo la forma de un Estado paralelo, que hace crisis.
El principal desafío lo constituía vencer esta tendencia centrífuga del Estado guatemalteco, situación que ya se había materializado en dos intentos secesionistas por parte del Estado de los Altos en 1838 y 1848, y que había sido enfrentada por igual por liberales y conservadores.
Es así que se articula el modelo estatal que sobrevivirá hasta la Revolución de Octubre de 1944, mediante un sistema electoral estamentario, excluyente y racista, que apenas se modifica hasta entonces. El voto de las mujeres y el voto del analfabeto son conquistas de la Revolución de Octubre.
Destaca el papel meramente formalista y legalizador que tienen los procesos electorales entre 1879 y 1944. Con contadas excepciones, las elecciones a lo largo de ese período, las constituían meros plebiscitos para legalizar la permanencia de los tiranos en el poder.
La instauración de la democracia a raíz de la Revolución de Octubre de 1944, opta en primera instancia por desplazar el modelo coercitivo derivado de la Constitución del 1879 y de las leyes violatorias de los derechos humanos (Habilitaciones, Ley de Jornaleros: trabajo forzado semiesclavista), por un modelo que procura la búsqueda del consenso social y la unidad nacional por la vía del respeto a los derechos humanos, de los pueblos indígenas y la promoción del pluralismo político, todo esto inspirado en el ideario de la Carta del Atlántico.
Este intento se ve frustrado por la interrupción violenta del proceso democrático en 1954, cayendo el país en un enfrentamiento político interno, producido por la intervención externa, por la Guerra Fría y por el retorno de los sectores terratenientes oligárquicos al poder, en una suerte de restauración conservadora.
Esa situación se mantiene con pocas variantes hasta el 23 de marzo de 1982, ya que las constituciones de 1956 y de 1965, y sus modelos políticos derivados, suscriben el reduccionismo anticomunista conservador, producto de la contrarrevolución de 1954.
En lo tocante a la participación política, se produce también, desde 1954, una regresión basada en el concepto de democracia anticomunista, restringida políticamente a los sectores sociales que le son afines y finalmente a partir de 1965, tutelada en forma directa por el Ejército.
Las leyes electorales vigentes durante ese largo período colocan los eventos electorales bajo el control directo del poder ejecutivo, limitando y restringiendo la inscripción de los partidos políticos y poniéndole doble seguro a los resultados electorales de las elecciones presidenciales, a través de la llamada elección de segundo grado atribuida al Congreso de la República, cuando no se alcanzara en los comicios populares la mayoría absoluta de votos.
Después de las elecciones libres y puras de 1944 y 1950, la historia electoral de Guatemala, desde 1955 hasta 1982, es una larga lista de fraudes, descarados y sofisticados; de incendio de boletas, urnas y edificios electorales; de acarreo de votantes en camiones para trasportar ganado y de urnas electorales transubstanciadas en transportes militares. En suma, el esfuerzo por legalizar de cualquier modo el ejercicio del poder por parte del bloque dominante.
Puede asumirse pues, en estas primeras consideraciones, que este largo período de imposiciones y atropellos a la población, ávida de reeditar los procesos libres del 44 y el 50, materializó la olla de presión, que explotó el 13 de noviembre de 1960, dando inicio al largo y costoso conflicto armado ocurrido en la segunda mitad del siglo XX.
Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.
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