-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

El balance en el Congreso es emblemático: 90 votos a favor del Pacto de Corruptos, 55 en contra.

Una mayoría simple parlamentaria que responde por un lado a los intereses de supervivencia de la mayoría de diputados que están siendo perseguidos penalmente por corrupción y por lo que se ha denominado como «la vieja política». Por otro, el más descarado y burdo afán de enriquecimiento ilícito de unas decenas de diputados que están recibiendo sobornos como contratos sobrevaluados de obra pública y plazas de trabajo en ministerios como los de desarrollo social y cultura y deportes.

Los 55 diputados y diputadas que votaron en contra son quienes constituyen una suerte de reserva moral en el Legislativo, más un grupo de arrepentidos por haber votado el 13 de septiembre de 2017 a favor de las tristemente célebres reformas al Código Penal, inclusive algunos acusados de financiamiento electoral ilícito. Pero ni siquiera esta suma de quienes se mantienen limpios y de los arrepentidos del Congreso alcanza para contrarrestar el poder que hoy detenta el Pacto de Corruptos.

Nos tiene que quedar pero bien claro que los caciques de la impunidad con estandartes como el alcalde capitalino y el presidente de la República, los militares corruptos, el poder del soborno, las plazas fantasma y el tráfico de influencias son quienes controlan con descaro creciente la institucionalidad principal de los tres poderes del Estado. Las acciones recientes en Washington D. C. y Nueva York de la canciller guatemalteca no dejan lugar a dudas de que el Ministerio Público (MP) conducido por la fiscal Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) conducida por el comisionado Velásquez, son los últimos bastiones del esfuerzo en contra de la corrupción y la impunidad, y que justamente por ello, son el blanco principal.

Sin embargo, es imperativo no caer en el error que esta es una batalla entre el Pacto de Corruptos y el MP de Aldana y la Cicig de Velásquez. Si ese fuese el caso, solo es cuestión de tiempo para que el Pacto de Corruptos gane, que no quepa duda y ellos lo saben. No, este es un conflicto entre el Pacto de Corruptos con los y las ciudadanas que queremos una Guatemala limpia de corrupción, que nos indigna el estado actual de las cosas, que nos molesta la forma en que se reeligió la Junta Directiva del Congreso y queremos que cese la pesadilla criminal de la impunidad. Y que es por estas motivaciones, por demás legítimas, que apoyamos al MP de Aldana y a la Cicig de Velásquez. Quizá esta sea una descripción acertada de lo que hemos llamado La Plaza.

Sin duda La Plaza es el estamento político y social más poderoso de Guatemala, al que temen temblando los del Pacto de Corruptos. Pero como ocurre con cualquier cuota de poder, es efectiva solo si se le ejerce. Por ello, para el Pacto de Corruptos una ciudadanía, una Plaza callada, es aliciente y motivación enormes para redoblar sus esfuerzos, porque se enfrentan a un MP y a una Cicig abandonados a su suerte, vulnerables a los vaivenes de la politiquería legalista del Congreso, y a los laberintos de la diplomacia.

Tal como quedó demostrado el jueves de la semana pasada con la reelección de la Junta Directiva del Congreso, sin una Plaza activa, la lucha contra la corrupción y la impunidad será derrotada en Guatemala.

Si un desenlace tan fatal llegase a producirse, por favor, no nos vayamos a quejar y a lamentar. La responsabilidad no será del MP ni de la Cicig, porque habrá sido enteramente nuestra, de una Plaza apática.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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