-Mirna Ramírez Pérez / HETAIRAS–

La Declaración del Año Interamericano de las Mujeres “Mujeres y poder: por un mundo con igualdad” (CIM/ DEC. 10 (XXXV-O/10) de la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres -CIM- manifestó su compromiso de promover las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres.

Bolivia promulgó, el 18 de mayo de 2012, la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, la cual es referencia obligada para el resto de países latinoamericanos que están impulsando acciones para lograr una ley similar. Argentina, El Salvador y México han incorporado a sus legislaciones cambios que protegen a las mujeres de la violencia política. Mujeres que forman parte de partidos políticos, organizaciones de mujeres que abanderan la defensa de los derechos civiles y políticos, organismos internacionales que dan acompañamiento a estas acciones se han empeñado en cambiar las formas tradicionales de hacer política, y esto pasa precisamente por exigirle a los Estados adoptar mecanismos para disminuir las brechas históricas de desigualdad entre hombres y mujeres en los diferentes espacios de participación política.

En Guatemala se está promoviendo una ley similar a la promulgada por Bolivia, que garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, que el Estado genere las condiciones, oportunidades y medios que contribuyan a la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, y que la paridad y alternabilidad en la representación política sea al fin uno de los derechos reconocidos para las mujeres y para los pueblos.

Y la pregunta obligada, creo, es ¿por qué es necesario que se promulgue una ley que garantice que las mujeres que se postulan a cargos de elección popular y que los ejercen, así como las mujeres que por designación de las autoridades de turno o por carrera administrativa (esto es lo último que se toma en cuenta) no sean blanco de la violencia política?

La violencia política es la manifestación del ejercicio de poder de quienes lo detentan hacia quienes, en el libre ejercicio de sus derechos, desean y promueven acciones para alcanzar ese poder. Cuando de mujeres se trata, la violencia política se manifiesta en formas grotescas, a veces inimaginables. Ellas deben enfrentar múltiples obstáculos económicos, sociales y culturales, además de la discriminación, el racismo y la exclusión.

Podemos citar casos, uno de ellos en el parlamento guatemalteco y reciente. La diputada de uno de los partidos de izquierda, lesbiana y feminista, presentó en mayo de este año, una iniciativa de ley para combatir los crímenes por prejuicios (por género, orientación sexual, identidad y expresión de género, raza, etnia, idioma, religión, situación socioeconómica, enfermedad, discapacidad, estado civil u otros que impidan el libre ejercicio de un derecho legalmente establecido). Se ejerció violencia política en este caso, ya que se “archivó” por meses la iniciativa en mención, contrario al procedimiento establecido de recibir las iniciativas e inmediatamente incluirlas en la próxima sesión plenaria para conocimiento de las y los diputados.

La violencia política, en este caso, se ejerce porque una parlamentaria, lesbiana y feminista, promueve que ya no se den casos de crímenes por odio en una sociedad patriarcal, conservadora, machista y xenófoba.

La misma parlamentaria ha sufrido ataques a través de las redes sociales porque ha señalado, en las sesiones plenarias, los pactos de impunidad de la mayoría de parlamentarios que tienen señalamientos de posibles ilícitos en el ejercicio de su responsabilidad como congresistas.

Por supuesto que ser diputada lesbiana y feminista es moverle el piso al statu quo conservador de la sociedad guatemalteca. Y si a eso se le suma que está promoviendo iniciativas de ley en favor de grupos sociales en vulnerabilidad, como la comunidad LGTBI y otras que cuestionan ese estado actual, la violencia política es terrible.

Por ello, una ley que reconozca la violencia política que se ejerce contra las mujeres es necesaria y urgente en la mayoría de los países. Guatemala ha iniciado este debate, aún falta que las mujeres que promueven y trabajan en pro de los derechos de las mujeres se apropien de esta necesidad y apuntalen acciones para que el aumento de la participación política de las mujeres en los casos de representación local, nacional o regional sea abordado con madurez por toda la sociedad, principalmente por los hombres que sienten que la participación política de las mujeres les representa peligro y les provoca miedo.

Fotografía por Mirna Ramírez.

Mirna Ramírez Pérez

Mujer, feminista, defensora de los derechos de las mujeres, tomo la palabra para denunciar este sistema opresor, patriarcal, racista, discriminatorio. Le apuesto a encontrar, de a poquitos, los resquicios para destruir ese sistema y construir el que posibilite la inclusión de todas y todos.

Hetairas